El cuestionado acuerdo Procuraduría-Odebrecht; el encargo a la Cámara de Cuentas-comité de base PLD de las auditorías a las obras construidas por esa firma brasileña; el despojo al PRSC del recuadro 3 en las boletas electorales para los próximos comicios; y la continuidad de la permanente campaña de promoción y endiosamiento del presidente Danilo Medina, proyecta la idea de que para el Gobierno aquí nada ha pasado.
Como si Odebrecht y compartes no hubiesen hecho y confesado una estafa al país que entre sobornos, sobrevaluaciones y ganancias ilícitas representan un abundoso almuerzo que supera los 800 millones de dólares.
Y como si en el gobierno del presidente Medina no se tomara en cuenta la advertencia del premio nobel Milton Friedman de que no hay almuerzo gratis, que cada beneficio tiene su costo, y que no se puede obtener algo a cambio de nada.
La gran estafa Odebrecht fue confesada a Estados Unidos a Suiza, a Brasil y al mundo siendo Medina jefe de Estado y de gobierno, por lo que a través de la Procuraduría General de la República le corresponde gestionar que los comensales paguen ese almuerzo tan costoso.
Corresponde al presente gobierno, entre otras responsabilidades, perseguir todos los delitos que se relacionen con la estafa, pero de manera específica la etapa 2012-2015, de mandatos de Medina, en los que Odebrecht construyó obras por US$2,300 millones, equivalentes al 57.5% del total de los 4,000 millones de dólares contratados.
Como parte de su responsabilidad directa, a la gestión Medina le toca explicar por qué operaron en el país con toda tranquilidad, a partir del segundo semestre de 2014, las oficinas del entramado de sobornos para conseguir obras sobrevaluadas a Odebrecht.
Un documento del Tribunal Federal Supremo de Brasil revela que el motivo por el cual la empresa Odebrecht trasladó a República Dominicana el departamento de pagos de coimas o sobornos (“propinas) fue por la seguridad que le ofrecía el país a sus operaciones empresariales, vale decir, delincuenciales.
Debe explicar el Gobierno y establecer penalidades a los funcionarios que, teniendo el Gobierno tanta capacidad de escucha y vigilancia, como se revela ahora, permitieron a esa asociación de malhechores instalar aquí sus operaciones y entrar y salir del país como Pedro por su casa.
La estafa a esclarecer y castigar no es sólo de orden económico, es también ética y moral, pues como muy bien se ha interpretado, se trata de un expediente que derrama la paciencia de una sociedad que tragó callada caso tras caso de corrupción sin castigo, gracias a la permisividad e impunidad de las autoridades ante el delito.
Tan pronto reflexioné sobre el calado del rechazo que tendría el fraude Odebrecht y compartes, advertí que un primer daño colateral es que cerraba espacios a la pretensión de un grupo de altos funcionarios del Gobierno de montar otro proyecto reeleccionista.
Hoy han surgido otros obstáculos, de tal magnitud que si el presidente Medina no pagara el almuerzo del que habla su colega Friedman, sería difícil predecir en qué puede parar la cosa, caballeros.
