La Fuerza del Pueblo y organizaciones aliadas informaron que el próximo lunes el Tribunal Superior Electoral (TSE) conocerá un recursos de amparo de extrema urgencia, que depositaron en contra de la resolución 53-2020 para obligar a la Junta Central Electoral (JCE) acoger sus propuestas a fin de garantizar la salud de los ciudadanos que ejercerán el voto en las elecciones congresuales y presidenciales del próximo 5 de julio.
“Nosotros hicimos este sometimiento amparados en los artículos 214 y 72 de la Constitución y sobre todo entendiendo que la JCE pone en peligro y vulnera, y ha conculcado los derechos ciudadanos con la omisión de las medidas que tienen que ver con salvaguardar y garantizar la salud de los ciudadanos al ejercer su derecho al voto”, argumento el delegado político de la FP, Manuel Crespo.
Explicó que con ese recurso buscan que el organismo comicial acoja las sugerencias sanitarias depositadas hace varios días a través de la Secretaría General, para que sean adicionadas a la resolución 53-2020 sobre el protocolo sanitario que será aplicado en los recintos y colegios electorales en los programados comicios.
El dirigente político se quejó porque a un mes para los comicios del día cinco del mes entrante, los miembros de la JCE no han acogido las sugerencias hechas por esa coalición opositora para fortalecer las medidas sanitarias y proteger la salud de los votantes en las elecciones presidenciales y congresuales.
Manuel Crespo dijo, asimismo, que el organismo comicial al no acoger las propuestas sanitarias sugeridas por la FP y otras organizaciones opositoras, viola el artículo 23, punto Uno y B de la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como el artículo 22, punto Uno y 28 de nuestra Constitución, ya que tipifica la violación del derecho al sufragio activo en los referidos artículos.
El dirigente político además, aseguró que durante el proceso de aprobación de la resolución 53-2020, la JCE también violentó el derecho a la educación electoral y la vulneración del derecho a la información, consagrado en el artículo 91, numeral Uno de la Carta Magna.
