Las empresas del sector de telecomunicaciones del país reiteraron su desacuerdo con algunas disposiciones del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.Dijeron en un comunicado de prensa que el proyecto de ley plantea la imposición de una “tasa” al tráfico internacional como fuente de financiamiento, así como la instalación de equipos en las premisas de las prestadoras para monitorear todo el tráfico de voz y datos en la República Dominicana.
En el comunicado suscrito por Claro, Orange, Tricom, Viva y Wind Telecom señalan que una consecuencia inevitable de este impuesto es el aumento del costo de las llamadas hacia la República Dominicana, el cual se traspasará al cliente que llama, en su mayoría dominicanos en el extranjero que aportan a la economía a través de sus remesas.
En el corto plazo, provocará una disminución de esas llamadas, lo que a su vez afectará el precio del minuto internacional negociado con esos carriers en base a volumen. Esto llevaría a las telefónicas locales a revisar los beneficios de sus planes residenciales, los cuales actualmente incluyen llamadas internacionales dentro de sus paquetes de minutos.
Opciones más económicas
Adicionalmente, esta medida acelerará de forma importante la tendencia natural del mercado de utilizar otras formas más económicas de acceso disponibles para comunicarse (P.e. WhatssApp, Telegram, otros), e incluso podría fomentar el negocio ilícito de tráfico o “bypass”, con lo que se reducirá el ingreso de divisas al país tanto para las telefónicas, como para el gobierno (por una disminución del Impuesto sobre la Renta-ISR) y para el Indotel (por una disminución de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones-CDT). Igualmente, destacaron como relevante que el “Sistema Antifraude” dispuesto en el artículo 28 del proyecto, constituye una violación a la intimidad y a la privacidad de las informaciones y datos de los clientes, pues el Estado podrá monitorear en tiempo real el tráfico de voz y datos de todos los usuarios, sin necesidad de una autorización judicial previa como requieren las leyes y la Constitución.
Mayores cargas frenan expansión del sector
Las telefónicas aseguran que mayores cargas que provoquen una baja en el ingreso de las empresas, implicarán menos recursos para invertir en el desarrollo del sector, mantenimiento, ampliación y modernización de las redes, y para apoyar proyectos enfocados en el cierre de la brecha digital y aumento del acceso de los dominicanos a los diferentes servicios de telecomunicación.
