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Los directivos de Participación Ciudadana consideraron ayer que el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, debe acudir a la interpelación que se ha planteado en la Cámara de Diputados. Argumentan su postura debido a que en los cuarteles donde ha ocurrido brutalidad policial están bajo su responsabilidad y debe haber un régimen de consecuencias interno en la institución para evitar esos excesos y castigarlos de manera ejemplar cuando ocurren.
El coordinador general de la institución, Joseph Abreu, apuntó que en la mayoría de los casos cuando ocurren esas agresiones, la respuesta es el traslado de agentes y que si no hay presión social no hay sanciones drásticas a ese tipo de faltas. El directivo del movimiento cívico puntualizó hacia la necesidad de recursos para mejorar tanto los salarios como destinar más recursos a la formación.
“Hay elementos que son muy básicos, porque entender que tú no puedes permitir que un preso agreda otro preso es un tema de sentido común que debería ser un elemento que se enseñe en el proceso de formación y que se establezcan los límites claros”, argumentó Abreu.
Sonia Díaz, miembro el consejo directivo y excoordinadora de la institución, señaló que esas accione son más graves que los intercambios de disparos.
“Entendemos que deben de interpelarlo (jefe de la PN), que vaya y que responda, porque esos tres crímenes, de esos tres jóvenes, en distintos lugares geográficos, en Santo Domingo, Santiago y Ocoa, como bien dijo la procuradora, bien pueden responder a un patrón de conducta, no puede ser al azar que en tres semanas, en tres cuarteles diferentes pase lo mismo o parecido, eso no puede ser al azar; se debe interpelar al director de la Policía y que responda”, opinó Díaz.
Consideró que la reforma a la institución se ha tratado por décadas y que no se logran ganancias, sobre todo porque se sigue con el mismo presupuesto.
“No es el presupuesto económico, sino también por los recursos humano; creo que el tema de la Policía se resolverá cuando se haga un cuerpo nuevo paralelo, porque la Policía de ahora es un mal necesario; tú no puedes salir de la Policía porque nos quedaríamos sin Policía el país entero, entonces, tiene que haber una Policía nueva, que pase, como por ejemplo con la Amet”, sostuvo Díaz.
En esa misma tesitura se pronunció Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de la entidad, quien señaló que la mayoría de las medidas anunciadas por el gobierno están vinculadas al tema económico. “En la Policía lo primero que no sirven son los vehículos, que tenga internet y que puedan conectarse y pedirle cédula a la gente, es como imposible”, criticó. Los directivos de Participación Ciudadana fueron los invitados en la entrevista semanal de elCaribe y CDN, que estuvo encabezada por el director de este diario, Nelson Rodríguez, y la directora de CDN, Alba Nelly Familia, así como las comentaristas de Despierta con CDN, Julissa Céspedes y Katherine Hernández.
“Prisión preventiva es la regla no la excepción”
Josehp Abreu se sumó a las críticas sobre la tendencia del sistema judicial de preferir la prisión preventiva contra imputados. “Debe ser revisada, aquí la medida de coerción de prisión preventiva, más que excepción como se plantea en el Código Procesal Penal, pasa a ser la regla, pasa a ser la norma, es lo que más aplican los jueces”, expresó.
El representante del movimiento cívico señaló que es responsabilidad de los jueces que no deben aplicar con tanta facilidad esa medida aunque la pida el Ministerio Público. “El Poder Judicial debe justificar el otorgar una medida de coerción que conlleve la coartación de la libertad del imputado y que no pueda defender su proceso en libertad, entonces, sí se materializa constantemente, en todos los niveles, una vulneración de los derechos, que no lo vemos en los casos de corrupción nada más, lo vemos en todos los casos y de hecho satura el sistema penitenciario, tenemos cárceles sobrepobladas y la mayoría son presos preventivos por delitos que probablemente se pudieron haber manejado con otro tipo de medida de coerción”, criticó.
Agregó: “Hay un principio jurídico que dice que cuando la lucha para la justicia se hace al coste de la presunción de inocencia entonces se perdió la guerra en ese sentido”.
En cuanto a las acciones judiciales contra acusados de corrupción dijo que parte de los compromisos asumidos es garantizarle los recursos que el Ministerio Público necesita para atender con rapidez los casos de corrupción que se van presentando. “Todo se ve como pausado, como que no avanza y la argumentación que tiene el Ministerio Público es la limitación de recursos económicos y de personal”, dijo.
