Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), consideró como esencial que la Cámara de Diputados y el Senado, en virtud de sus atribuciones constitucionales respectivas, se aboquen a completar con la celeridad debida el proceso de selección del Defensor del Pueblo y sus adjuntos, por considerar que es un Órgano constitucional de gran valor para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.
Consideramos que es muy importante que la escogencia del titular y sus adjuntos sea realizada de forma expedita, al tiempo que se garantiza una alta legitimidad social, producto del cumplimiento de las garantías del debido proceso en el desarrollo de la selección, ajustados a los parámetros constitucionales y legales establecidos.
La selección del Defensor del Pueblo y sus adjuntos debe ser realizada en un marco que sea eficaz, eficiente, imparcial y transparente, en consenso con la sociedad, de forma que las acciones que ese órgano desarrollará en el futuro sirvan para asegurar los derechos fundamentales y garantías de las personas en su relación con el Estado.
La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional cuyas atribuciones fueron recogidas en la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010. El conjunto de sus funciones se derivan de haber sido concebida como un órgano extrapoder para garantizar la independencia y autonomía de sus acciones.
Aunque la Defensoría del Pueblo tiene su origen normativo anterior al 2010, ya que fue incorporada al ordenamiento jurídico dominicano con la Ley No. 19-01 de fecha 1 de febrero del año 2001, es la Constitución del 2010 la que le otorga un nuevo significado a partir de la restructuración de nuestro régimen de gobierno contenida en la nueva carta magna.
Pese a su importancia, la Defensoría del Pueblo solo ha contado con una primera y única designación de su titular y adjuntos en 2013, por lo que es urgente que se proceda a su pronta selección.
La sociedad dominicana debe seguir jugado un rol de seguimiento de este proceso de selección, lo que implica conocer cada uno de los detalles relacionados con características inherentes a dicha selección y acompañar a las autoridades, en la medida de las posibilidades.
Desde FINJUS valoramos el interés del Congreso Nacional de lograr un proceso diáfano que tenga como resultado lograr la escogencia de personas idóneas, que garanticen la transparencia, independencia política y de criterios en este ente constitucional.
