Por muchos años, diversos sectores han propugnado por una reforma que beneficie más al trabajador dominicano
Por 17 años, diferentes sectores del país han enarbolado la necesidad de modificar la ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano sobre Seguridad Social, sin que hasta la fecha, esas intenciones hayan pasado al plano de lo concreto.
Se ha trabajado en algunos puntos, como el de la comisión complementaria que cobran las administradoras de los fondos de pensiones, pero ir directamente a la parte medular que se quiere reformar de la normativa ha resultado imposible.
El paso más reciente, sobre una parte específica de la ley lo dio hace varios días la presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), Kirsis Jáquez, cuando presentó a la Comisión de Seguridad Social del Senado que estudia la modificación a la Ley 87-01 los fundamentos de la propuesta de esa entidad con miras a lograr mayores beneficios para los afiliados al régimen de capitalización individual administrado por las AFP. Por años se ha insistido en que con las modificaciones que pretende realizar –especialmente el Gobierno- se procura mejorar la competitividad de las empresas, mejorar la salud de los trabajadores, reducir el ausentismo laboral y mejorar la productividad; bajar las cargas financieras que representa para las empresas cuando los trabajadores enferman y proveer mayor seguridad y protección a los trabajadores a la edad de la jubilación.
Y se citan problemas que persisten, como la evasión y exclusión; empleadores virtuales y evasores; aumento creciente de la doble cotización de parte de los empleadores y trabajadores, así como tasa de reemplazo en pensiones proyectadas muy bajas. También se critica las altas tasas de comisiones de las AFP, que se traducen en rentabilidad desmedida, baja cobertura de pensiones y baja diversificación en los fondos de pensiones.
Algunos entendidos en la materia sugieren que en el campo de las pensiones, resulta impostergable la reducción de las comisiones de las AFP, la indexación de las pensiones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor, el aumento de las cotizaciones para acelerar el crecimiento del fondo de pensión, y evitar pensiones de miseria al momento del retiro de los trabajadores. Y sugieren diseñar modalidades de afiliación, recaudo y pago más acordes con las características laborales y económicas de las pequeñas y microempresas, así como de los profesionales y técnicos independientes.
La propia Superintendencia de Pensiones (Sipen) ha advertido que el 50% de los trabajadores no podría pensionarse en el país porque los mismos no llegarían ni a 200 cotizaciones, y la legislación plantea que se requieren, por lo menos, 300 cuotas.
“Es que entran y salen a un empleo. No les va a dar el dinero. Y fíjese, la ley establece que se necesita un mínimo de 300 cotizaciones para tener acceso al fondo de solidaridad social.
Nosotros estamos tratando de bajar eso a 240, porque soporta a 240”, ha dicho la Sipen. Sin embargo, desde otras instituciones del propio Estado, como Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) entienden que la cotización debe ser mayor y que para ello se requiere extender la edad para el retiro de 60 a 65 años.
La Sipen ha dicho que el 99% de los afiliados tardíos al Sistema Dominicano de Seguridad Social no se podrá pensionar, porque no contaría con los recursos necesarios para optar la pensión mínima que plantea el régimen de pensiones.
Al año 2014 había 420,000 afiliados de ingresos tardíos, y de ese total al 95, 97 ó 99% no le daba el dinero para pensión. Uno de los temores que hay es que como está creado el Sistema, las pensiones que recibirán los afiliados vayan bajando hasta agotar los recursos acumulados durante su vida útil, y luego las personas en cuestión tendrían que solicitar al Estado otra pensión de solidaridad.
La Sipen ha indicado que la solución a varios problemas que se han detectado en el Régimen de Pensiones debe buscarse con la modificación de la Ley 87-01.
A finales de 2016 el entonces director del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Chanel Rosa, informó que el proyecto de reforma que instituye el régimen de Seguridad Social estaba listo y que podría ser sometido a las cámaras legislativas antes de que finalizara ese año. No pasó.
Tres años antes, en 2013, las AFP y la Superintendencia de Pensiones (Sipen) lograron un acuerdo, mediante el cual las primeras bajaron de un 30% a 25% la comisión complementaria que cobran por administrar los fondos de pensiones. Para entonces, el diputado Ramón Cabrera, quien ha seguido muy de cerca el tema aseguraba que las AFP recibían más de RD$5,000 millones por rentabilidad, y advirtió que eso iba en detrimento de una pensión más digna para los trabajadores.
Hace cinco años la Cámara de Diputados asumió la modificación de la ley 87-01. Para entonces el presidente del organismo, Abel Martínez, dijo que en los años de su aplicación se ha demostrado que constituye una inequidad porque sólo ha beneficiado a los empresarios que administran fondos de pensiones y las administradoras de Riesgos de Salud.
En ese sentido, fue conformada una comisión especial, a petición del vocero en ese momento del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rubén Maldonado, para discutir los cambios y se le concedió un plazo de 30 días para que presentaran un informe al pleno. Maldonado fue luego el presidente de la Cámara Baja (del 16 de agosto de 2017 al 16 de agosto de 2018) y en su gestión tampoco se alcanzó el objetivo de la reforma a la ley. En la ocasión la ADAFP dijo a una comisión especial de diputados, que considera innecesario proponer cambios a la Ley 87-01, y que “Vemos con preocupación que se emitan llamados en cierta medida precipitados a modificar la ley, sin realizar los análisis y diagnósticos que amerita el sistema y sin realizar los estudios y peritajes y sustentos técnicos necesarios para ello”, dijo en el momento Kirsis Jaquez, presidenta ejecutiva de la asociación. Y manifestó que ese tipo de llamados pueden generar innecesariamente ansiedad y preocupación al trabajador dominicano, ya que pone en duda el futuro del ahorro acumulado en sus cuentas de retiro y puede asimismo generar incertidumbre en los demás actores económicos, que de manera directa e indirecta, están relacionados con el sistema por el financiamiento por parte de los fondos de pensiones administrados por las AFP.
En noviembre de 2016, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que el Poder Ejecutivo contemplaba someter ese mes al Congreso el proyecto de modificación dela Ley 87-01 con el objetivo de mejorar los servicios a los afiliados. “Lo que se está buscando es mejoría en los aspectos de salud, pensiones, accidentes laborales y todos los regímenes”, se informó para entonces. De otro lado, el diputado Fidelio Despradel ha pedido que en la reforma a la normativa se sustituya el modelo de capitalización individual por un fondo solidario o de reparto y la eliminación de las AFP privadas para dar paso a una administradora única y de carácter público.
La visión de un ministro y de Arismendi Díaz
En septiembre pasado el ministro de Trabajo, Winston Antonio Santos, planteó que si no se cambia el régimen previsional existente, la única salida que tienen los trabajadores en el país para recibir una mejor pensión a la hora de retirarse es aumentar la contribución, contar con mejores salarios y prolongar la edad de retirarse de 60 a 65 años. Durar más tiempo cotizando”, aseguró Santos, entrevistado en el Almuerzo Semanal de Multimedios del Caribe.Mientras, Arismendi Díaz, primer gerente general que tuvo el CNSS, planteó que elevar la edad para el retiro y la pensión de 60 a 65 años en el país es una necesidad imperiosa.
