BOGOTÁ (AP) — La destituida fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y su esposo Germán Ferrer huyeron el viernes a Colombia, un día después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó el arresto del legislador.
Ortega y Ferrer _dos de los críticos más abiertos del presidente Nicolás Maduro_ llegaron a Bogotá en un avión privado desde Aruba, confirmaron las autoridades migratorias colombianas el viernes por la noche en un comunicado.
La pareja no solicitó asilo, indicó un alto funcionario colombiano que habló a condición de guardar el anonimato porque carece de autorización para hablar sobre el caso.
Ortega y Ferrer estuvieron alineados por mucho tiempo con el gobierno socialista de Venezuela, pero recientemente rompieron con Maduro y criticaron públicamente su iniciativa para convocar a una Asamblea Constituyente que fue instalada a principios de agosto y ahora gobierna prácticamente sin ningún contrapeso.
Uno de los primeros actos de dicha Asamblea fue destituir a Ortega y nombrar a uno de los principales aliados de Maduro, Tarek William Saab, como el nuevo fiscal general.
El Tribunal Supremo de Justicia _integrado por individuos alineados al gobierno_ ordenó el jueves el arresto de Ferrer, un día después de que Saab lo acusó de organizar una red que había extorsionado seis millones de dólares y que presuntamente se desarrolló bajo la supervisión de Ortega.
Ferrer refutó las acusaciones, que muchos creen tienen móviles políticos.
En junio, el Tribunal Supremo le prohibió a Ortega salir del país y ordenó congelar sus cuentas bancarias como parte de su investigación tras una queja interpuesta por un legislador, que la acusó de actuar como un líder de la oposición y solicitó una evaluación de su salud mental porque dijo que “no está en sus cabales”.
La cadena Univisión reportó el viernes que Ortega y Ferrer huyeron en una lancha rápida a Aruba, que está a poca distancia de la costa norte de Venezuela. Las autoridades aún no confirman cómo llegó a esa isla del Caribe.
El paradero de la pareja se desconocía desde hace varios días, pero Ortega participó el viernes vía remota en una reunión de procuradores latinoamericanos en la ciudad mexicana de Puebla.
Ortega les dijo a los fiscales que Maduro la retiró de su puesto para detener una investigación que lo vinculaba a él y a su círculo de allegados con casi 100 millones de dólares en sobornos que les habría otorgado la constructora brasileña Odebrecht.
En un acuerdo el año pasado con el Departamento de Justicia estadounidense para reducirles la pena, los directivos de la compañía reconocieron haber pagado coimas a funcionarios de varios países latinoamericanos a cambio de lucrativos contratos.
Ortega denunció el viernes la toma por parte del gobierno de las oficinas que ella manejaba y dijo que muchos de sus colegas han enfrentado persecuciones.
Habló por primera vez contra Maduro a fines de marzo tras una decisión del Tribunal Supremo de nulificar a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Denunció que ese fallo era una “ruptura” del orden constitucional.
Dicha decisión fue revertida posteriormente ante las críticas internacionales generalizadas, pero desató un movimiento de protestas que ha derivado en la muerte de más de 120 personas.
Maduro y sus aliados han criticado frecuentemente a Ortega, acusándola de formar parte del esfuerzo de los opositores por derrocar al mandatario. Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido de Venezuela, se ha referido repetidas veces a ella como la fiscal “traidora”.
La noche de la elección de la Asamblea Constituyente, Maduro alentó a los delegados a que rápidamente declararan que la oficina de ella estaba en estado de emergencia y la retiraran del puesto. En cuestión de días, elementos militares le impidieron ingresar a las instalaciones.
Ortega se alejó de allí en la parte trasera de una motocicleta.
Durante los últimos cuatro meses de agitación, ella ha surgido como uno de los críticos más implacables de Maduro, acusándolo de pisotear el legado del fallecido presidente Hugo Chávez al convocar a la Asamblea Constituyente para que reescribiera la constitución que él elaboró.
Desafió también las versiones oficiales sobre los fallecimientos en las protestas, al afirmar que las fuerzas estatales de seguridad eran las responsables de un amplio número de las muertes, muchas de hombres jóvenes de unos veintitantos años.
“Tengan la certeza que no dejaré de luchar. Podrán inventar casos, me podrán inventar delitos, podrán seguir encarcelando y persiguiendo a mis familiares y a mi entorno, pero jamás renunciaré a algo que juré: defender hasta el último aliento la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela”, les dijo a los fiscales reunidos en México.
Horas antes el viernes, la Asamblea Constitucional autorizó un decreto que le da autoridad para aprobar leyes con el fin de garantizar la paz, la soberanía y el bienestar económico de los venezolanos, con lo que prácticamente anuló los poderes ya debilitados de la Asamblea Nacional.
La medida desató una condena internacional aún mayor de parte de las decenas de países que ya han criticado la creación de la asamblea todopoderosa, calificándola como una estrategia de Maduro para consolidar su poder por encima de la democracia.
Los delegados de la Asamblea Constituyente se comprometieron a doblegar a los legisladores de oposición.
“Le daremos una lección histórica” a la Asamblea Nacional, dijo la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, al asegurar que los congresistas están “obligados” a subordinarse a ese cuerpo.
