Entre los más sobresalientes lastres que el Partido de la Liberación Dominicana dejará al país cuando sea desplazado del poder, está que desaparecieron la independencia de los poderes del Estado, condición esencial del sistema de gobierno democrático.Otro pasivo institucional que dejan es la suplantación de entidades del Estado por parte del presidente Danilo Medina, quien en su eterna campaña reeleccionista anda por todo el país ofreciendo lo que el Gobierno tiene y lo que no tiene, y que el mandatario reparte como favores personales, reseña la prensa.
“Danilo financia”, “Danilo entrega”, “Danilo da”, “Danilo apoya”, “Danilo ordena”, “Danilo da chance…”, “Danilo dispone…”, “Danilo resuelve”, “Danilo ofrece…”, leemos con frecuencia en lo que es parte de la estrategia de endiosamiento del presidente, mientras todos y cada uno de los problemas estructurales del país siguen sin solución.
Otro lastre fundamental que dejará la herencia del Gobierno del PLD es el colapso de los servicios públicos, incluyendo la inseguridad y el secuestro del sosiego ciudadano, la ausencia de sistemas de educación, salud y seguridad social de calidad, y el caos en el tránsito de vehículos, etc.
A esos déficits se agrega un modelo de sub-desarrollo que excluye a la mayoría de la gente de la buena calidad de vida que debería reportarle una economía que según el Gobierno está entre las de mayor crecimiento.
Pero un lastre no menos grave que nos dejará el PLD es haber impuesto en el manejo de la opinión pública un estilo banal de plantear los asuntos graves del país.
No importa que se trate de la estafa más grande perpetrada en contra de los intereses económicos, y del daño causado a la buena fama del país, confesados por el responsable de los delitos, la Odebrecht.
No importa que en su acción mafiosa y delincuencial Odebrecht violó múltiples leyes, ni que en la concesión de las plantas de Punta Catalina vulneró el contrato de concesión que era ley de la licitación, ni que la presencia misma de Odebrecht constituya la mayor muestra de impunidad en el país, como anota el ingeniero Antonio Almonte.
Todo eso no es nada, como no lo es que el Gobierno del presidente Medina hiciera un mamotreto de acuerdo con la firma brasileña tan carente de sustento jurídico, que el juez José Alejandro Vargas lo tumbó por inadmisible.
No tiene importancia alguna, según esa lógica, que a través de la Procuraduría el Gobierno informara que el señor Ángel Rondón fue quien recibió los 92 millones de dólares de sobornos pagados por la firma Odebrecht, y que luego Rondón lo desmintiera.
Como analizan las periodistas Yanessy Espinal, de El Caribe, y Niza Campos, de Diario Libre, el Gobierno luce indiferente mientras la marcha verde por el fin de la impunidad lo acorrala, y responde con medidas insustanciales a los escándalos de corrupción.
Como parece no darle frío ni calor que el líder opositor Luis Abinader advirtiera, en una opinión que comparten dirigentes empresariales y economistas independientes, que no puede haber pacto fiscal, como recomienda el FMI, hasta tanto el Gobierno no corte por lo sano su política de endeudamiento imprudente, despilfarro, corrupción e impunidad.
Mientras, crece el número de sectores y personalidades preocupados porque el silencio, la indiferencia y la incapacidad del Gobierno para castigar con consecuencias la violación a ley, está empujando al país a un choque de trenes.
