Quienes respaldan la decisión evacuada ayer por el juez Francisco Ortega, pese a reconocer que se basa en pruebas falsas y fallas múltiples.Los que expresan conformidad con las medidas, aunque reconocen que las pruebas aceptadas por el juez Ortega son insuficientes para justificar la privación de libertad a todos los imputados.
Aquellos que apoyan la decisión del juez Ortega, conscientes sin embargo de que se trata de un expediente selectivo, y advirtiendo que faltan culpables pero asumen las medidas como un inicio del combate a la corrupción y la impunidad.
Y, en otra onda, quienes ven que cuando el juez Ortega sigue a pies juntillas al Procurador malea desde el principio lo que debió ser la base de un expediente de inequívoca contundencia por su estricto apego al debido proceso.
Todos, tirios y troyanos, sabemos que el manejo dado al caso responde a una maniobra política del gobierno del presidente Danilo Medina, materializada a través de Jean Alain Rodríguez con los siguientes objetivos:
i) Excluir del expediente a los grandes responsables del fraude perpetrado por Odebrecht y compartes; ii) Golpear y tratar de debilitar a la oposición externa e interna al presidente Medina; y, iii) Ganar tiempo y espacios perdidos por la lujuria reeleccionista del presidente Medina.
El procurador Rodríguez y el juez Ortega sustentan el expediente Odebrecht de corrupción en el relato “Historia y relación de la compañía con Ángel Rondón Rijo”, de la autoría del delincuente Marco Antonio Vasconcelos Cruz.
Ese relato, acomodado al crimen de lesa patria que es el acuerdo Gobierno-Odebrecht, junto a las mentiras de los desacreditados Monica Moura y Joao Santana, son la base de las pruebas montadas por el Procurador, y que apadrina ahora el juez Ortega, con que cuenta la administración Medina para ganar un pleito que, como dijo Ángel Rondón, apenas comienza.
Vaya capital moral y ético en que se basa la acción judicial del gobierno del presidente Medina: los testimonios de delincuentes ya sentenciados por corrupción, y algunos investigados por falso testimonio por la justicia de su país.
Pero les saldrá mal.
Porque frente al proceso mostrenco y acomodado al interés político de la concupiscencia continuista, está la determinación de los partidos de oposición, el movimiento social y la presión internacional de demandar una indagatoria en la que prevalezca el debido proceso.
Una presión demandando que jalen a los verdaderos responsables del fraude más grande que se haya cometido jamás en contra del pueblo dominicano.
Una presión que encarte también la parte más abultada del fraude Odebrecht, que es la cuestionada licitación y construcción de Punta Catalina, donde se ha planteado que sólo la sobrevaluación, sin mentar los sobornos, ronda entre 900 mil y mil millones de dólares.
Una presión para lograr una verdadera profilaxis ética, que retome la indagatoria judicial de los fraudes de Sun Land, PEME, Súper Tucano, sobrevaluaciones en obras públicas, nominillas políticas, OISOE y el reparto de tierras del Estado, entre otros, de los que son responsables los gobiernos del PLD.
