Ayer, durante el juicio de fondo del caso Odebrecht, el Ministerio Público incorporó varias pruebas para demostrar la participación del imputado Víctor Díaz Rúa en empresas que supuestamente utilizó para lavar el dinero que alegadamente recibió de Odebrecht como soborno.
Con las declaraciones de la testigo María Álvarez de Maio, quien era analista de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, el órgano acusador certificó los informes societarios de las compañías Ingeniería Dominicana y Equipos Pesados (Indoequipesa) S.R.L, Díaz Rúa y Asociados S.A.S. y Constructora Solaris S.A.S.
Álvarez de Maio, sexta testigo que presenta el Ministerio Público, fue quien elaboró los referidos informes societarios de las empresas relacionados a Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas.
“Eran claves para el lavado activos”
El Ministerio Público ha establecido que a través de Indoequipesa el coimputado Conrado Pittaluga, abogado de profesión, lavaba dinero producto de los alegados sobornos dados por Odebrecht a Díaz Rúa, quien, explicó, está relacionado a la compañía ya que su yerno, Leonardo Guzmán Font-Bernard es el socio principal.
En la acusación, el ente persecutor del crimen también indica que, con esta empresa, que agrega, “era clave en el entramado de lavado de activos diseñado por Pittaluga”, en febrero de 2014, se resolvió un préstamo a Solaris (compañía presidida por Díaz Rúa), por la suma de 100 millones de dólares.
“Siendo esta una muestra de las manobras utilizadas para transferir al imputado Víctor Díaz Rúa fondos ilícitos que habían ingresado a Indoequipesa a través de Conrado Pittaluga y la compañía Newport Consulting Ltd, originados en los pagos de sobornos de Odebrecht”, establece el Ministerio Público.
Las pruebas contienen certificaciones de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, certificados de registro mercantil y de estatus sociales de las empresas, entre otras cosas.
Varios documentos que el Ministerio Público quería introducir al juicio no le fueron aceptados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, ya que comprobó que no les fueron notificados a la defensa.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, indicó que a través de los seis testigos que han preservado hasta el momento se han incorporado cientos de pruebas a cargo.
“Los procesos judiciales se ganan aportando pruebas”, dijo.
“Es una pérdida de tiempo”, dice Díaz Rúa
De su lado, Díaz Rúa dijo que la incorporación de estos documentos es “una pérdida de tiempo”. “Ahí no hay nada sospechoso, nada ilegal”, expresó. Ayer, además, se incorporaron informes societarios de las compañías, que son propiedades del imputado Ángel Rondón, Roymar, Adeline Group Corporation y Copadan, con las que supuestamente recibía el dinero para sobornar y ocultó bienes ilícitos. El juicio continúa el próximo lunes a las 9 de la mañana.
