A lo largo de la última semana, el panorama de la epidemia del SARS COVID 2 sigue siendo muy similar al de semanas anteriores: el número total de casos positivos detectados continúa creciendo y la curva no da señales de aplanarse.
Además, el número de nuevos casos por día continúa comportándose de manera muy similar al número de pruebas hechas. Cuando el número de pruebas crece, también lo hace el número de casos positivos, y cuando las pruebas declinan, los casos se reducen. Esto reitera que el contagio es mucho más extendido de lo que las cifras muestran y que, en realidad, no sabemos que está pasando.
Hay, sin embargo, dos puntos positivos. El primero es que el porcentaje de casos positivos con relación al número de pruebas se ha ido reduciendo de forma lenta pero sostenida. Mientras durante la primera semana de abril, el número de positivos fue equivalente al 34% del total de pruebas, en los últimos siete días de ese mes fue menos de 27%, y entre el 7 y el 13 de abril fue 24%. El segundo es que se ha venido incrementando la capacidad de atención del sistema de salud y se ha fortalecido la capacidad de responder a un incremento del número de personas que requieran hospitalización y cuidados especiales.
Una reapertura restringida y riesgosa
En días recientes, la discusión se ha concentrado en la forma que debe adoptar un proceso de reapertura de las actividades económicas. Esto incluye no sólo el momento en que ésta se autorizará para cada una de ellas, sino la forma que podránhacerlo adoptando normas específicas de sanidad y seguridad.
La solicitud que el Presidente hizo al Congreso para autorizar la prolongación del estado de emergencia supone que el Gobierno está buscando retener el poder extraordinario que le da dicha autorización para lograr que ese proceso sea lo más ordenado posible, de tal forma que se reduzcan los enormes riesgos que entraña la reapertura.
Al respecto, hay que reconocer dos cosas que son de alguna manera contradictorias. La primera es que la gradualidad de la reapertura implicará que la “normalidad económica” no se alcanzará de inmediato y varias restricciones económicas permanecerán. Esto influirá, por poner uno de los ejemplos más obvios, en el número de clientes que podrá ser atendido simultáneamente en un negocio, lo que significa que las ventas se mantendrán limitadas.
La segunda es que este período de cuarentena ha mostrado que el Estado no tiene todo el poder necesario sobre la sociedad para imponer el cumplimiento estricto de las normativas anunciadas. Ese poder es mayor sobre las actividades formales de la economía y menor sobre las informales, especialmente porque, en contraste con las formales, las informales e incluso las formales de menor tamaño, son ejercidas por un número muy elevado de negocios distribuidos en todo el territorio nacional, son muy vulnerables al cierre y su paralización compromete la sobrevivencia material de quienes participan en ellas.
Lo preocupante de eso es que esa débil capacidad de hacer cumplir las normativas sobre un amplio espectro actividades implica que el riesgo de un incremento significativo del contagio como resultado de la reapertura puede ser muy elevado.
Las municiones para la recuperación
La pregunta que todo el mundo se hace es qué tan rápido podría la economía recuperar el nivel de actividad observado previo a la crisis sanitaria. Desafortunadamente, la respuesta no es esperanzadora. Es muy probable que será una recuperación muy larga por dos razones. La primera porque, como he argumentado antes, esta crisis tiene una capacidad mucho mayor que otras para destruir empresas y negocios porque, antes que hacer declinar las ventas y el ingreso, los reduce a cero. Esa destrucción implica que la recuperación requerirá de crear nuevas empresas y reconstituir la capacidad productiva perdida, algo que toma mucho más tiempo que en el caso que sólo se requiriese aumentar la producción de las unidades productivas en pie.
La segunda, porque la crisis está matando las fuentes de divisas, un elemento crítico para el crecimiento. Su recuperación es muy incierta y no está en nuestras manos. Esos ingresos imponen un claro límite a la capacidad de crecer porque muchos de los bienes de inversión son importados. También muchas materias primas e insumos, incluyendo los combustibles, así como bienes de consumo final. Hasta que no se recuperen los ingresos corrientes de la Balanza de Pagos, no se recuperará el nivel de actividad de forma definitiva.
