República Dominicana es un país donde queda aún una alta carga regulatoria que dificulta los procesos no solo para hacer negocios, sino también para el desenvolvimiento de la vida misma.
Es tanto así, que a partir del año 2000 se han emitido 1995 regulaciones administrativas, que complementan un total de 2,097 regulaciones administrativas vigentes, según un corte realizado a diciembre de 2018. Es un tema que genera inquietud en diversos ámbitos y sectores del país, incluido el empresarial y en instancias del propio Gobierno. Ayer el director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Rafael Paz Familia, ofreció una panorámica sobre el tema y definió las líneas concretas de acción que se encaminan para revertir ese esquema, que ha constituido una traba por años. Lo hizo frente al amplio auditorio que acudió a la primera Tertulia Empresarial Herrera que se realiza en 2019, en esta oportunidad con el tema RD+Simple. La actividad se realizó en el Hotel Intercontinental de la capital. “No es posible que tengas que buscar un documento que sirva para justificar otro que emitió la misma institución”, dijo Paz Familia en un momento de su exposición. “Se estará refiriendo a la Junta Central Electoral”, susurró uno de los asistentes, cuando el funcionario abordó ese punto. Pero el tema es más complejo, a juzgar por los datos que ofreció Paz Familia. De hecho, la institución que dirige está inmersa en un plan que permitirá reducir aproximadamente en un 70 % del costo social de las regulaciones.
En su exposición, el director de Competitividad informó que el total de 1,873 trámites y servicios -correspondientes a 43 instituciones y ministerios-, representa un costo económico social de RD$197,163 millones. Y partiendo precisamente de eso es que el CNC iniciará el Plan de Mejora Regulatoria, que permitirá la reducción del 70 % del costo. El monto de RD$197,163 millones que refiere Rafael Paz Familia representa el 5.46 % del Producto Interno Bruto (PIB). El levantamiento que se realizó, en procura de lograr mejoras que beneficien al país y fomenten los procesos productivos, indicó que el 64.1 % de los requisitos solicitados son considerados difíciles de recolectar o cumplir. De igual manera, el 53 % de los trámites o servicios se resuelven en menos de 30 días y en promedio, participan 10 empleados o servidores públicos de cada institución. En adición, los ciudadanos y las empresas deben de cumplir alrededor de 8 requisitos por trámites o servicios solicitados.
Un elemento que permitió que la estimación del costo social de la carga regulatoria sea lo más precisa posible, fue la creación de un mecanismo de consulta pública.
Se busca que las pymes puedan caminar mejor
El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, Leonel Castellanos Duarte, resaltó las iniciativas que se promueven desde la administración pública para reducir los procesos burocráticos y facilitar los trámites estatales. “En la medida que se hace más complicado, eso termina afectando mucho más a las pequeñas y las medianas empresas”, advirtió Castellanos Duarte, poco antes del encuentro, conversando con periodistas.
