Tegucigalpa.- Un Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa condenó este miércoles a 58 años de cárcel a la ex primera dama de Honduras Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), por delitos de corrupción.
Bonilla fue condenada a diez años de prisión por apropiación indebida y a seis años por cada uno de ocho delitos de fraude, que suman 48, para “un total de 58 años de reclusión”, dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.
La ex primera dama no acudió al tribunal, ni tampoco su esposo, quien sí estuvo en las últimas dos audiencias de agosto, en las que Bonilla fue declarada culpable por apropiación indebida de recursos del Estado y fraude.
Silva indicó que Bonilla fue absuelta del delito malversación de caudales públicos en contra de la administración pública.
Bonilla, para quien el Ministerio Público pedía 77 años de cárcel, fue capturada y remitida a prisión el 28 de febrero de 2018, por un caso denominado “La caja chica de la dama” en el que, por primera vez, una ex primera dama de Honduras ha sido acusada y condenada.
La justicia hondureña también condenó hoy, por el mismo caso, a 48 años de prisión, al ex secretario privado de Bonilla, Saúl Escobar, contra quien el Ministerio Público había solicitado 64 años de cárcel por ocho delitos de fraude.
Además, absolvió, en agosto, a un tercer implicado en el caso, Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, de ocho delitos de fraude y lavado de activos por “insuficiencia probatoria”.
El expresidente Lobo reiteró el 27 de agosto que se ha cometido una “injusticia” con su esposa y que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la condena a Bonilla ya había logrado “una presea”.
Lobo también reiteró que apelara ante la Corte Suprema de Justicia la condena contra su esposa, y que, si no obtiene respuesta favorable, acudirá a instancias internacionales.
Los acusados por el caso “La caja chica de la dama” fueron arrestados en 2018 luego una investigación del Ministerio Público coordinada con la Maccih.
La acusación del Ministerio Público señala que los acusados se habrían apoderado de recursos públicos y creado una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado, destinado a obras sociales.
Las autoridades de Honduras embargaron en marzo de este año bienes de la ex primera dama hondureña, su cuñado y su exsecretario.
El aseguramiento de las propiedades, para que no puedan ser vendidas ni traspasadas, fue coordinado por la Unidad Especial de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic), del Ministerio Público, y la Maccih, que se instaló el 19 de abril en Tegucigalpa.
En marzo de 2018, la Oficina Administradora de Bienes Incautados de Honduras recibió por parte del Ministerio Público 385.000 dólares, más de tres millones de lempiras (122.000 dólares) y 140 euros (158,9 dólares) hallados en una caja fuerte de la ex primera dama.
El 27 de agosto la defensa de la ex primera dama solicitó mayores medidas de protección para ella en la cárcel de mujeres a la que fue remitida en febrero de 2018, porque ha estado recibiendo amenazas después de que se le declaró “culpable” por el Tribunal de Sentencia.
