El mediano plazo de la economía dominicana es complejo y riesgoso. A pesar del crecimiento económico reciente, hay dos elementos que están haciendo crisis, y las formas en que se ha venido lidiando con ellos y la dilación en enfrentarlos, incrementan la posibilidad de que se resuelvan a costos elevadísimos.
La inserción internacional agotada
Uno de ellos es el modelo de inserción internacional, el cual ha dado claras muestras de agotamiento e incapacidad de vincular a la economía al entorno internacional de una manera dinámica y provechosa. Sin una vinculación de ese tipo, la capacidad de crecer a largo plazo y sobre bases sólidas no es posible. El rezago exportador, las debilidades en la calidad de una parte importante de la oferta exportable, y las características de la inversión extranjera, con una limitada vocación a impulsar el aprendizaje y a fortalecer las capacidades productivas, son una muestra de la debilidad de esas bases.
El precario desempeño exportador ha implicado una importante restricción externa. Eso significa que la economía, por sí misma, no es capaz de generar las divisas suficientes como para satisfacer la demanda y crecer con pocas limitaciones. La forma en que se ha subsanado esa situación ha sido con créditos externos e inversión extranjera. Pero ambas hay que pagarlas y, en el corto plazo, hacen que la provisión de divisas dependa en exceso de fuentes relativamente frágiles y que haya que buscarlas para cerrar esa brecha de divisas. Los bajos precios del petróleo prevalecientes desde fines de 2014 han resultado en un aliciente porque han debilitado la demanda de moneda extranjera, pero no sabemos cuánto durará. Lo que sí sabemos es que, actualmente, entre repatriación de utilidades y pago de intereses y amortización de la deuda pública externa el país está comprometiendo anualmente más de 5 mil millones de dólares. Esto es más de la mitad de las exportaciones de bienes y más de la mitad de los ingresos por turismo.
La crisis del Estado como proveedor de bienes públicos
El otro elemento que está haciendo crisis es el modelo de Estado como proveedor de bienes públicos o meritorios tales como servicios educativos en cantidad y calidad suficientes, servicios de salud, seguridad pública y justicia, o protección ambiental. Esa crisis tiene su base en la política, y en las formas en que se ha venido ejerciendo el poder, y ha reverberado en lo fiscal, contribuyendo al continuado desbalance de las cuentas públicas y al endeudamiento. Por el lado del gasto, en la medida en que el clientelismo, la corrupción y el uso discrecional de los recursos públicos son piezas clave del esfuerzo por alcanzar y mantener el poder, la posibilidad de tener un Estado que funcione para el bien público se derrumba. Esto compromete gravemente la oferta de servicios y las posibilidades que un amplísimo número de personas logre adquirir capacidades para producir riqueza y para influir sobre sus entornos. Además de contribuir a que se perpetúen las privaciones en que ellas viven, esto tiene consecuencias por el lado de los ingresos porque restringe las recaudaciones potenciales del Estado porque estas personas consumen poco y no generan suficientes ingresos gravables. Aunque el incumplimiento tributario y las exenciones juegan un rol importante en explicar la débil base tributaria, sin dudas que el factor más importante lo es simplemente la pobreza y los bajos ingresos de una enorme proporción de la población y de los negocios.
La inconformidad con la calidad y cantidad de servicios públicos es generalizada, y los avances que se han logrado en algunas áreas palidecen frente a la extensión de las limitaciones. La presión ciudadana, todavía insuficientemente efectiva, ha venido creciendo y seguramente continuará haciéndolo. Esto supondrá un agudo tensionamiento político y un desafío para un sistema político incapaz de dar respuestas efectivas.
