BARCELONA (AP) — Cuando estudiantes universitarios en huelga se manifestaron el jueves en Barcelona a favor de un referendo sobre si Cataluña debe separarse de España, Josep Lago se fue a sus clases de derecho.
Este joven de 24 años no ve con buenos ojos la batalla a la que se han sumado muchos de sus compañeros. Él no tiene problema alguno con el status actual de Cataluña, una próspera región del noreste de España. Y no piensa votar en el referendo del domingo.
Pero hay algo que sí lo hace salir de las aulas y protestar: La negativa del derecho a disentir en una sociedad en la que los separatistas son quienes más bulla hacen.
“Los independentistas radicales que tenían el monopolio del pensamiento en la universidad no quieren permitir otras ideas”, se queja Lago, quien ha acudido a los tribunales para combatir el hostigamiento y las amenazas que recibe su grupo de estudiantes no nacionalistas desde que empezaron a hacerse oír.
Mucha gente que se siente tan española como catalana se llama a sí misma la “mayoría silenciosa” de Cataluña. Lago dice que es un grupo que ha sido acallado, que enfrenta el aislamiento social y se expone a ser estigmatizado por un sólido grupo de nacionalistas y que, de vez en cuando, sufre agresiones verbales y físicas de parte de una minoría radical.
Las encuestas indican que los 7,5 millones de catalanes están divididos por partes iguales, una mitad a favor de la independencia y la otra en contra, con algunas oscilaciones asociadas a la marcha de la economía española, pero que los sectores opuestos a la independencia están mucho más fragmentados.
En el plano político, son representados por encarnaciones regionales de los partidos nacionales, de todo el espectro ideológico. Casi lo único que tienen en común es su oposición al referendo del domingo, que, según dicen, va en contra del orden constitucional español.
La coalición separatista que convocó el referendo es la única que lo considera una votación legítima y vinculante, y los analistas dicen que la formulación atípica explica por qué los opositores decidieron que la mejor forma de oponerse es ignorarlo.
“Dado que el gobierno español siempre se negó a negociar el referendo, se trata de una votación organizada por el gobierno catalán, que está a favor de la independencia”, expresó Andrew Dowling, experto en la historia catalana de la Universidad de Cardiff en Gales.
“Se anunció tres semanas antes de la votación, de modo que bajo ningún concepto se la puede considerar una verdadera campaña”, agregó, destacando que no hubo campaña en contra de la independencia.
A nivel de la calle, la oposición a la votación está menos unificada que en los pasillos del parlamento regional.
“No tenemos organizaciones, no controlamos los medios de prensa ni la financiación, ni contamos con el respaldo de partidos políticos tan fuertes com los independentistas”, dice Víctor Pellerín, barcelonés de 35 años que estuvo en una protesta de algunos cientos de personas que gritaron “¡Somos españoles!” ante la sede del gobierno regional catalán el jueves por la noche.
“No tenemos necesidad de protestar si estamos de acuerdo con el estado de cosas”, sostuvo Pellerín, al justificar la poca gente que hubo en la protesta. “Son los que quieren cambiar el status quo los que tienen que salir a la calle”.
En Cataluña, los intelectuales, los deportistas, los empresarios y otras figuras prominentes se han pronunciado por un bando o por el otro.
Quienes se oponen a la votación reunieron más de 4.000 firmas, incluidas las de la cineasta Isabel Coixet, el diseñador Javier Mariscal y los directores de la mayoría de las empresas catalanas.
Pero a nivel de base, la Societat Civil Catalana, o SCC, es el principal, por no decir único, partido en contra de la votación. El jueves esa agrupación lanzó una campaña publicitaria de último minuto en la que hace votos por que la “cordura” prevalezca sobre la “furia” y pide a la gente que no participe en lo que describe como un referendo ilegal.
La agrupación dice tener 18.000 afiliados, una cifra muy inferior a los cientos de miles de voluntarios movilizados por la Assemblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, las dos principales organizaciones civiles que impulsan el referendo.
La rama estudiantil de la SCC es un ejemplo de los desafíos que enfrenta la agrupación. Fundada hace dos años por Lago y otro estudiante de la Universidad Autónoma de Barcelona, arrancó con unos 30 activistas y hoy no tiene más que unas pocas decenas.
Fotos de esos afiliados son usadas por un grupo que se define como “antifascista” y que pide que se expulse a los no nacionalistas del campus universitario, de acuerdo con Lago.
Lago atribuye el hostigamiento a esa agrupación. Las mesas en las que la SCC ofrece información fueron atacadas, se quemaron banderas españolas y la difusión de un documental derivó en desmanes que motivaron la intervención de la policía tras la irrupción de estudiantes separatistas que tomaron el auditorio.
“Vivimos en una democracia y nadie tiene que ser un héroe para poder defender sus ideas políticas”, expresó Lago. “Si estás en contra de la idea de la independencia, te expones a represalias”.
El miedo al aislamiento social, a ser estigmatizado y a una falta de empatía fue mencionado varias veces en una docena de entrevistas llevadas a cabo esta semana por quienes dicen que ventilar sus puntos de vista en público es demasiado arriesgado.
Una vicerrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona dijo que esa institución está tratando de alentar “el flujo de todas las ideas, que todos los estudiantes gocen de libertad y respeto”.
“Comprendemos que el debate político a veces se expresa en las universidades con la vehemencia y exaltación de los jóvenes”, manifestó Virginia Luzón. “Pero esto no debe ser confundido con un activismo violento”.
