Santiago de Chile .– El Gobierno chileno anunció este lunes una serie de medidas contra los abusos económicos, que incluye un aumento de las penas para los delitos de corrupción y la creación de la figura del “denunciante anónimo”, en un intento por desactivar el estallido social que vive el país desde hace casi dos meses.
“Las chilenas y chilenos hemos expresado, en forma fuerte y clara, nuestra voluntad y compromiso de construir un Chile más justo (…) pero también anhelan y merecen una sociedad que combata con mayor eficacia todo tipo de abusos” indicó el presidente chileno, el conservador Sebastián Piñera.
En un mensaje televisado, Piñera indicó que en los próximos días se presentarán iniciativas para fortalecer las capacidades de la Fiscalía Nacional Económica; aumentar las sanciones para los delitos tributarios, el uso de información privilegiada y la divulgación de información falsa en los mercados financieros; o aumentar las penas para los delitos de colusión “cuando los bienes afectados sean de primera necesidad, como medicamentos o alimentos”.
“En los últimos tiempos hemos conocido indignantes y sensibles casos de colusión y abusos en mercados tan importantes como el de los medicamentos, el papel higiénico y los pollos, que han perjudicado a la inmensa mayoría de los chilenos”, aseguró el gobernante.
El Ejecutivo también propondrá la creación de la figura del “denunciante anónimo” para que cualquiera pueda informar sobre actos de corrupción tanto en el sector público como en el privado, mayor protección de los derechos de los consumidores y la obligación de que las empresas que vendan productos al Estado informen de la identidad de sus dueños.
“Así tendremos mayor transparencia, podremos detectar y combatir cualquier abuso, conflicto de interés y concentraciones excesivas en la provisión de bienes y servicios al Estado”, agregó el gobernante, cuyo Gabinete dará más detalles sobre las medidas en los próximos días.
Chile vive desde el 18 de octubre el estallido social más grave desde el fin de la dictadura de Agusto Pinochet (1973-1990), que ya se ha cobrado la vida de al menos 23 personas y ha provocado miles de heridos, además de graves señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y graves quebrantos económicos.
Lo que empezó siendo un llamamiento de los estudiantes chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social en la que se clama por un modelo económico más justo y que carece de líderes identificables.
Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza, aunque sigue existiendo descontento en las calles y episodios de extrema violencia (saqueos, incendios y destrucción de mobiliario público), pese a las medidas sociales anunciadas por el Gobierno al inicio de la crisis y al histórico acuerdo parlamentaria para enterrar la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El Gobierno también ha presentado una serie de polémicas medidas para garantizar el orden público, como el aumento de las penas contra los saqueos o las barricadas o la posibilidad de que el Ejército protejan infraestructuras “críticas” como hospitales o plantas de agua sin necesidad de decretar el estado de emergencia.
También lanzó un plan de 5.500 millones de dólares para reactivar la diezmada economía, que incluye ayudas a las pymes afectadas por los saqueos y un plan para la reconstrucción de infraestructuras públicas.
“Creo firmemente en Chile y en los chilenos. Tengo la más absoluta convicción y fe que con unidad, diálogos, acuerdos y buena voluntad, vamos a superar estos difíciles tiempos, vamos a recuperar el camino hacia un Chile con mayor libertad, mayor justicia, mayor progreso y mayor paz”, concluyó el gobernante. EFE
