Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) afirmó que aún está pendiente el mejoramiento de los niveles de independencia, eficiencia, transparencia y previsibilidad necesarios para garantizar la seguridad jurídica en el país.
Al presentar el balance de los aspectos más relevantes de la vida política, económica, social e institucional del país de este año, manifestó que estos aspectos son un requisito indispensable para el desarrollo económico y social de la nación.
“Ese telón de fondo se expresa en la queja reiterada que hemos formulado a los poderes ejecutivo y legislativo por no aplicar la Ley de Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial y el Ministerio Público No. 194-04, manteniendo a las principales instituciones del sistema de justicia en una situación de precariedad, que impide el desarrollo de políticas públicas que aseguren la implementación de la política criminal del Estado y las medidas que facilitan el acceso, eficiencia y gratuidad de la justicia, como ordena la Constitución”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Añadió que sigue siendo de gran preocupación el nivel de confianza en el sistema de justicia de la República Dominicana, que se encuentre entre los más bajos de la región de América Latina y el Caribe, manteniendo un 21% de acuerdo a la última versión del Latinobarómetro.
Otro aspecto que negativo de este año, a saber de la Finjus, es el proceso a nivel judicial del caso ODEBRECHT, el cual ha puesto nuevamente en evidencia debilidades del sistema de justicia penal, lo que contribuiría a generar mayores índices de desconfianza en dicho sistema.
Finjus también reprochó que aún no se haya aprobado un Código Penal moderno por “razones que no son propias de una discusión penal”.
“Entendemos que la no adopción de un nuevo Código Penal ralentiza el proceso de modernización del sistema de justicia en general y se relaciona estrechamente con los elevados picos de desconfianza del sistema de justicia, impunidad y percepción de inseguridad ciudadana, debido a que no contamos con tipos penales y sanciones adecuadas que abarquen el amplio catálogo de modalidades actuales del accionar delictual”, subrayó la entidad a través de un comunicado.
