Con un piquete frente a la Procuraduría General de la República, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) y las Ligas Populares demandaron este martes el sometimiento del expresidente de la Junta Central Electoral -JCE-, Roberto Rosario, por la compra de lo que consideraron escáneres desechables.
“Estamos solicitando a la Procuraduría el sometimiento penal a Roberto Rosario y al resto de los exjueces de la JCE por estafa al Estado con la compra innecesaria de escáneres desechables, por más de 1,900 millones de pesos. Esos equipos no podrán ser usados jamás ya que no están aptos para futuros procesos”, sostuvo Grabiel Sánchez, vocero nacional del Falpo.
De acuerdo a estas organizaciones, Roberto Rosario es el principal responsable, ya que fue él personalmente que asumió la defensa y compra de esos equipos a una empresa como el INDRA, que dijo había sido sometida a la justicia en diferentes países por actuar de forma ilícita en procesos electorales.
“Basta de manejar los recursos públicos como un patrimonio personal, sin que haya un régimen de consecuencias. El festín en el manejo que el Gobierno le da al dinero del pueblo debe llegar a su fin y los funcionarios responsables llevado a la acción de la justicia. Como son muy valientes para robar, deben asumir su responsabilidad e ir a la cárcel y pagar por el delito cometido”, demandaron.
Tanto el Falpo como las Ligas Populares, exigieron una investigación donde se explique al país el por qué “se contrata una empresa con un historial delictivo como la INDRA, sancionada en Barcelona en 2010 por fallas graves durante proceso de votación, en 2010 fue acusada de soborno en Argentina, en 2012 de complicidad con el gobierno en Angola, demandada por daños y perjuicio en Ecuador a mediado de 2016”.
De acuerdo a las organizaciones populares, ese derroche de dinero se da en momentos en que la economía dominicana atraviesa una grave crisis.
“Dijeron que de no realizarse una investigación imparcial a Rosario y comparte, continuarán la lucha en las calles sin descartar métodos hasta que se cumplan los reclamos de justicia de la ciudadanía
