La situación en el proyecto minero Barrick Pueblo Viejo se ha vuelto cada vez más tensa, luego de una serie de protestas impulsadas por las comunidades afectadas por el nuevo proyecto de la empresa minera. La razón principal de las manifestaciones es el reasentamiento forzoso de familias para la construcción de una nueva presa de cola en el distrito minero de Zambrana, Cotuí.
La protesta, que comenzó de manera pacífica, se tornó violenta cuando las autoridades utilizaron armas para dispersar a los manifestantes, dejando varios heridos. La intervención de autoridades gubernamentales se ha vuelto más urgente tras estos incidentes.
La raíz de la protesta se encuentra en los planes de la minera Barrick Gold de construir una nueva presa de cola en la zona, lo que implicaría el desalojo de unas 850 familias de las comunidades de El Higo, El Rayo y Las Tres Bocas.
Los residentes de estas áreas, dedicados históricamente a la producción de cacao, se oponen a la reubicación, argumentando que las condiciones de compensación y reasentamiento no son adecuadas.
El proceso de reubicación comenzó en un contexto de bajos precios del cacao, pero con el reciente aumento de su valor en el mercado internacional, las expectativas de las comunidades sobre un acuerdo más favorable han aumentado.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, José Alberto Jiménez, quien representa a los afectados, solicitó la intervención del presidente Luis Abinader para garantizar que el proceso de reubicación sea justo y transparente, y que las familias afectadas no queden desprotegidas.
Sacerdote Johnny Durán condena violencia contra manifestantes
El sacerdote Johnny Durán, de la Diócesis de La Vega, fue uno de los heridos durante los enfrentamientos. Durán, quien ha trabajado como mediador entre la comunidad y las autoridades, relató el momento en que fue agredido mientras intentaba evitar que las bombas lacrimógenas impactaran las viviendas de los manifestantes.
Según Durán, las fuerzas del orden utilizaron una violencia desproporcionada contra las personas, sin respetar la integridad de los niños y otros ciudadanos.
“Fue un ataque que rompe el corazón del más indolente”, declaró el sacerdote, quien también destacó que las comunidades afectadas no han recibido respuestas satisfactorias de la minera ni del Gobierno sobre sus demandas de una reubicación digna.
Durán denunció que Barrick Gold, que tiene gran influencia en la región, mostró una postura inflexible durante las negociaciones y exigió una mayor intervención estatal para garantizar una solución justa.
Riesgos de la nueva presa de cola
Según Fernando Peña, miembro de la Comisión Social de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la instalación de esta presa podría ser un grave peligro para el ecosistema local.
Además del riesgo de contaminación por los desechos tóxicos generados por la minería, Peña advirtió sobre los efectos catastróficos que tendría un posible colapso de la presa, que podría afectar a comunidades cercanas, incluyendo Nagua.
Los habitantes de la zona han presentado estudios técnicos que alertan sobre estos riesgos, pero hasta ahora no han recibido respuestas satisfactorias de la empresa ni del Gobierno.
Joel Santos busca diálogo entre las partes
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que el Gobierno convocará un diálogo entre las comunidades afectadas y los representantes de Barrick Pueblo Viejo para avanzar en los estudios geológicos necesarios para la construcción de la presa de cola.
Santos aseguró que el objetivo es garantizar una compensación justa para los afectados y evitar futuros conflictos.
Santos aclaró que los incidentes de violencia ocurridos el 8 de enero no se debieron a un desalojo, sino a un intento de garantizar el libre tránsito de los equipos técnicos que debían realizar trabajos en la zona.
El ministro destacó la importancia del sector minero para la economía nacional, y reafirmó su compromiso con el diálogo y la mediación para encontrar una solución pacífica y equitativa.
