El país necesita una que mejore eficiencia del sistema tributario; que no ponga el ojo sólo en elevar impuestos
Por la intensidad del debate, todo indica que si el ambiente no está puesto en la reforma fiscal, se irá poniendo para ella.
Si bien se esperaba que el tema fuera abordado por el presidente que resultara electo en las elecciones del 19 de mayo, posiblemente no se pensó que ocuparía las primeras planas desde el día siguiente al certamen electoral.
La realización de una reforma fiscal (integral, sugieran algunos) es crucial para el país y se ha estado posponiendo durante años. La Estrategia Nacional de Desarrollo ha exigido la firma de tres grandes pactos: el educativo, eléctrico y fiscal. De estos, solo el primero se ha firmado y está en ejecución, mientras el eléctrico se avanzó bastante (en debates y se llegó a un amplio consenso sobre lo que debe contener y abarcar). El fiscal no ha sido discutido y mucho menos implementado. En el lenguaje popular, se le ha estado “sacando el cuerpo” por años.
El país necesita una reforma que no solo incremente los ingresos fiscales, sino que también mejore la eficiencia del sistema tributario, reduzca la evasión y la elusión, y asegure una distribución más equitativa de la carga tributaria. En este contexto, se ha generado un amplio debate entre expertos en economía, instituciones de análisis económico y sectores empresariales sobre cómo debería estructurarse esta reforma para lograr un equilibrio entre los ingresos gubernamentales y el desarrollo económico.
Magín Díaz, ex titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ha sostenido que la evasión fiscal es un problema persistente que debe abordarse ampliando la base del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis).
La evasión actual en el ISR alcanza un 62%, mientras en el Itbis es del 43%, cifras que demuestran la necesidad urgente de una reforma. Díaz sugiere que se consideren tasas diferenciadas para diferentes productos, como 8% para algunos rubros y 10% para otros, lo que podría facilitar la aceptación de la reforma por parte de la población y sectores económicos. “Solo dejaría ocho productos básicos fuera del cobro del Itbis”, dice.
Por el lado del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) se propone una reforma que abarque casi todos los productos actualmente exentos del Itbis, pero reduciendo la tasa del 18% al 10%. Según su vicepresidente ejecutivo, Miguel Collado Di Franco, esta medida sería compensada por reducciones en otros impuestos para las personas de bajos ingresos, lo que mitigaría el impacto en los sectores más vulnerables.
El CREES también plantea la necesidad de reducir gradualmente el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para personas jurídicas y físicas, del 27% y 25% actuales a un 18% en tres años. Esta reducción nivelaría la competencia tributaria y reduciría la informalidad económica.
Desde una perspectiva académica, Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), ha expresado que una reforma fiscal es crucial para mejorar los servicios públicos y optimizar los recursos estatales. Subraya la importancia de considerar tanto los beneficios como los costos políticos de la reforma, citando ejemplos históricos como el aumento del 4% del PIB destinado a la educación.
Del lado empresarial, varios sectores han manifestado su interés en el tema. La Asociación de Zonas Francas (Adozona), le dijo a elCaribe a través de su vicepresidente ejecutivo José Manuel Torres, que en su momento presentará una posición; considera prudente esperar por la propuesta concreta del gobierno antes de emitir un juicio. Este enfoque cauteloso resalta la importancia de una discusión informada y participativa.
Fernando Hazoury, presidente del Consejo de Administración de Cap Cana, ha sido más explícito en su defensa de los incentivos fiscales. En enero de este año 2024, en una entrevista concedida al periódico elCaribe y a CDN37, en Madrid, aseguró que las referidas facilidades han sido vitales para la competitividad del sector turístico, un pilar fundamental de la economía dominicana.
Argumentó para entonces que mantener estos incentivos es esencial para continuar atrayendo inversiones.
El déficit estructural del Gobierno central ronda los RD$240,000 millones al año, lo que equivale a 3.5% del PIB, mientras que el déficit consolidado ha fluctuado entre 4-5% del PIB en los últimos 20 años. Estas cifras dejan ver la urgencia de una reforma integral que no solo aumente los ingresos fiscales sino que también asegure una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos.
Lo que hay…
Una de las propuestas más destacadas por su enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo económico es del CREES, que además de bajar el ISR e Itbis, sugiere la eliminación de impuestos considerados ineficientes y distorsionadores, como el impuesto al ahorro, el impuesto a los cheques y transferencias bancarias, y el impuesto a las telecomunicaciones del 10%. También plantea eliminar la doble tributación del 10% a los dividendos y reformar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el Impuesto a la Propiedad (IPI), aumentando este último del 1% al 1.5%.
El debate sobre la reforma fiscal también incluye la necesidad de evaluar el costo-beneficio de las exenciones fiscales. Magín Díaz y otros especialistas señalan que eliminar exenciones podría no generar ingresos inmediatos y que se requiere una estrategia cuidadosamente planificada para evitar efectos adversos en la economía. La aplicación de tasas diferenciadas del Itbis podría ser una medida que ayude a distribuir la carga fiscal de manera más equitativa.
El análisis de la reforma fiscal no puede dejar de lado las implicaciones sociales y económicas de las propuestas planteadas. Una reforma que amplíe la base del Itbis y reduzca otras tasas impositivas tendrá efectos variados en diferentes segmentos de la población.
Costo-beneficio debe ser evaluarlo por Hacienda
La necesidad de una reforma también está respaldada por la alta carga tributaria y los problemas de competencia informal señalados en una investigación del Banco Mundial. Este estudio identificó cinco problemas clave en la República Dominicana, entre ellos la carga tributaria, la alta competencia informal, altos costos en electricidad, educación y cumplimiento de obligaciones tributarias.
“Es fundamental que el sistema tributario sea competitivo y sostenible a largo plazo. La reforma del ISR y la eliminación de impuestos distorsionadores son pasos en esta dirección”, ha asegurado el vicepresidente del CREES, cuando se le pregunta sobre la cuestión. Desde el punto de vista de Magín Díaz, el Ministerio de Hacienda es quien debe evaluar la cuestión del costo-beneficio de la reforma. “Pero no hay que atropellar esa reforma”, aconseja.
