El ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, reconoce que la incapacidad institucional ha limitado evaluar riesgos fiscales
Punta Cana.- Iniciar un proyecto de alianza público-privada (APP) sin una evaluación cuidadosa y sin una inversión suficiente en su estructuración puede dejar resultados contrarios a lo que se persigue.
Esos son, fundamentalmente, los dos errores más comunes en la estructuración de proyectos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca y aconseja queden atrás. “Por eso es tan importante la fase de la pre-inversión, asignar los riesgos entre los socios y tomar en cuenta la estructuración”, aseguro ayer el vicepresidente de Países del BID, Alexandre Meira da Rosa, en la inauguración del Foro PPPAméricas, que se desarrolla en las instalaciones del Hotel Paradisus Palma Real Punta Cana, en la parte Este de República Dominicana.
Otro punto vital, según explicó, es la fortaleza institucional -y en ese caso- el de la exigencia de marcos regulatorios. “Si hay un marco regulatorio sólido y una agencia que asegure el cumplimiento de ese marco regulatorio y esa agencia es independiente, eso trae mucho más confianza para la inversión de largo plazo, sostuvo.
A Alexandre Meira da Rosa le correspondió junto al ministro de Hacienda dominicano, Donald Guerrero Ortíz, la primera participación en la apertura de PPPAméricas, con la conducción de la periodista Diurka Pérez.
El ministro recordó que el Proyecto de Ley de Alianzas Público-Privadas, para el caso dominicano, fue enviado en diciembre pasado al Congreso Nacional y espera que el mismo sea aprobado este año 2019.
“Confiamos en que será así”, explicó, frente al nutrido público presente en uno de los salones del Paradisus Palma Real.
Guerrero, en conversaciones posteriores con los periodistas que cubren el foro, admitió que República Dominicana ha tenido algunas experiencias de alianzas público-privadas que no han sido muy saludables para el Estado en la parte fiscal, pues no se han analizado correctamente sus efectos en los ingresos, especialmente por la incapacidad institucional para ponderar y evaluar los riesgos de cada proyecto.
Rememoró que hubo momentos en que el país recibió ofertas del sector privado en áreas específicas o buscó el apoyo, pero sin tener la capacidad institucional desde el punto de vista de evaluación de riesgos para entender en lo que estaba entrando con esas negociaciones. Resaltó que por efecto de eso, el Estado ha tenido que cubrir “peajes sombra” y en otros casos asumir empresas que quebraron, como es el caso de las EDE (Empresas Distribuidoras de Electricidad).
“Esto es lo que queremos evitar y apoyarnos en las experiencias que otros países han implementado para asegurarnos de que las próximas intervenciones conjuntas entre los sectores público-privado sean realmente lo que el país está buscando para el beneficio de la población”, indicó Guerrero, respondiendo a preguntas periodísticas.
Mientras, Meira da Rosa dejó claro que es importante empujar las alianzas público-privadas, de tal manera que permita dirigir montos a cuestiones o áreas que presupuestariamente no pueden solo cubrir los gobiernos.
El panel en que estuvieron tanto Guerrero Ortiz como Meira da Rosa abordó muchos aspectos ligados al tema base y uno de ellos tuvo que ver con la inversión que se realiza en infraestructura, no solo en República Dominicana, sino en la región latinoamericana.
El BID ha recomendado destinar una inversión más robusta en infraestructuras para mejorar el desarrollo económico de esta parte del mundo. En promedio, el organismo internacional calcula que el costo de no añadir capital nuevo a la infraestructura de los países de la región equivale a alrededor un punto porcentual de pérdida de crecimiento del PIB. De acuerdo con datos recientes del Grupo BID, la región invierte actualmente en torno al 3.5 % de su producto interno bruto (PIB) en infraestructura. Sin embargo, para lograr alcanzar niveles adecuados de desarrollo, la región debería invertir entre 5 y 6 %. De esta forma, existe una brecha del 2.5 % del PIB (equivalente a US$150,000 millones anuales) que los países deben cubrir a lo largo de los próximos años.
Un punto que ha quedado claro en las exposiciones del foro es que los proyectos deben ser rentables para que sean a la vez atractivos al sector privado. PPPAméricas es el foro de discusión más importante de América Latina y el Caribe en materia de Asociaciones Público-Privadas (APPs) inició ayer miércoles en Punta Cana y concluye este jueves 16.
Las que califican
El Puerto de Manzanillo, la nueva carretera Santiago-Puerto Plata, la Central Termoeléctrica Punta Catalina son proyectos u obras en las que el Estado estaría dispuesto a establecer una alianza de participación con el sector privado. Así lo planteó aquí el ministro de Hacienda Explicó que el Gobierno ve al sector privado como un socio estratégico para realizar inversión. “Y las alianzas público-privadas (APP) son un instrumento de primer nivel para conseguirlo”, apuntó el funcionario.
Guerrero Ortiez dijo que si bien el Estado ya hizo la inversión en Punta Catalina, el país tiene buenas experiencias con las empresas de generación, como es el caso de la alianza con EGE Haina. “Esa empresa opera de manera eficiente y todos ustedes conocen bien de eso”, expuso. Desde su punto de vista, las APP han sido un mecanismo, que cuando están estructuradas como corresponde, han servido para financiar la construcción, operación y mantenimiento de una cantidad importante de proyectos de infraestructura del mundo.
La actividad donde el ministro ofreció las informaciones (PPPAméricas 2019) es el foro de discusión en materia de asociaciones público-privadas más importante de América Latina y el Caribe, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El programa de actividades incluye 15 sesiones con los más renombrados profesionales de los sectores público y privado, instituciones financieras internacionales y firmas consultoras especializadas en el tema; sesiones bilaterales de negocios y demostraciones de proyectos sobresalientes en América Latina y el Caribe.
La actividad tiene el propósito de promover una integración entre el sector público en materia de proyectos de infraestructura, exponiendo tanto temáticas de interés común, como experiencias y características específicas para proyectos de energía, transporte, y movilidad, agua y saneamiento e infraestructura social, entre otros.