En la República Dominicana, las exportaciones de bienes y servicios, equivalente al 25% del PIB, los ingresos corrientes de la Balanza de Pagos (exportaciones, turismo, remesas) equivalen al 30% del PIB y el comercio internacional en sentido amplio equivale al 50%.
El financiamiento interno
Sin embargo, en el corto plazo hay espacio para apoyar la recuperación y este reside en la capacidad del Estado para gastar. En lo inmediato, el único ente con la fuerza necesaria para reactivar la demanda agregada es el Estado a través el gasto público. Aunque los ingresos tributarios se han reducido drásticamente y continuarán siendo bajos en el futuro próximo, el propio gobierno ha demostrado en los últimos días que hay recursos internos suficientes para apoyar el financiamiento público e impedir que el gasto público se contraiga.
El Gobierno ha anunciado un incremento en el financiamiento para cubrir el aumento en la brecha fiscal por cerca de 110 mil millones de pesos o el equivalente a 2.2%-2.3% del PIB de 2019. Esto es el doble de lo que se había previsto en el presupuesto de 2020. De ese total, más del 60% (unos 66 mil millones de pesos) está siendo cubierto con financiamiento interno, de lo que casi el 80% (52 mil millones) proviene de liquidez del Banco Central.
Ese financiamiento del Banco Central incluye los 40 mil millones de pesos que las AFP compraron en títulos del Ministerio de Hacienda. Para la operación, las AFP usaron los recursos que obtuvieron al liquidar un monto similar de títulos del Banco Central. Por eso, en el fondo, se trató de una emisión de dinero que hizo el Banco Central en apoyo al presupuesto público a través de las AFP. Fue una operación ingeniosa que puso dinero donde mucho se necesita sin mayores riesgos de inflación.
Si hay un momento en el que el financiamiento monetario (del Banco Central) del déficit público es necesario y posible es este, porque el riesgo inflacionario es reducido. Los precios del petróleo y otras materias primas están en mínimos históricos y la capacidad ociosa de la economía es muy alta. Esto último significa que, en lo inmediato, si la demanda aumenta, la producción podría aumentar sin que los precios suban. Cuando no hay capacidad ociosa, el aumento de la demanda lo que hace es incrementar los precios. Ese no es el caso en este momento. En febrero y marzo, la inflación fue negativa, especialmente por la reducción en los precios de los combustibles. Eso significa que los precios medios al consumidor, en vez de subir, declinaron.
Desafortunadamente, ese momento no va a durar para siempre. De hecho, podría ser muy corto, de unos pocos meses. El límite de ese mecanismo será la disponibilidad de divisas. Si el aumento de la demanda interna financiada con recursos domésticos no tiene, a mediano plazo, un respaldo en divisas, la reactivación de la economía no podrá continuar. El crecimiento de la demanda, al no encontrar suficiente respuesta en la oferta y la producción por falta de divisas, se va a traducir en aumento de precios y del tipo de cambio y en reducción del salario real, ergo, más pobreza.
El financiamiento externo
De allí la importancia de reanimar las fuentes de divisas lo más pronto posible y, en el interregno, lograr financiamiento externo suficiente que abata la escasez y abra espacio para el crecimiento.
Por el momento, no hay indicaciones de que el gobierno esté adelantando gestiones de financiamiento externo suficiente para impulsar un robusto programa de recuperación. Lo evidente es que apenas está cuadrando las cuentas frente a la caída en las recaudaciones y el incremento en los requerimientos de gasto inmediatos asociados a las intervenciones en salud y en protección social. Presumiblemente, lo hace porque su gestión terminará el 16 de agosto.
Si ese fuese el caso, vale un fuerte llamado a recapacitar, a mirar más allá de la curva y a adoptar una postura de Estado. Al final, redituará más en términos políticos que una mezquina que deje el rancho en llamas y el agua cortada. Si, por el contrario, ha avanzado gestiones, valdría el reconocimiento de todos y un llamado a que informe a la sociedad al respecto.