Los riesgos de la coyuntura
Frente a esa situación de fondo, hay varios factores que amenazan con complicar aún más el escenario. El primero es que se haga más difícil y más caro endeudarse en el extranjero. Es lo que parece venir de dos cosas. Una de ellas es el aumento previsible en las tasas de interés en Estados Unidos como resultado de la normalización de su política monetaria que resulta de la gradual superación de la situación de emergencia que se vivió a raíz de la crisis financiera de 2008. La otra es la evidente dificultad y el creciente esfuerzo que tiene que hacer el Estado para pagar la deuda. Tanto, que desde hace unos pocos años está pidiendo prestado para pagar intereses. El país, de forma gradual, se está haciendo más riesgoso y los acreedores van a tomar previsiones subiendo el costo de prestarnos. Esto complica tanto las finanzas públicas, que dependen mucho de la deuda, como la oferta de divisas.
El segundo es el incremento en los precios del petróleo, el cual ya empieza a tener efectos. Nuevamente, esto tiene un doble efecto de estrangulamiento: de los recursos públicos porque, aunque aumentan las recaudaciones por impuestos sobre hidrocarburos, incrementa más lo que hay que destinar a subsidiar al sector eléctrico, y de las cuentas externas porque hay que destinar más divisas para importar la misma cantidad de combustible.
El tercero es la eventual emergencia de barreras a las exportaciones dominicanas hacia Estados Unidos como parte de un esfuerzo proteccionista en ese país. Aunque las exportaciones dominicanas se han diversificado en la última década y media, un poco más de la mitad de ellas se dirigen al mercado estadounidense. Un evento de ese tipo no sólo reduciría el flujo exportador, impactando negativamente en el empleo, la disponibilidad de divisas y la actividad económica en general, sino que ahuyentaría inversiones, tanto las que tienen vocación exportadora como otras que reaccionarían a una perspectiva económica menos favorable.
El cuarto es que pase algo similar con las exportaciones hacia Haití, afianzando o expandiendo las barreras erigidas hace más de un año. El mercado haitiano ha llegado a representar el 16% de las exportaciones totales de bienes y es bien conocido que Haití es el segundo mercado de destino. En 2015, las restricciones contribuyeron a que el valor de las exportaciones a Haití declinase en unos 400 millones de dólares (casi 30% de reducción).
El quinto es que se reduzca de forma significativa el flujo de migrantes a Estados Unidos como resultado de una política migratoria mucho más restrictiva. El amigo Roberto Álvarez ha publicado una serie de iluminadores artículos al respecto en un conocido medio digital, y llaman la atención sobre el significativo flujo de migrantes dominicanos hacia ese país y los flujos de remesas resultantes. Aunque los impactos de una intervención de este tipo son a mediano y largo plazo, no deja de ser un elemento que podría gravitar de forma significativa en la disponibilidad de divisas y el consumo de muchos hogares.
El sexto elemento es que, en el afán por desincentivar y gravar la inmigración, en Estados Unidos se introduzca algún tipo de impuesto a las remesas familiares. Esto podría tener efectos inmediatos en los ingresos netos de divisas, y en el bienestar de las personas y hogares receptores.
Otras amenazas a considerar son una reducción del precio del oro que, aunque no afecta mucho la actividad económica y el empleo, haría declinar los ingresos de divisas, así como los fiscales, y una apreciación significativa del dólar que reduciría el flujo de turistas desde Europa y otros orígenes y las exportaciones de bienes a esos destinos porque el peso dominicano podría apreciarse frente a las monedas de esos países.
Que todos o la mayoría de estos elementos actúen simultáneamente, que sería algo así como una “tormenta perfecta”, es altamente improbable; también lo son algunos de ellos en términos individuales, e incluso otros, muy pocos, podrían comportarse a nuestro favor. Pero los riesgos descritos y el contexto de alta vulnerabilidad fiscal y precaria inserción internacional son reveladores de la fragilidad del crecimiento, y de la estabilidad económica y social.
Frente a esto, es insatisfactorio pretender prepararse sólo para administrar una eventual crisis. Hay que enfrentar los factores de fondo. Eso implica empezar a apostarle ya a la producción, la productividad, el aprendizaje tecnológico, a unas instituciones públicas que provean servicios de calidad, y a un Estado capaz de pagar por ellos.
