República Dominicana enfrenta un desafío crucial: cómo garantizar la seguridad alimentaria de más de 11 millones de habitantes y millones de visitantes anuales.
Este tema fue abordado por economistas en el XXVI Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, en Punta Cana. Los expertos destacaron la necesidad de transformar la agricultura del país, enfocándose en mejorar la productividad, el uso eficiente de los recursos y la adopción de nuevas tecnologías.
Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, fue claro en su intervención: “Es fundamental pensar en cómo alimentar a una población creciente y convertir al país en un centro de producción de alimentos para el Caribe”.
El exfuncionario público explicó que las islas del Caribe, que reciben millones de turistas, presentan una oportunidad única para que la República Dominicana se posicione como un proveedor clave. Sin embargo, para lograr este objetivo, insistió en que se deben revisar las políticas agropecuarias, empezando por el uso del territorio. Jiménez advirtió que muchos terrenos con vocación agropecuaria están siendo utilizados para otros fines, como la construcción de viviendas, lo que podría comprometer la capacidad productiva del país a largo plazo.
El economista también enfatizó la importancia de una infraestructura rural adecuada. “El manejo del agua y el desarrollo de caminos interparcelarios son cruciales para convertir terrenos áridos en tierras productivas”, explicó.
Comparando con ejemplos internacionales, como China, destacó que la inversión en infraestructura no solo reduce los costos de transporte, sino que también aumenta la productividad del sector agrícola. En este sentido, Jiménez destacó que la tecnología, como el uso de drones y sensores para monitorear las condiciones de los cultivos, es esencial para mejorar el rendimiento y la eficiencia en el campo.
Pável Isa Contreras, ministro de Economía, compartió su preocupación por la seguridad alimentaria del país. Afirmó que, aunque la eficiencia sigue siendo un aspecto importante, el enfoque actual está más orientado hacia la seguridad alimentaria.
“Estamos dispuestos a sacrificar parte de la eficiencia si eso nos permite garantizar la producción nacional de alimentos cuando lleguen shocks externos”, señaló. Contreras subrayó que la seguridad alimentaria es un tema de seguridad nacional, y que el Estado debe asumir un rol activo en el financiamiento y apoyo al sector agropecuario. Mencionó que, además de la seguridad alimentaria, es necesario garantizar la seguridad hídrica y energética para asegurar un sistema agropecuario resiliente.
Jaime Aristy Escuder, economista, matemático y catedrático, aportó un análisis numérico sobre la evolución de los precios en el sector agropecuario. Calculó que, desde diciembre de 2013 hasta julio de 2024, los precios en ese ámbito han subido de forma acumulada 80%, mientras en el resto de la economía el aumento ha sido de 50%. “Esto demuestra que hay desequilibrios entre la oferta y la demanda en el mercado agropecuario”, expresó. A pesar de estos retos, se mostró optimista y afirmó que el sector ha demostrado ser capaz de suministrar los alimentos que el pueblo necesita.
En cuanto a posibles soluciones, Escuder mencionó la necesidad de fortalecer instituciones como el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) para amortiguar el impacto de las fluctuaciones en los precios de los alimentos.
Además, subrayó que la innovación y la productividad deben ser el pilar central para garantizar la oferta suficiente de alimentos, siguiendo el ejemplo de países que, a pesar de no contar con abundantes recursos naturales, han logrado la autosuficiencia alimentaria.
Que venga la banca privada
Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola,participó en el debate, señalando que la seguridad alimentaria no necesariamente depende de la producción masiva de alimentos. “El país necesita canalizar recursos, pero no solo a través del Banco Agrícola. Es necesario que la banca privada vea en este sector una oportunidad rentable”, comentó.
Según las cifras que maneja Durán, en 2023, la banca múltiple prestó 801 mil millones de pesos a los sectores productivos, pero solo 21 mil millones se destinaron a la agropecuaria, lo que representa apenas el 2.7% de los fondos. Para él, este bajo nivel de financiamiento refleja una falta de confianza en la rentabilidad del sector, algo que debe cambiar para garantizar un crecimiento sostenible.
José Lois Malkún, economista y analista de políticas públicas, fue enfático en señalar que la agricultura no es rentable en muchos países, pero eso no debe ser un obstáculo para seguir apoyando al sector. Malkún citó el ejemplo de Estados Unidos, donde los subsidios agrícolas alcanzan los 72 mil millones de dólares anuales, y gran parte de esos subsidios van a grandes productores. “El subsidio a la agricultura es esencial, no solo para los pequeños productores, sino también para los grandes. La clave está en garantizar una política de subsidios que permita mantener la producción y proteger a los agricultores”, afirmó.
El economista Andy Dauhajre ofreció una perspectiva crítica sobre el tipo de cambio y su impacto en el sector agropecuario. Desde su punto de vista, la sobrevaluación del peso ha limitado las oportunidades de exportación, lo que ha afectado significativamente al sector.
Lo macroeconómico y el tema de la exportación
“La política macroeconómica ha sido uno de los mayores obstáculos para el crecimiento del sector agropecuario en los últimos años”, sostuvo Dauhajre. Y recordó que, hace 25 años, un estudio del Banco Mundial ya advertía sobre los efectos negativos de una sobrevaluación del tipo de cambio, y los problemas persisten hasta el día de hoy. “Exportamos la mitad de lo que exportábamos en el año 2000, y eso no es culpa del sector agropecuario, sino de las políticas macroeconómicas que se han implementado”, agregó.
De su lado, Henri Hebrard presentó estadísticas que muestran un crecimiento del PIB agrícola del 133% entre 2013 y 2023, mientras que la economía en general creció 97%. Indicó que los datos resaltan el dinamismo del sector, pero también evidencian la necesidad de seguir invirtiendo en tecnología, infraestructura y políticas públicas que impulsen la productividad.
