Comunidad jurídica, política y entidades afirman circular del MAP viola la Constitución, dignidad y privacidad
El Gobierno se encuentra nuevamente envuelto en un mar rechazos, al desatar un avispero por la publicación de la circular del Ministerio de Administración Pública (MAP) que ordena a los empleados públicos a reportar ante los departamentos de Recursos Humanos de las instituciones para las que laboran si están al día con el pago de la energía eléctrica y el agua.
Como una medida inconstitucional que viola derechos de los empleados públicos, ha sido la calificación general que le ha dado la comunidad jurídica, política, gremios y entidades de la sociedad civil a la disposición gubernamental que de entrada ha sido defendida por el titular del MAP, Sigmund Freund y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
Desde ya, el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, ha manifestado que la entidad analiza a fondo la circular que emitiera el Ministerio de Administración Pública en la que invita a los empleados públicos a presentar sus facturas de consumo de servicios públicos y que hará contacto con la institución a cargo para verificar el alcance de esta.
“Como nuestro rol es ser garante de los derechos y la buena administración trabajamos en análisis del impacto que podría tener la dicha circular”, sostiene el Defensor del Pueblo en un documento enviado a elCaribe.
CARD y Adocco: es inconstitucional
Entidades como el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) han tronado en contra de la circular al considerarla violatoria a la Constitución, la dignidad y la privacidad de los empleados públicos y sus familiares.
“Como Colegio de Abogados rechazamos la circular del MAP por violatoria a la Constitución, la dignidad y la privacidad de los empleados públicos y sus familiares. De no desistir, llevaremos esta ilegalidad a la Justicia”, advirtió Miguel Surún, del CARD.
Mientras que, Julio Cesar de la Rosa Tiburcio, presidente de Adocco, entiende que con esta disposición el Gobierno regresa a la era de Trujillo “cuando obligaba a los empleados públicos a consumir los productos de sus empresas”.
“Definitivamente, Simund Freund, hay que nominarlo al premio, El Absurdo del año”, comentó De la Rosa Tiburcio.
Incluso, figuras como el economista Haivanjoe Ng Cortiñas, quien ha ocupado importantes puestos en el Estado en el área, calificó esto como “penoso y terrible en el fondo y la forma”.
“Sería interesante saber en qué parte de la Ley de Función Pública, la número 41-08, se ampara el ministro de la Administración Pública, en la circular que emitió en el día de hoy (el miércoles), procurando datos de los servidores públicos y hasta de sus familiares”, cuestionó Ng Cortiñas en sus redes.
Oposición reacciona en avalancha
Un sector que no se ha quedado callado con la nueva medida del Gobierno es el político, sobre todo los miembros de los partidos de oposición.
El dirigente del partido Fuerza del Pueblo, Bautista Rojas Gómez, es de los que piensa que esta circular no solo viola a la Carta Magna, sino también conquistas universales.
“La prepotencia, la arrogancia y el desprecio de este gobierno del PRM por su propia gente, no nos puede limitar a permitir que a los servidores públicos se les humille de esta manera, esta violación no solo es a la Constitución; también viola conquistas universales. Es cierto que ustedes @SigmundFreund @luisabinader quieren construir una nueva institucionalidad a su manera, pero no olviden que el pueblo constituyente está ahí. Lean la historia, limiten el poder ‘mental’, gobiernen más e improvisen menos. No abusen”, dijo en su cuenta de X, antiguo Twitter.
Los dirigentes del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son los que más han salido al frente para rechazar y pedir la revocación de la disposición. “Espero que recapaciten y revoquen eso. Viola la dignidad humana, irrespeta la vida privada y familiar y la no injerencia en ellas, viola el derecho al honor, buen nombre e imagen, arrastra a terceros ajenos a la institución requiriente”, dijo José Dantés, secretario jurídico del PLD.
El diputado y miembro del PLD, Gustavo Sánchez, afirmó que esto es una improvisación del Gobierno y lo comparó con el proyecto de modernización fiscal, el doble cobro de la licencia conducir a personas mayores de 65 años, el doble nombramiento de Carlos Pimentel en las direcciones de Contrataciones Públicas y Alianzas Público-Privadas, la ley del DNI 1-24.
La miembro del Comité Político y excandidata vicepresidencial del PLD, Zoraima Cuello, sostuvo que la modernización del Estado demanda visión y respeto a los derechos, al manifestar que la resolución del MAP no solo afecta la privacidad, sino que revela una falta de enfoque estratégico en la administración pública.
De su lado, el político Carlos Amarante Baret, exmiembro del PLD y fundador del proyecto “Avancemos”, llamó al presidente Luis Abinader a cuidar sus últimos cuatro años de Gobierno.
El titular del MAP defiende su disposición
El ministro de Administración Pública defendió la disposición al afirmar que “el objetivo de la circular 018031 es levantar información para planificaciones diversas y conocer el perfil del consumo”. Dijo que la disciplina entra por casa, y es compromiso del gobierno siempre dar el ejemplo en el cumplimiento de las obligaciones. Las direcciones de Recursos Humanos deberán confirmar en un plazo de 15 días laborables si el servidor público posee contrato de energía eléctrica y agua. En caso de que el empleado no tenga alguno de los servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar está y si cumple.
