La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), insta a la Contraloría General de la República a remitir al Ministerio Público los antecedentes de las instituciones públicas donde a través de las auditorías se han encontrado irregularidades.
En un comunicado, firmado por el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, la Fundación señala que “todas las actuaciones que realice este órgano rector de la fiscalización interna, deben ser apegadas a un marco legal y razonable para cada caso”.
Indica que para una institucionalidad democrática fuerte, es necesario que todos los organismos públicos realicen sus funciones dotadas de un sistema de control que evite desviar los fondos públicos.
“Por lo cual instamos a que todos los razonamientos que realice la Contraloría General sean atinados y pertinentes, destinando su archivo y control al Ministerio Público u órgano que corresponda cuando así lo considere”, resalta la misiva de la Fundación.
La Finjus aclara que la función principal de la Contraloría es auditar, y que por sí sola no puede llevar procesos judiciales.
Sin embargo, hace notar que cuando los resultados de las investigaciones que realice lo justifiquen, deben remitir los antecedentes al Ministerio Público, de modo que cada órgano pueda realizar sus funciones según la ley lo establece.
“La naturaleza jurídica de la Contraloría General se limita a ejercer la fiscalización interna. Dicho de otro modo, su responsabilidad es velar por el correcto manejo, uso e inversión de los recursos públicos que manejan las diferentes instituciones del Estado”, explica la misiva.
La Contraloría ha estado arrojando una serie de auditorías donde, entre otros tantos resultados, se pueden ver hallazgos importantes como incumplimientos contractuales, mala distribución y uso de presupuestos.
