Plantea que funcionarios en campaña renuncien o tomen licencia
La Coalición Democrática por la Regeneración Nacional deplora que la Junta Central Electoral (JCE) decidiera avalar la participación de los altos funcionarios del gobierno como jefes de campaña electoral, lo que amenaza con prostituir el proceso electoral en marcha, por lo cual formula un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales para promover un pacto por la transparencia electoral.
La Coalición reiteró su firme militancia en la negativa a aceptar otro matadero electoral, de inequidades y abusos del poder, como los que ha sufrido la nación en los procesos del 2012 y 2016, especialmente en el último, razón por la cual los partidos opositores nunca reconocieron legitimidad a la elección de las actuales autoridades.
“La democracia es un sistema que por definición considera a todos los ciudadanos iguales en sus derechos y deberes. Los partidos, organizaciones, movimientos políticos y los ciudadanos independientes que conformamos La Coalición Democrática para la Regeneración Nacional entendemos que el ejercicio del voto es la expresión más genuina de esos derechos y deberes”, destaca la Coalición Democrática en un comunicado dado a conocer este martes.
Según la Coalición, la JCE como institución responsable de garantizar a cada ciudadano el ejercicio de ese derecho y deber indeclinables debe mantener la confianza plena de toda la sociedad para el cumplimiento cabal de su función constitucional.
Esa confianza, sostiene, quedó gravemente lesionada en la campaña para las elecciones primarias de octubre, en la que el gobierno irrumpió para imponer preferencias, por extrema desigualdad en el gasto y la propaganda, y por irregularidades en el proceso mismo de votación y por un mercado de compra y venta de votos de dimensiones sin precedentes.
Para la Coalición el intento de legitimar la participación como jefes de campaña electoral del presidente de la República y de los ministros y otros altos funcionarios, amenaza la equidad, la transparencia y la objetividad que según la Constitución debe caracterizar los procesos electorales. Peor aún cuando el Jefe del Estado proclama que él va a ganar las elecciones del 2020, sin ser candidato.
Las leyes de la Función Pública 41-08, de Partidos 33-18, y la del Régimen Electoral 15-19 contienen expresas prohibiciones de que los funcionarios del Estado participen en la campaña electoral, incluyendo sanciones, que no pueden ser ignoradas por la JCE, por el gobierno y la opinión pública.
En virtud de las tensiones políticas que amenazan la estabilidad institucional de nuestra democracia y ponen en riesgo la celebración de un certamen electoral creíble en el 2020, la Coalición propuso a la JCE, a toda la comunidad política nacional, a las organizaciones sociales, empresariales, profesionales y académicas, y a las iglesias un Pacto por la Transparencia Electoral que implique:
1.- Plena igualdad de condiciones para la libre competencia electoral, sin interferencias de los poderes estatales ni favoritismos de los altos funcionarios. Que aquellos que puedan ser indispensables para la campaña electoral, renuncian a sus cargos o tomen una licencia por el período.
2.- Realización de una campaña para prevenir la compra y venta de votos, con implementación de mecanismos persecutorios que pongan fin a una práctica nefasta que corroe el sistema democrático y pervierte el alma de ciudadanos de menores recursos económicos.
3) Control del gasto, de las nóminas y de la publicidad estatal para evitar que sean manipuladas por los intereses políticos partidistas y de candidaturas y que se disparen como en procesos anteriores que arrojaron enormes déficits fiscales.
4) Establecimiento de un Sistema de Gestión de Riesgo que podría ser supervisado por una entidad experimentada como el Instituto Internacional para Asistencia Electoral (IDEA), que ha realizado consultorías para la JCE. Se buscaría identificar y analizar las deficiencias del proceso de planificación, organización, ejecución y control del certamen electoral del año 2020, para las consiguientes acciones correctivas que garanticen calidad y confiabilidad.
5) La realización de un diagnóstico, que podría gestionarse con el Departamento para la Cooperación y Observación de la OEA (DECO), a fin de determinar las brechas de cumplimiento de los procesos implementados por la JCE y establecer un Sistema de Gestión de Calidad Electoral con respecto a los requisitos de la norma ISO/DIS 17582 obtenida por la JCE entre el años 2012-2014 y revisar la validez y vigencia de la certificación ISO 9001 obtenida por la JCE en el año 2008.
