Este sector ha mantenido una postura crítica y propositiva frente a las medidas impositivas discutidas y aprobadas
El empresariado dominicano, representado principalmente por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), ha sido un actor clave en el debate sobre las reformas fiscales en el país.
Este sector ha mantenido una postura crítica y propositiva frente a las medidas impositivas discutidas y aprobadas en diversas ocasiones, y ha argumentado que muchas de ellas afectan la competitividad y el clima de inversión en República Dominicana.
Por ejemplo, durante la reforma fiscal de 2012, la cúpula empresarial manifestó inquietudes con las medidas que proponían un incremento en la carga tributaria sobre las empresas. Alegó que las nuevas imposiciones fiscales podrían tener un impacto negativo significativo en la competitividad del país y en la atracción de inversiones extranjeras.
En lugar de aumentar los impuestos, el Conep propuso alternativas enfocadas en mejorar la eficiencia del gasto público (proyectado es más de un 40% por encima del año anterior) y en intensificar la lucha contra la evasión fiscal, sugirió también que las medidas podrían ser más efectivas para aumentar los ingresos del Estado sin afectar a las empresas.
En 2009, con Lisandro Macarrulla a la cabeza, el Conep favoreció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para dinamizar la economía, pero se mostró en desacuerdo con una reforma tributaria, al enfatizar la necesidad de controlar el gasto público en lugar de aumentar impuestos.
En 2010 el sector empresarial expresó preocupación por las posibles medidas de aumento de impuestos, advirtió además sobre los efectos negativos en la competitividad y el empleo. Se destacó la necesidad de transparencia y consulta pública en cualquier cambio fiscal.
En 2011, de acuerdo con una revisión de las publicaciones de prensa (sustentadas en informes y declaraciones de la institución privada) el Conep propuso modificaciones al proyecto de reforma tributaria gubernamental, enfocadas en aumentar el ahorro proyectado, la tasa de impuesto sobre la renta para personas jurídicas y establecer un impuesto selectivo al consumo de retiro de efectivo en bancos.
Y en 2012 subrayó la necesidad de una reforma fiscal integral y la importancia del sector eléctrico en esta reforma. Se destacó la importancia de la participación de todos los sectores en el diálogo sobre la reforma. En 2015 desde el ámbito empresarial se presentaron propuestas de desarrollo, incluida la modificación del Código Laboral y una reforma fiscal estructural. Se destacó la importancia de buscar un equilibrio que logre los objetivos de recaudación gubernamental y el uso adecuado de los fondos.
Las propuestas de desarrollo que planteó el sector privado en ocasión de la Octava Convención Empresarial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), en 2015 fueron en esencia la segunda parte de las reformas económicas estructurales realizadas en la década de los 90. Sin embargo, las sugerencias no abarcaron todos los temas que en aquella ocasión se reformaron.
En la década de los 90 se lograron las tres grandes reformas económicas que se han hecho en el país: la arancelaria (cuya urgencia fue tal que primero se hizo administrativamente), la laboral y la tributaria, con la creación del Código Tributario (Ley 11-92), para los entendidos, la única reforma tributaria que se ha realizado en el país porque además de tocar los dos grandes impuestos que existían, el Impuesto sobre la Renta y el Itbis, también eliminó una serie de cargas de poco rendimiento y una serie de leyes de incentivos fiscales.
Lo que se planteaba desde el ala empresarial en 2015 eran esencialmente cambios estructurales en materias laboral y fiscal, sin tocar la parte arancelaria, área esta que por la cantidad de tratados comerciales que el país ha firmado a partir de los años 90, no parecía ser una preocupación, al menos en cuanto a su efecto impositivo en la importación de bienes, con excepción del elemento proteccionista que pudiera tener en bienes no producidos por los socios comerciales. Tres de las cinco propuestas que formaban el centro de los 47 puntos que el sector privado entendía “prioritarios”, parecieron materia para el gobierno que comenzó el 16 de agosto del 2016.
Entre 2016 y el 24
Modificar el Código Laboral y realizar una reforma fiscal estructural fueron el corazón de las cinco propuestas básicas que el Conep les presentó en 2016 a los candidatos presidenciales que asistieron a la clausura de la convención. Ambas peticiones tuvieron alcance de reforma estructural.
En el actual año 2024, a través de su presidente Celso Juan Marranzini, el Conep ha favorecido una reforma fiscal que aborde específicamente el tema eléctrico como parte fundamental. Destaca la necesidad de diálogo y participación de todos los sectores en la reforma.
“La reforma es importante debido a que hay aspectos impostergables que se deben tratar para así asegurar que en 20 o 30 años se pueda decir, a quienes pregunten al respecto, que las medidas que se tomaron permitieron que el país avanzara durante esas últimas décadas. El corazón de la reforma fiscal es el tema eléctrico, ahí están los recursos para poder aliviar cualquier medida fiscal que se requiera en el corto plazo”, planteó Marranzini, en el abordaje del tema Julissa Céspedes en el programa 55 minutos que transmite CDN Canal 37.
Además de sus propuestas en el ámbito tributario, el empresariado dominicano ha sido un crítico constante de las políticas de gasto público de los gobiernos (cuando no es de calidad).
Cuando la gestión ha sido ineficiente, lo ha dicho
Los empresarios han señalado en varias ocasiones que una gestión ineficiente y la corrupción en el manejo de los recursos públicos son problemas graves que afectan negativamente a la economía del país.
En este sentido, han instado –en distintas gestiones de gobierno- a implementar medidas más estrictas de control y transparencia en el uso de los recursos públicos. Entre las propuestas específicas, han destacado la necesidad de auditorías independientes y la creación de organismos de supervisión que puedan monitorear y evaluar el gasto público de manera efectiva.
“El impacto de las reformas fiscales en el sector empresarial ha sido significativo”, han explicado. Según las evaluaciones hechas por años, las alzas de impuestos y creación de nuevas cargas tributarias han elevado los costos operativos de las empresas, lo que afectó su rentabilidad y capacidad de inversión. En respuesta, se ha enfatizado en la necesidad de políticas que promuevan la estabilidad económica.