Reforma constitucional
El coordinador general de Participación Ciudadana sostuvo que el apoyo de la entidad a la reforma constitucional se limita al planteamiento de dar mayor independencia al Ministerio Público.
Abreu explicó que para lograr la independencia del Ministerio se requieren varios elementos y que uno de ellos es que la elección del Procurador general no dependa del Poder Ejecutivo y especialmente la posibilidad de remoción de quien ostente el cargo. Consideró que ese funcionario debe ser elegido por el Consejo Nacional de la Magistratura como ocurre con otras cortes como la Suprema Corte, el Tribunal Constitucional y el tribunal Superior Electoral.
“La modalidad que se ha aplicado para las altas cortes ha sido vía el Consejo Nacional de la Magistratura, y la forma sería incluir la elección del procurador dentro del Consejo Nacional de la Magistratura y también dentro de la propuesta es sacar al procurador dentro del Consejo porque pasaría a ser un ente de juez y parte”, observó.
Abreu explicó que quedaría pendiente por definir qué pasará con la mitad de los fiscales que el presidente de la República tiene la potestad de seleccionar.
“Si ya saco al procurador de la elección del Poder Ejecutivo, que pasa con el 50 por ciento de los procuradores adjuntos; pasarían a formar parte de la forma de elección o pasarían bajo la potestad del Procurador o quedarían bajo la potestad del presidente”, se preguntó. Dijo que ese es un tema que debe definirse en los debates que se desarrollan en el Consejo Económico y Social (CES).
Abreu dijo que la propuesta del Colegio de Abogados no es posible debido a que hay un mandato constitucional de que el procurador lo designa el presidente de la República.
“La independencia no viene atada a la designación, son un conjunto de cosas que se configuran, va a depender también de la persona, también del perfil que se establezca, que no tenga una militancia conocida, también dependerá de régimen de consecuencias, sobre la obstrucción de la justicia que el procurador deba actuar y no actúe, son un conjunto de elementos que nosotros pensamos que combinados al final pueden garantizar una mayor independencia de la persona”, subrayó el ejecutivo de PC.
Dijo que el respaldo de la entidad a que a la reforma a la Carta Magna se haga ahora es que si se hace con tiempo suficiente se puede planificar el futuro con la fortaleza institucional que se requiere. “Nuestras prioridades institucionales están enfocadas en la reforma constitucional, pero también en la readecuación de las leyes del régimen electoral porque son leyes que han demostrado en el proceso pasado que tienen bastante debilidades por la cantidad de sentencias que declararon inconstitucional varios artículos y las debilidades en la organización del torneo electoral”, apuntó.
Respecto de las leyes que están pendientes de aprobación por mandato de la Constitución del 2010, consideró que la dinámica institucional es cambiante y que se observan en la medida en que se desarrollan y que ese es el caso de la Constitución del 2010 que el tiempo ha ido evidenciando lo que es necesario cambiar. Dijo que aunque hay atrasos en adecuar las leyes, las prioridades ahora son la reforma a la Constitución y la adecuación a las leyes electorales.
Hay intención, pero no efectividad
El coordinador general de Participación Ciudadana sostuvo que en cuanto a la transparencia observan intenciones desde el gobierno especialmente desde la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, como es el programa de datos abiertos. Sin embargo, dijo que el gobierno había utilizado el pretexto de la pandemia para no aplicar medidas de transparencia pero que ese “argumento ya se le agotó”. “Nosotros vemos voluntad, pero también vemos ya retrasos en su aplicación efectiva, espero que podamos disfrutar de eso prontamente; el gobierno ha tenido la excusa del tema de la pandemia, que ha retrasado muchos aspectos de los cuales se comprometió a dar viabilidad, pero ya esa excusa prácticamente se le agotó y ya debe empezar a la implementación de estos compromisos”, advirtió Abreu.
Transparencia
Nosotros vemos voluntad, pero también retrasos en su aplicación efectiva; el gobierno ha tenido la excusa de la pandemia, pero ya se agotó”
Independencia
La reforma por sí sola no trae la independencia, lo que es seguro es que no habrá independencia mientras el cargo dependa del Ejecutivo”
