La Operación Pandora ha sacudido los cimientos de la Policía Nacional, al descubrirse una red interna de corrupción vinculada al robo y tráfico ilegal de municiones.
El Ministerio Público acusa a los agentes de sustraer más de 900,000 proyectiles desde los depósitos oficiales de la institución, para su distribución a grupos criminales tanto dentro como fuera del país.
Este martes, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente, dictó prisión preventiva para siete de los diez implicados, quienes enfrentan cargos graves por robo, tráfico y asociación de malhechores.
El caso ha involucrado a varios altos oficiales de la Policía Nacional, entre ellos el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, quien se encargaba de la custodia de las armas y municiones. El tribunal dispuso 18 meses de prisión preventiva para Féliz Romero, quien, según la acusación, aprovechó su posición para sustraer municiones y comercializarlas ilegalmente.
La prisión preventiva será cumplida en el Centro de Retención de Policías de Operaciones Especiales, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
Miguelina Bello Segura, quien no pertenece a la Policía Nacional pero está implicada en la red de tráfico, cumplirá la medida de prisión domiciliaria. Esta decisión, tomada por la jueza Veloz, se basa en el riesgo de fuga que representaba la acusada y su vínculo con los demás implicados en el caso.
Implicados en la Operación Pandora
Además de Féliz Romero, otros miembros de la Policía Nacional también enfrentan medidas de coerción. Entre los más destacados se encuentran:
- Capitán Víctor Manuel Santos: Auditor interno acusado de alterar registros relacionados con el control de municiones. Se le impuso el pago de una garantía económica de tres millones de pesos.
- Sargento Mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat: Otro de los agentes involucrados, quien deberá pagar una garantía económica de dos millones de pesos.
El caso, denominado “Operación Pandora”, involucra a un total de diez personas, incluyendo civiles y empresas vinculadas a la venta ilegal de municiones.
La investigación revela cómo los implicados utilizaron su acceso a los recursos de la Policía Nacional para abastecer a grupos criminales con municiones, generando así una red de tráfico ilegal que operaba tanto en el país como hacia Haití.
Un caso complejo
El Ministerio Público declaró el caso como complejo, debido a la cantidad de pruebas recabadas y la magnitud de la red criminal. La solicitud de medida de coerción presentada por el órgano judicial incluye 135 elementos de prueba, que incluyen comunicaciones entre los implicados y transacciones ilegales de municiones. Además, el volumen de la sustracción, que supera los 900,000 proyectiles, subraya la gravedad del caso.
