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Santo Domingo – La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por el reciente acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) que reduce la calificación mínima para aumentos salariales docentes. Además, considera que esta medida representa un “desacierto” y un “retroceso” en el sistema educativo nacional.
El acuerdo reduce del 70% al 65% la calificación mínima que deben obtener los docentes para recibir un aumento salarial del 7%. FINJUS argumenta que esta decisión “desborda todo principio de razonabilidad para la salvaguarda del derecho constitucional a la educación”.
“A pesar de los importantes esfuerzos realizados en la materia, la calidad educativa en la República Dominicana continúa enfrentando serias deficiencias”, señala FINJUS en un comunicado firmado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo.
La fundación destaca que la asignación del 4% del PIB a la educación preuniversitaria no ha sido suficiente para mejorar la calidad de la enseñanza, y que este acuerdo “constituye un precedente grave que tendrá consecuencias notables en la enseñanza”.
FINJUS reconoce la legitimidad de las reivindicaciones de los docentes, pero insiste en que debe primar la prestación óptima del servicio educativo. “Es inadmisible que como Estado, que siempre destacamos por ocupar los últimos puestos en los programas internacionales de evaluación estudiantil y docente, nos prestemos para consentir esta desafortunada práctica”, indica el comunicado.
La fundación advierte que el acuerdo “afectará el rendimiento académico de los estudiantes y agravará la desigualdad entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas”. Además, hace un llamado a las autoridades competentes a analizar la efectividad de las medidas tomadas y a ponderar la integración de reglamentaciones que permitan examinar a profundidad los parámetros educativos.
FINJUS concluye que “los vicios del sector educativo lesionan los logros sociales y los avances institucionales que el país ha conquistado” y que debe priorizarse el desarrollo integral para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Comunicado íntegro
FINJUS advierte retroceso en el sistema nacional educativo
La Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc., (FINJUS), expresa su preocupación y considera como un gran desacierto el último acuerdo arribado entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) para reducir de un 70% a un 65% la calificación mínima para recibir un aumento salarial de un 7%, desbordando todo principio de razonabilidad para la salvaguarda del derecho constitucional a la educación.
A pesar de los importantes esfuerzos realizados en la materia, contando con la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación preuniversitaria (lo que representa un 20.87% del presupuesto nacional), la calidad educativa en la República Dominicana continúa enfrentando serias deficiencias. Lo que, en principio, indica que destinar más fondos no es la única solución. Además de las constantes interrupciones a la docencia realizadas por la ADP, esta decisión constituye un precedente grave que tendrá consecuencias notables en la enseñanza de los centros educativos.
Si bien se reconoce la legitimidad de las reivindicaciones que pudieran realizar los educadores a través de sus organizaciones gremiales, entendemos que debe primar la prestación óptima del servicio de educación. Como si no fuese suficiente con suspender la docencia de manera reiterada para priorizar otras aseveraciones, ahora se le suma este desafortunado acuerdo que únicamente fungirá de motor para dar continuidad al declive del sistema educativo.
Es inadmisible que como Estado, que siempre destacamos por ocupar los últimos puestos en los programas internacionales de evaluación estudiantil y docente, nos prestemos para consentir esta desafortunada práctica, lo cual es contrario a todo ideal de consolidar una educación de calidad.
La República Dominicana está atravesando una inestabilidad en el sistema educativo. Parece ser que no hay régimen de consecuencias contra los actores que, llamados a ofrecer una educación de calidad, se suman masivamente en desacato a sus funciones. A ello se le suma la exigencia aguda de mejoras y asignaciones, aún cuando persiste la incidencia de un gran porcentaje de aspirantes a educadores que ni tan sólo cumplen los requisitos básicos de conocimiento para sus labores, donde muchos no logran ni tan solo pasar la primera etapa de evaluación docente. Este acuerdo es un incentivo para premiar la falta de preparación y el deseable rendimiento profesoral.
Hacemos un llamado de atención para que las autoridades competentes en la materia analicen la efectividad de las medidas tomadas con el acuerdo. El mismo afectará el rendimiento académico de los estudiantes y agravará la desigualdad entre los estudiantes de las escuelas públicas y privadas, lo que a su vez frena el progreso del país.
Los vicios del sector educativo lesionan los logros sociales y los avances institucionales que el país ha conquistado. Es necesario que se pondere la integración de reglamentaciones internas que aboquen examinar a profundidad los parámetros educativos sustanciales. Ello sólo se traduce en una desmejoría continua del desarrollo del Estado. Debe priorizarse el desarrollo armónico e integral para el sustento apropiado de la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS.
