El mercado de los combustibles en República Dominicana se desenvuelve en un contexto que urge profundas transformaciones, especialmente en lo que respecta a una liberalización o desregulación de los precios, lo cual habrá de traducirse en beneficio directo para los consumidores y mayor competitividad para los sectores productivos.
El análisis se da a partir de un comunicado publicado este lunes por algunas de las empresas comercializadoras de combustibles del país, en el que recuerdan que el 7 de noviembre del año pasado el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) dispuso postergar cualquier decisión respecto a la implementación en República Dominicana del modelo de estaciones de expendio combinadas para combustibles de uso vehicular o autogas.
En esta coyuntura cabe una pregunta: ¿Es hora de que República Dominicana se aboque a una modificación profunda del marco jurídico que norma a este sector tan importante para la economía? Las reglas del libre mercado establecen que sí, que ya es tiempo de que la oferta y la demanda, pero sobre todo la capacidad de competencia de los participantes, sea lo que imponga el precio a que los consumidores adquieran los combustibles.
A pesar de que no es el tema que ha centrado el debate, las empresas se enfocan en implementar el sistema autogas cuando en esencia lo que está en camino es una reforma profunda al sector, el cual ha cumplido un ciclo de transición entre el viejo sistema implementado hasta finales de la década de los 90.
En tiempos en que la transparencia es parte del discurso de prácticamente todos los actores que hacen opinión pública, muchos de los cuales hablan de la necesidad de instaurar un régimen de competencia que funcione sin mirar a quién, la desregulación total de este sector está acorde con las exigencias y prácticas de otros mercados desarrollados y similares al de República Dominicana.
Es a partir de esta realidad que surge la afirmación de que la desregulación del mercado de los combustibles le haría un favor a las autoridades, las cuales se quitarían de encima la tarea de publicar semanalmente un aviso sobre los nuevos precios, con el consecuente costo que ello implica para el Estado, mientras que las empresas del sector venderían según la que oferte mejor calidad y precios. Otra de las ventajas para el mercado, de dejarse a la libre oferta y demanda, es que el país se colocaría a la par de otras naciones donde la venta de combustibles funciona sin la regulación de precios que impone una legislación.
Acorde con este contexto, República Dominicana puede aprovechar las ventajas que ofrece una liberalización del mercado de los combustibles, con lo cual habría mayores oportunidades para que la población acceda a más y mejores productos. El sector de los hidrocarburos ha venido modernizándose e implementando normas internacionales de seguridad, algunas aún pendiente de actualización.
El Estado, como facilitador de un ambiente idóneo para hacer negocios, debe seguir como el ente que trace la pauta para que las empresas del sector de los combustibles tengan un marco jurídico acorde a lo que demandan los nuevos tiempos.
En cuanto al comunicado publicado en esta fecha, las autoridades están en la potestad de decidir cuándo tratar el tema según consideren de lugar, tomando en cuenta las características del mercado local. En el mercado de los combustibles, a pesar de que el marco jurídico está en ruta a ser actualizado, funciona con márgenes regulados, pues es uno de los sectores en que los márgenes de beneficio están a la luz del mercado, lo que no sucede con otros con mayor influencia en la economía dominicana.
