Santo Domingo.- Los propietarios de la empresa Vidal Plast podrían enfrentar penas de tres meses a dos años de prisión y a pagar multas de entre uno a 10 salarios mínimos, de ser encontrados culpables de la explosión que dejó al menos 34 muertos en la provincia de San Cristóbal.
La pena está establecida en el artículo 319 del Código Penal, del que se apoya la Procuraduría Fiscal de San Cristóbal para solicitar medidas de coerción contra Edward Vidal, su esposa Maribel Sandoval y su hija Mercedes Vidal Sandoval.
En el documento acusatorio la fiscal Fadulia Rosa esgrime en el escrito que los imputados habrían violado el artículo 153 de la Ley General de Salud. La misma establece el pago de las referidas multas y otras sanciones.
Medidas de coerción contra propietarios Vidal Plast
En el documento acusatorio depositado por el Ministerio Público contra los tres miembros de la familia Vidal, los fiscales solicitan al Juzgado de Instrucción de San Cristóbal que imponga prisión preventiva contra Edward Vidal. Mientras, que para las damas solicita impedimento de salida, impedimento de salida y el pago de una multa de un millón de pesos, respectivamente.
En cuanto a la razón social Vidal Plast SRL solicitó que el tribunal ordene la convocatoria de sus representantes legales. Y en cuanto al fondo ordene el cese temporal de sus operaciones hasta la culminación del proceso.
El órgano de justicia también solicitó que el caso se declare complejo y que “sean extendidos los plazos procesales para la duración máxima del proceso. Asi como la duración de la investigación, presentación de peticiones e interposición de recursos judiciales”.
La instancia depositada en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal. En función de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Lo hizo la directora técnica de la Fiscalía de San Cristóbal, Laura Segura, y José Guerrero.
Audiencia será este sábado
Mientras, que el tribunal fijó para las nueve de la mañana de este sábado el conocimiento de las medidas de coerción.
Según informó a CDN una fuente en la secretaría del Tercer juzgado de la instrucción, que hace las funciones de atención permanente de San Cristóbal, el juez José Carlos Arias titular de ese tribunal se inhibió. Y en su lugar la audiencia será conocida por la magistrada Miolanny Herasme.
De su lado, el abogado de los imputados, Noberto Rondón, insiste en que las responsabilidades serían civiles no penales. Al tiempo de considerar como una exageración la solicitud de prisión contra sus defendidos.
En el documento acusatorio, los fiscales indican que fruto de la explosión fallecieron 37 personas, de las cuales solo 15 han podido ser identificadas. Mientras que 59 resultaron con heridas.
