Héctor Valdez Albizu dice medida afectaría la estabilidad y el crecimiento económico y provocaría fuga de capitales
El gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Junta Monetaria, Héctor Valdez Albizu, expresó su oposición a la modificación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, para permitir a los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) el retiro de hasta un 30% de sus ahorros, “por las consecuencias negativas y perversas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico”.
En un artículo sobre el tema, Valdez Albizu consideró “desafortunada e improcedente” esta propuesta legislativa puesto que habría que disponer de más de RD$173,000 millones para devolver en efectivo a los afiliados, lo que implicaría un aumento desproporcionado de la emisión monetaria de más de un 64% respecto al nivel actual. El artículo se publica integro en otra parte de esta edición.
En adición, alertó que esta situación generaría un exceso de demanda de bienes y servicios que, en la coyuntura actual, con una producción ralentizada, provocaría altos niveles de inflación que reducirían el poder adquisitivo de las personas, deteriorando el valor de sus ingresos y ahorros, y por ende su capacidad de consumo, lo que afectaría de manera más perniciosa a los hogares vulnerables y de menores ingresos e incrementaría los niveles de pobreza. “Estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera más permanente que requeriría años revertir”, sentenció Valdez Albizu.
El gobernador añadió que dicho proceso inflacionario y de mayor incertidumbre en los agentes económicos se traspasaría al mercado de divisas a través de un exceso de demanda de moneda extranjera, ocasionando una depreciación desproporcionada del tipo de cambio, generaría fuga de capitales y frenaría la inversión extranjera directa.
El funcionario consideró que el único resultado de dicha propuesta sería “un retroceso a un escenario de crisis similar al del año 2003, que generó un costo para el país en torno a un 20% del producto interno bruto”.
Señaló que de obtenerse la liquidez a través de una recompra de títulos por parte del ministerio de Hacienda, se desviarían cuantiosos recursos que el gobierno necesita destinar a la asistencia de los sectores más afectados por las medidas para disminuir la propagación de la COVID-19.
Indicó además que permitir el retiro anticipado de los ahorros de los fondos de pensiones afectaría a los propios trabajadores, quienes al final verían disminuidas sus pensiones en torno a un 25% o tendrían que extender su edad de retiro entre 2 y 4 años, para alcanzar el mismo nivel de pensión que hubieran obtenido en caso de no haber retirado anticipadamente los recursos acumulados.
Valdez Albizu también consideró sin fundamento la alternativa de que el Banco Central sea garante de un fondo especial con cargo al cual las entidades de intermediación financiera entregarían a los trabajadores el equivalente de hasta el 25% del saldo acumulado en sus cuentas de capitalización individual, ya que entra en contradicción directa con las disposiciones de la Constitución de la República y de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.
En ese sentido, recordó que el Banco Central es un órgano con autonomía constitucional y como tal debe actuar con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado y que el Artículo 15 de la Ley Monetaria y Financiera prohíbe al Banco Central otorgar financiamientos que conlleven algún tipo de subsidio, ni tampoco garantizar obligaciones de otros, ni dar aval, ni garantía personal, ni asumir obligaciones de terceros.
En su documento, el gobernador Valdez Albizu señaló que el gobierno dominicano ha realizado un esfuerzo fiscal extraordinario, implementando medidas concretas y focalizadas dirigidas a auxiliar a las familias con menores recursos económicos y en apoyo a las empresas y sus empleados. En adición, ha gestionado y obtenido apoyo financiero de organismos internacionales para continuar implementando estas medidas y expandirlas a otros segmentos de la población
Reiteró que el Banco Central y la Junta Monetaria han dado facilidades monetarias y financieras por más de RD$100 mil millones y US$622.4 millones para proveer liquidez a las entidades de intermediación financiera y contribuir con la dinamización del crédito al sector productivo nacional y a los sectores que demandan moneda extranjera. Igualmente, informó que ha colocado más de US$1,600 millones s a través de la Plataforma Electrónica de Divisas para contribuir a la estabilidad del mercado cambiario.
Finalmente, resaltó la aprobación reciente por parte del Fondo Monetario Internacional de US$650 millones, equivalente al 100 por ciento de la cuota del país ante dicho organismo, como asistencia financiera de emergencia para atender necesidades de la balanza de pagos derivadas de la pandemia de la COVID-19. l
Posición institucional y personal de rechazo
Héctor Valdez Albizu expresó su posición desde tres perspectivas, según precisa en su escrito. “Finalmente, expreso mi oposición personal, y en calidad de Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria, a las referidas iniciativas legislativas por las consecuencias negativas y perversas que derivarían sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, la estabilidad y el crecimiento económico. De ser acogidas, estaríamos como nación propiciando convertir una crisis sanitaria de carácter transitorio en una crisis económica y financiera de carácter más permanente que requeriría años revertir”. Enfatizó en las consecuencias negativas que se producirían de ser aprobada la propuesta legislativa, además del retroceso que habría en el país en materia de Seguridad Social.
