El Tribunal Constitucional (TS) está pendiente de fallar un recurso de inconstitucionalidad sometido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y diez asociaciones empresariales.
Se trata de un recurso de “Inconstitucionalidad Sobrevenida” interpuesto por un grupo de empresas del país que se oponen a la vigencia de la concesión por parte del Estado en 2002, a la empresa de carpeta ICSSI,S.A., para la verificación digital por rayos “X” de la carga en todos los puertos del país.
A raíz de esta concesión y sus presuntos procedimientos irregulares, la Dirección General de Aduanas (DGA), en enero del 2005, suspendió los servicios de inspección establecidos en dicho contrato, que fue refrendado por el Congreso Nacional mediante la Resolución 188-03 del 14 de agosto de ese año, y cuyo Reglamento Operativo fue ordenado por el decreto 675 del 15 de julio del 2003.
El decreto 675 dispone que la DGA debía aplicar los porcentajes y procedimientos correspondientes del sistema de inspección señalados. Por el estado de inconstitucionalidad sobrevenida, el Conep y diez asociaciones empresariales interpusieron por ante el TC un recurso de oposición desde el 2 de mayo de 2013. La demanda de acción directa de inconstitucionalidad está pendiente de fallo en el TC. Juristas consultados opinan sobre la inconstitucionalidad y el vacío jurídico que envuelve el acuerdo de referencia. Explicaron que una firma de carpeta se caracteriza por no haber ejercido ningún tipo de actividad económica o empresarial. Relatan que en la celebración de ese contrato, no fue celebrado un concurso de oposición entre iguales, ni se publicitó.
