En los últimos 16 años, Edenorte, Edesur y Edeeste, acumulan una pérdida ascendente a US$16,307 millones. Si esas pérdidas no se hubiesen producido, la deuda del sector público consolidado habría sido de US$55,218 millones en 2024, equivalente a 44.4% del PIB, mucho menos preocupante que el 57.5% que registramos. El año pasado, el déficit de las EDE alcanzó la suma de US$1,735.4 millones, equivalente a 1.4% del PIB. El déficit del Gobierno Central, el cual ascendió a 3.1% del PIB en el 2024, habría sido de sólo 1.7% si las EDE hubiesen cerrado el año sin déficit. Con una deuda pública consolidada de 44.4% del PIB, un déficit fiscal de apenas 1.7% del PIB y un crecimiento económico de 5.0%, no hay dudas que ya estaríamos en el grupo de países calificados con grado de inversión.
La mayoría de los analistas entienden que la causa fundamental de las pérdidas de las EDE reside en el hecho de que un porcentaje creciente de la energía que las EDE compran a los generadores no es cobrada a los usuarios del servicio, sea porque la misma no es facturada o porque aun siéndolo, existen ineficiencias administrativas que impiden el cobro de la totalidad de esta. Si el año pasado las EDE hubiesen registrado el 29.6% de las pérdidas por energía comprada no cobrada de 2019, estas habrían reducido su déficit en US$342.3 millones. En otras palabras, el déficit de las EDE en 2024 se habría reducido en 19.7%, cerrando en US$1,393.1 millones. Sin lugar a dudas, la no facturación de energía comprada y el no cobro de la energía facturada son tareas pendientes de gran importancia, pero no son las únicas.
El año pasado las EDE compraron la energía a los generadores a un precio promedio de 15.10 centavos de dólar el kWh y lo vendieron a los usuarios a 16.81, lo que arroja un margen o valor agregado de distribución (VAD) de apenas 1.71 centavos de dólar por kWh. La situación es más grave si se tiene en cuenta que el VAD efectivamente cobrado es negativo en -5.10 centavos de dólar el kWh, si ajustamos por la energía comprada no facturada y la facturada no cobrada. ¿Qué habría pasado con el déficit de las EDE en 2024, si la Superintendencia de Electricidad hubiese autorizado a las EDE a operar con el VAD de 6.52 centavos por kWh de 2016, lo que habría requerido reducir en 4.81 centavos de dólar por kWh el desfase o retraso en la tarifa que hemos acumulado? Las EDE habrían recibido US$585.5 millones adicionales de ingresos. En lugar de un déficit de US$1,735.4 millones en 2024, el regreso a los parámetros de 2019 para la energía comprada no facturada ni cobrada (29.6%) y de 2016 para el VAD (6.52 centavos de dólar por kWh), habría permitido a las EDE cerrar el año pasado con un déficit de US$807.6 millones, equivalente a 0.64% del PIB.
Como se puede observar, no vamos a poder cortar significativamente el déficit de las EDE si trabajamos con una tijera de una sola hoja. Necesitamos las dos cuchillas: la que despolitice la tarifa y provea un valor agregado de distribución sensato a las EDE y la que erradique el populismo de mantener a una parte de la población exenta de recibir y/o pagar la factura de electricidad, confiriéndole en la práctica un subsidio equivalente al 100% del consumo. Estamos conscientes que para ello se requiere de un fuerte superávit de factor C, una considerable insensibilidad frente al costo político potenciado por el déficit de sentido común que habita en las redes sociales y, sobre todo, una gran capacidad de comunicación del gobierno para explicar, en un dialogo abierto, permanente y prolongado con la sociedad, el porqué es imprescindible este golpe de timón.
Un caso reciente en la región puede arrojarnos luz sobre los costos que se derivan del populismo en la tarifa del servicio de electricidad. Sorprendentemente, sucedió en Chile, el país que marcó las pautas al resto de la región en materia de políticas de mercado y racionalidad económica. Luego del estallido social de octubre de 2019 detonado por el aumento de la tarifa del sistema de transporte público, el presidente Sebastián Piñera, sin hacer mucho ruido, tomó la decisión, comprensible en ese entonces, de congelar hasta nuevo aviso los aumentos programados para la tarifa de electricidad. Ante la proximidad de las elecciones de 2021, los ajustes de la tarifa fueron pospuestos indefinidamente, lo que generó una deuda considerable con las empresas distribuidoras de electricidad ante la caída del VAD que la regulación les aseguraba.
El nuevo presidente, Gabriel Boric, quien había fungido como uno de los líderes de las protestas vandálicas de octubre de 2019, abrazó el populismo tarifario y decidió mantener el congelamiento de la tarifa, lo que lo llevó a solicitar la autorización para expandir la deuda con las EDE chilenas, deuda que se pagaría con fuertes ajustes en la tarifa en el futuro. A mediados de 2024, gracias a la dilación en el ajuste tarifario, se acumuló una deuda superior a US$6,000 millones, equivalente a 2% del PIB. Las EDE chilenas, que en 2020 registraron una ganancia de US$654 millones, vieron desplomarse las mismas a niveles que oscilaron entre U$S95 y US$134 millones en el período 2021-2023, lo que comenzó a limitar la fuente de recursos para realizar las inversiones que demanda la provisión permanente de un servicio eficiente. A partir del 7 de junio de 2024, el Gobierno tomó la decisión de retomar el protocolo de ajuste de la tarifa de electricidad. La tarifa para un consumo residencial de 180 (400) kWh ha sido aumentada en casi 62% (51%) entre junio de 2024 y enero de 2025. Las tarifas eléctricas mentirosas ayudaron a reducir la inflación un tiempo; ahora, con los ajustes de los últimos 7 meses, la inflación subirá 1.5%.
El presidente Salvador Jorge Blanco pudo haber cometido errores, pero demostró tener el superávit de factor C que se necesitaba para eliminar la tasa de cambio mentirosa que mantenía el Banco Central y proceder con la unificación y flexibilización cambiaria del 23 de enero de 1985. Hipólito Mejía también demostró tenerlo cuando en febrero de 2004, a pesar de que buscaba su reelección a la presidencia, dispuso un aumento de 50% en la tarifa de electricidad para compensar por el impacto de la devaluación en el costo de los combustibles de generación, aumento que permitió a Edesur cerrar con superávit en 2004. Esto deben tenerlo en cuenta todos los que aspiran a la presidencia de la República. El cargo es para gobernar, no para complacer.
