SANTO DOMINGO (AP) —Rosalía Sosa, coordinadora de la organización Participación Ciudadana, lamentó el jueves que los más recientes casos de corrupción han tenido una particularidad: “se están tiñendo de sangre”.
El cuerpo de Ramírez, vestido con toga de abogado, un disparo en la cara y encadenado a dos bloques de concreto fue encontrado el 12 de octubre en un arroyo del populoso barrio del municipio Santo Domingo Oeste, contiguo a la capital. El hombre había sido reportado como desaparecido luego de salir un día antes de una clase de la principal universidad pública del país, donde dejó abandonado su vehículo, sus celulares y otras pertenencias personales.
El asesinato de Ramírez ocurrió días después de que adelantara en un programa de televisión que estallaría un escándalo de corrupción en la institución que dirige el servicio de autobuses colectivos de Santo Domingo, conocida como OMSA.
Ramírez, presidente de una organización de abogados, había anunciado en el programa “Lo que otros callan”, de la emisora Tele Radio América, que se disponía a presentar ante la fiscalía anticorrupción pruebas de que directivos de la OMSA destruían los autobuses para beneficiar con contratos millonarios a las compañías encargadas de la reparación de esas unidades.
Olga Diná, fiscal encargada del caso, explicó en conferencia de prensa esta semana que Ramírez fue asesinado por empleados de la OMSA luego que de forma presunta aceptara un soborno de cuatro millones de pesos (unos 87.000 dólares) de directivos de esa institución para que no presentara la denuncia. Según Diná, el abogado ya había recibido un adelanto de un millón de pesos.
Ramón Ramírez, hermano del abogado, aseguró por teléfono a The Associated Press que su pariente fue secuestrado y asesinado por no aceptar el soborno.
Manuel Rivas, director de la OMSA y dirigente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana, fue detenido como presunto autor intelectual del homicidio y la tarde del jueves será presentado ante un tribunal para su formal arresto.
En breves declaraciones a periodistas luego de su detención, Rivas aseguró que él no había ordenado la ejecución del abogado “ni de pensamiento, ni de acción”.
Además de Rivas, dos empleados de la OMSA fueron detenidos y otro, quien es señalado como la persona que disparó contra Ramírez, se encuentra prófugo.
El procurador general, Jean Alain Rodríguez, anunció la víspera el arresto del empresario Eddy Santana, quien tenía contratos como proveedor de la OMSA y quien según la investigación fue quien acordó pagar el dinero a Ramírez.
Rodríguez anunció que de forma paralela al juicio por homicidio, abrirá una investigación para determinar si existen irregularidades en los contratos de la OMSA.
El asesinato de Ramírez es el tercer hecho de violencia vinculado a un caso de corrupción en el gobierno que ocurre en los últimos dos años, recuerda Sosa, coordinadora de Participación Ciudadana.
En febrero de este año, un hombre se suicidó cuando era perseguido por la policía luego de matar a balazos a un locutor de radio que transmitía en vivo y al director de la emisora en la localidad de San Pedro de Macorís.
El atacante mató a los comunicadores porque no habían logrado mediar, como se habían comprometido, en un conflicto surgido por la venta irregular de terrenos del estado.
La investigación originada por el homicidio reveló un esquema de sobornos para la venta ilegal de terrenos a través del Consejo Estatal del Azúcar. Aunque el director de esa institución fue destituido, el Ministerio Público aún no ha presentado ningún cargo.
En septiembre de 2015, un arquitecto se suicidó en el baño de una institución pública agobiado, según una carta que escribió antes de morir, porque había asumido deudas millonarias para pagar los sobornos que le exigían funcionarios públicos por haberle asignado la construcción de una escuela.
La investigación tras el suicidio reveló los sobornos que exigían directivos de la oficina de ingenieros del Estado para la asignación de contratos. Al menos dos funcionarios fueron condenados a prisión.
Según un sondeo difundido este mes en Alemania por la organización Transparencia Internacional, el 46% de los encuestados en República Dominicana asegura haber pagado sobornos. La cifra sólo es superada en América Latina por México, con el 51%.
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