El exsenador Arturo Murillo, quien tras el golpe de Estado consumado contra Evo Morales asumió de facto la dirección del Ministerio de Gobierno en Bolivia, afirmó que el nuevo Ejecutivo del país sudamericano irá “a la cacería” de Juan Ramón Quintana, ministro de Presidencia durante la Administración socialista, y Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien debió exiliarse por la interrupción de la democracia.
Así, a los pocos minutos de asumir el cargo de modo irregular, le dijo a la prensa: “Que empiecen a correr, los vamos a agarrar. No vamos a permitir una persona más que siga haciendo sedición en el país”. Murillo considera que Quintana y García Linera fueron presuntos responsables de los disturbios que se generaron el domingo tras la dimisión de Morales, quien abandonó el cargo tras el pedido público de renuncia pronunciado por las Fuerzas Armadas y la Policía.
Entre sus diatribas, manifestó que si esas dos personas vinculadas a Morales no quieren ir a la cárcel, deberían dejar el país. “Haremos cumplir la ley”, acotó el político identificado con el partido Unidad Democrática (UD), quien llegó al Ejecutivo tras el golpe.
En otras palabras, Murillo señaló que “no habrá persecución a nadie, salvo al que comete delitos”. Y sumó: “Ese será perseguido”. Asimismo, continuando con las promesas del Gobierno de facto, acotó que les darán “seguridad a todos”. Para concluir, advirtió: “Aquel que trate de hacer sedición a partir de mañana, que se cuide”.
Gobierno autoproclamado
Luego del golpe de Estado se produjo una vacancia de poder: los altos mandos de la Administración de Morales renunciaron, con la intención de evitar una escalada de violencia. Así, la vicepresidenta segunda del Senado, Jeanine Áñez Chávez, se autoproclamó presidenta interina de Bolivia al considerar que ella continuaba en la línea sucesoria.
En efecto, el artículo 169 de la Constitución determina que “en caso de impedimento o ausencia definitiva” del presidente, y ante la falta de vicepresidente, el Ejecutivo queda a cargo del presidente del Senado. Al no haber legisladores jerárquicos en la cámara alta, porque también habrían renunciado, Áñez Chávez se consideró presidenta del Senado y, acto seguido, se autoproclamó mandataria del Estado.
No obstante, no contó con el ‘quórum’ necesario en el Parlamento para sesionar y aprobar su asunción. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló su autodesignación siguiendo el principio de “continuidad”, es decir, garantizar una aparente gobernabilidad lo antes posible.
De esta forma, Áñez Chávez, una clara opositora al socialismo, llegó a la casa de Gobierno con una Biblia bajo el brazo, acompañada del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señalado por Morales como uno de los protagonistas del golpe. Al asumir, agradeció a las Fuerzas Armadas por el apoyo, y prometió que llamaría a elecciones, teniendo un plazo de 90 días para hacerlo.
Sin embargo, el miércoles la política socialista Adriana Salvatierra, que renunció de forma pública a la Presidencia del Senado, quiso ingresar a la Asamblea Legislativa Plurinacional al considerar que ese órgano todavía no consideró su dimisión. Siguiendo esta lógica, no habría abandonado su cargo de modo formal, y por ello muchos seguidores de Morales esgrimen que ella debería ser nombrada presidenta del país plurinacional. No obstante, las fuerzas de seguridad le bloquearon el acceso al edificio, mientras Áñez Chávez continúa nombrando funcionarios.
