Julio Virgilio Brache, primer vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió que en República Dominicana la industrialización y la sostenibilidad deben ir de la mano.
Dijo que tanto él como el Conep apoyan una Ley de Residuos Sólidos justa, basada en incentivos justos y cargas equitativas y en infraestructuras eficientes, que promuevan la competitividad de la industria nacional.
“El fideicomiso propuesto en la modificación de la Ley de Residuos Sólidos implica un impacto de más de 25,000 millones de pesos sobre las industrias”, calculó. “Y no solo a las industrias, eso impacta al sector financiero, al sector de comunicaciones, al sector de empresas, al de minería y a los medios de comunicación. Donde quiera que tú te muevas esa ley impacta. Nos extrañó la forma, de un gobierno que viene con buena comunicación, haciendo buenas alianzas con el sector privado, que de repente haya pasado una ley así (esa de residuos sólidos) un 7 de enero, como regalo de reyes. Nos extraña. Y mucho más que se haya pasado con un cambio total a lo que descansaba ahí. Hay muchos artículos que se habían debatido, que fueron cambiados. ¿Por qué fueron cambiados? No sé. Hemos hecho un análisis y vemos un impacto de nuevos impuestos para todo el mundo. Esto es, empresas, industrias, banca. Son 25 mil millones de pesos año. Imagínate que hay 250 grandes empresas que van a pagar eso. Estamos hablando de 100 millones de pesos por empresa; por cabeza. Esto es prácticamente un antes y un después para los resultados financieros de una empresa”, calculó el empresario Brache, en el abordaje del tema con elCaribe.
“Estamos hablando de que tú puedes caer en rojo fácilmente, con un impuesto que te coloquen de la noche a la mañana, de 100 millones de pesos por cabeza, por empresa. Ahí no se escapa nadie; pero peor que eso es que el Estado está afectado. Y yo no me explico cómo el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos no han opinado nada sobre eso. Tú le estás distrayendo al Gobierno central, para dárselo de los ayuntamientos en exceso”, agregó Julio Virgilio Brache.
“También, el otro número que tenemos es que eso se arregla con 5,000 millones de pesos, no con 25 mil millones, como está propuesto ahí, en el Proyecto de Ley de Residuos Sólidos, para manejar los fideicomisos y todo lo que se necesite para los residuos sólidos. Aquí hay un número que no cuadra, y eso es lo primero que tenemos que resolver. Ahora, hay muy buena disposición de parte de la Cámara de Diputados para hacer un acercamiento y el presidente Alfredo Pacheco ha hecho un acercamiento de la Cámara de Diputados para que escuchemos y hacer las vistas públicas, para ver cómo ese proyecto de ley se puede mejorar, como consideramos, y los artículos que afectan a todo el mundo en este país”, apuntó.
Brache indicó que el sector privado ha liderado iniciativas de reciclaje y economía circular antes de que existieran regulaciones obligatorias. “Exigimos que la normativa fomente este tipo de inversiones, en lugar de imponer cargas desmedidas que no consideran la realidad del sector”, dijo.
“En 2027, la ley exige que las industrias usen un 30 por ciento de resina reciclada, cuando España, con más de 20 años trabajando en esto, no ha logrado esa meta. Necesitamos plazos realistas y políticas de apoyo para cumplir con estos objetivos. El 60 por ciento de los municipios del país carece de infraestructura adecuada para la gestión de residuos. En vez de cargar a las industrias con tributos desproporcionados, debemos garantizar que los fondos existentes se usen con transparencia y eficiencia”, advirtió.
Lo ílícito y la competencia desleal
En otra parte de la conversación, el empresario Julio Virgilio Brache expuso que el comercio ilícito es un ataque directo a la industria formal.
“Gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Industria y Comercio y la Mesa de Ilicitos, en 2025 ya se han incinerado más de 6.4 millones de productos ilegales, incluyendo tabacos, medicamentos falsificados y alcohol adulterado. El comercio ilícito no solo afecta la recaudación fiscal, sino que pone en riesgo la salud de los dominicanos. En lo que va del 2025, más del 75 por ciento de los productos decomisados corresponden a productos aviares de contrabando. Esto representa un grave peligro sanitario que debemos frenar con controles más estrictos”, expuso.
No es cómodo ver que otros evaden impuestos
Julio Brache aseguró que las industrias formales cumplen con regulaciones, generan empleos y pagan impuestos. Mientras tanto, el comercio ilícito evade tributos y destruye la competitividad de los negocios que sí aportan al país. Urge reforzar los mecanismos de persecución y sanción contra estas prácticas. “El sector industrial dominicano genera más de 350,000 empleos formales. Defender nuestra producción es defender el empleo, la inversión y la estabilidad económica del país”, planteó.
En referencia al sector eléctrico, el primer vicepresidente del Conep dijo: “Valoramos la inversión de 450 millones de dólares anunciada por el gobierno para fortalecer la transmisión eléctrica. Este es un paso clave hacia un sistema más confiable y eficiente. Instamos a garantizar un uso estratégico y transparente de estos fondos para maximizar su impacto y asegurar un servicio eléctrico estable y sostenible”.
Desde su punto de vista, la optimización de la gestión de las empresas distribuidoras es esencial para fortalecer la sostenibilidad financiera del sector. Aseguró que es fundamental impulsar tecnologías de medición avanzadas.
