Expertos señalan que modificar eso, sin ajustar la definición de los bienes sujetos al impuesto generaría vacíos legales; dejaría sectores sin obligación
Cambiar el nombre de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) por el de Impuesto al Valor Agregado (IVA) parece que tiene mucho más implicaciones que ir de una simple escritura a otra y podría traer problemas que quizás no se calcularon en el proyecto de reforma fiscal.
¿Cómo se hará el traspaso y qué ajustes conlleva?, les pregunta el periódico elCaribe a los economistas Magín Díaz y Edgar Morales. La conclusión que tiene el primero de estos dos profesionales es que en principio, por hacer una cosa “simpática” se podría complicar, porque el espíritu de lo que quiere hacer el Ministerio de Hacienda es cambiar el nombre y ya. Pero es más enredado que tenerlo en el papel. Tiene sus implicaciones.
Morales explica la razón: En República Dominicana se habla de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios y por eso, una vez se “instale” o se asuma como IVA, queda la duda respecto a lo que pasará con una serie de bienes, que quedarían algo así como “afuera de la sombrilla”.
Contablemente no cambia nada –dice Edgar Morales- porque el Itbis es un impuesto tipo IVA. “Eso es cosmético. Pero ¿Qué no es cosmético? Bueno, no es cosmético tener que decir lo que es un bien industrializado y explicar qué es un bien no industrializado”, plantea.
Y agrega: “Entonces, en ese sentido los impuestos tienen un alcance; tienen bienes exentos y tienen bienes que no están alcanzados. Me refiero a que cuando ponemos Itbis por IVA y quitamos el apellido de industrializado, significa que hay bienes que hoy en día no es que están exentos, es que simplemente no están alcanzados por el impuesto”.
En esa parte citó, por ejemplo, bienes inmuebles, bienes intangibles y bienes financieros que simplemente no están categorizados en el impuesto.
“Hay un tema conceptual detrás, que si no se arregla, simplemente contribuirá a que quede un limbo de si ese bien va incluido o no va incluido en el IVA. Por ejemplo, hablamos de servicios que se pueden prestar desde el exterior de la República Dominicana; esos bienes o servicios que hoy día conceptualmente no es que están exentos sino que no están alcanzados por el impuesto. Y eso queda claro, de hecho, porque todas las leyes tienen reglamentos. Ese tipo de definiciones quedaron bien estipuladas en un reglamento que hizo la gestión de Juan Hernández en el 2011 en la Dirección General de Impuestos Internos”, rememoró el economista Morales.
Advirtió que si en el proyecto de reforma que llegó desde el Poder Ejecutivo al Legislativo no se corrige eso, y eso pasa por alto en una ley, evidentemente que habrá problemas en su aplicación.
Concretamente, se refiere a que luego una actividad industrial equis o un sector equis de la industria, simplemente podrá decir que no debe cumplir con el IVA, por estar fuera de su alcance.
Mientras, Magín Díaz indicó que aparentemente en el diseño del proyecto se pensó que era simplemente cambiar un nombre por otro (Itbis por IVA) para armonizar. “Pero los expertos en administración y en legislación tributaria están diciendo cuidado, que si cambia la definición hay una serie de bienes que van a quedar en un limbo. Probablemente el gobierno diga que eso lo resuelve después… la intención no era gravar o dejar exentos, pero después eso le da discrecionalidad a la administración. Eso es un tema muy técnico que claramente no se abordó en la redacción del proyecto”, aseguró Magín Díaz en respuesta a una de las preguntas sobre el tema en el periódico elCaribe. Acudió como invitado de la entrevista especial y en ese encuentro habló “largo y tendido” de ese tema.
El viernes pasado, el ministro de Hacienda, en una entrevista con CDN37 informó que el proyecto que actualmente está “sobre la mesa” tuvo varios años de preparación y estudio.
En la plática con Magín, se le comentó sobre las reacciones adversas que ha generado la propuesta diseñada por el gobierno, ya enviada al Congreso, y lo “odiosa” que se ven algunas partes de la pieza en distintos litorales, incluido el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), los industriales, el sector exportador y los constructores de viviendas.
¿Se trabajó para el 75 % de consenso?
¿Cuál es el proceso subyacente en una reforma de esta naturaleza en cuanto a la técnica; dónde y cuándo se negocia… es antes o en el Congreso?, se le pregunta al exdirector de Impuestos Internos Magín Díaz.
“Bueno, mi experiencia era que se negociaba en los dos lados. Primero se llegaba a un consenso dentro del Gobierno, entre el Ministerio de Hacienda, Economía y las dos recaudadoras, es decir, la Dirección de Aduanas y la DGII. Se consensuaba con esas cuatro instituciones y cuando el presidente aprobaba la versión, digamos consensuada de su equipo completo, a veces también se consultaba al Banco Central, por ejemplo, para temas inherentes al sector financiero”, explicó Magín. Luego de ese proceso, entonces se trataba de hacer consenso con los principales gremios. “Claramente, a veces se hacía públicamente a través del Consejo Económico y Social, o a veces se negociaba directo para que la propuesta llegara al Congreso más o menos en un 70 o 75 por ciento consensuada. Siempre el Congreso hacía algunos cambios; recibía más sectores y así. Ahí se hacían también cambios, pero ya más pequeños. Así era como se hacía antes. El Gobierno, pues, ahora decidió ir directo al Congreso y uno supone que tiene su estrategia”, agregó Magín Díaz.
¿Está bien ir directo al Congreso, sin haber consenso y ver qué dicen los gremios? “Ya veremos, porque el objetivo del Gobierno parece, es lograr que esté aprobada este año”, respondió.
¡Cuidado!
El gobierno tiene mayoría (de senadores y diputados) en el Congreso. Si quisiera podría aprobar la reforma fiscal.
Lo que ocurre
“SIEMPRE, cualquier alza de impuestos va a tener reacciones negativas”, dice Magín. Reconece que la reforma es necesaria.
