El presidente JCE dice que el órgano trabajó para eficientizar los controles; condena alto costo de la política
El apresamiento reciente en Miami, Estados Unidos, del diputado Miguel Gutiérrez, y la extradición a ese país el pasado año de Yamil Abreu, expresidente de la junta distrital de Las Lagunas, en Azua, colocan en primer plano el tema de la penetración del narcotráfico en los partidos políticos, como vehículo para instalarse en los espacios de poder del Estado.
El daño directo e indirecto de estos casos en la imagen y confianza de los partidos y el país, es incalculable. De entrada afecta aún más la lacerada imagen de los partidos políticos, que son de las instituciones que gozan de menor credibilidad ante la ciudadanía, según estudios de entidades como Barómetro de las Américas. Pero el tema va más allá, daña la marca país. El titular de la información de la influyente y popular cadena internacional de noticias, CNN, da una idea del tamaño del daño: “Arrestan en Miami a diputado de República Dominicana acusado de participar en tráfico de drogas”, tituló la cadena la nota que publicó el 18 de mayo.
Un título así en el noticiario, el portal o las cuentas de redes sociales de CNN impacta más que cualquier campaña de posicionamiento que haga el gobierno dominicano. Por ejemplo, la cuenta de Twitter de CNN en Español tiene más de 19 millones 764 mil seguidores y en inglés, 53 millones 807 que le siguen, solo en esa plataforma. El arresto de personas vinculadas al crimen organizado es normal en el país y cualquier parte del mundo, pero si se trata de un representante del Estado, son palabras mayores.
Sobre el tema, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, sostuvo que el papel del organismo ante el problema de la narcopolítica no puede ser pasivo ni indeferente, sino activo y que la Ley 33/18 prevé una serie de medidas para evitar que los procesos electorales se vean afectados por el crimen organizado.
“El papel que está llamado a jugar la JCE es activo, no es pasivo ni neutral y mucho menos indiferente, pues lo último lleva a la desafección y la impunidad. Ese papel activo es legal porque la Ley 33-18, en su artículo 82 establece que la JCE es la responsable de aplicar dicha ley. Esta ley establece un régimen de penalidades en su artículo 78, que incluye multas de hasta el duplo de la contribución ilícita recibida, combinando esta sanción con otras que pudieran existir en otras leyes penales”, subrayó.
Afirmó que la JCE está enfocada en el diseño de una estructura y un sistema de control de los recursos que se manejan en los procesos para evitar que la integridad electoral sea afectada.
“Hay que controlar y limitar los gastos millonarios para hacer campaña política, eso debe tener un ‘stop’ contundente. Una candidatura no debe costar una fortuna. La campaña debe tener igualdad de oportunidades efectivas y reales. No es una competencia de dinero, sino de propuestas. Eso debe acabar, pues esa mala práctica es un aliciente para los recursos ilícitos y va en desmedro de buenos candidatos y candidatas y del ejercicio cívico de ser político”, declaró consultado por elCaribe.
Dijo que una medida inmediata de La JCE fue elevar a categoría de dirección y con carácter permanente la unidad de fiscalización y control financiero de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Agregó que la meta es perfeccionarla, dotándola de recursos humanos capacitados, técnicos y logísticos para garantizar un manejo transparente de los fondos públicos y privados.
Informó que la JCE trabaja en la fase de creación de un sistema integral para la actuación de oficio, recepcion de denuncias, atención y seguimiento, así como respuestas efectivas al régimen sancionatorio que sea competencia del órgano. Jáquez dijo que la JCE propondrá una modificación a la ley en el aspecto sancionatorio para que “tenga más garras y dientes y sea más tecnificada e inteligente pues como sabemos el narcotráfico y el crimen organizado no escatima recursos y permea cualquier entidad, aun a nivel global”.
Igualmente, dijo que la JCE hará los acuerdos que sean necesarios con entidades del sistema financiero y la Cámara de Cuentas a fin de rastrear el dinero que financia la política.
¿Se puede evitar que el narco penetre la política?
El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, considera que aunque es casi imposible evitar que personas vinculadas al crimen organizado penetren a los partidos, las leyes de Partidos y orgánica del Régimen Electoral dotan las organizaciones y el órgano electoral de mecanismos para reducir el riesgo a su mínima expresión.
“El que se dedica a las actividades ilícitas siempre busca la política como un medio para su beneficio particular y en el caso dominicano eso no es nuevo, existe el antecedente de que en las campañas del 1996, 1990 y 1994, se empezó a discutir la participación de personas vinculadas al narcotráfico en las candidaturas y algunos partidos, con razón o no, desde entonces eso se convirtió en un tema, que incluso fue lo central de muchas campañas”, refirió Rosario.
Señaló que hay países como Colombia, donde la situación es mucho más crítica porque un narcotraficante tan célebre como Pablo Escobar llegó a ser diputado en ese país.
Igualmente, reconoce que es casi imposible que los partidos puedan evitar totalmente que este tipo de personas penetre a sus filas y citó el caso del diputado detenido en Miami, del que los políticos que le conocen de manera directa han dicho que no sabían de sus actividades criminales. “El que está en actividades ilícitas y quiere incursionar en la política es porque ha disfrazado mucho su participación y porque casi siempre tienen un manto social para venderse ante el pueblo como benefactores”, subrayó.
Sin embargo, sostuvo que sí es posible establecer controles tanto a lo interno de los partidos como desde la JCE en base a lo establecido en las leyes electorales. “La Ley 33/18 desde el artículo 59 hasta el artículo 74, está dedicada exclusivamente a analizar la composición del patrimonio, la financiación y supervisión de los fondos de los políticos y las agrupaciones políticas”, subrayó. Rosario emitió fuertes críticas contra los partidos y candidatos con relación a la transparencia de los fondos que reciben. “Los partidos y los candidatos siempre han preferido competir en un mercado sin reglas de competencia”, dijo.
En base a su experiencia en el órgano electoral, dijo que si la JCE aplica las medidas establecidas en la ley, de seguro logrará mayores controles y reducir al mínimo que personas vinculadas al narco penetren los partidos. Dijo que el artículo 67 de la Ley 33/18 crea la Unidad Especializada de control financiero de los partidos que ponen a cargo de la JCE comprobar cómo funcionan los sistemas internos de control financiero de las organizaciones.
“El problema está en la falta de transparencia de los partidos, si los partidos cumplieran con toda esta legislación, pudieran producirse hechos aislados, pero sí hubiera un control más efectivo de los recursos en beneficio de los candidatos”, subrayó. Rosario consideró que la pasada gestión de la JCE ignoró lo establecido en esas leyes y no hizo ningún esfuerzo para que se cumplan esas normativas.
De su lado, el secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom), José Francisco Peña Guaba, reconoció que la narcopolítica es una realidad en el sistema y que los políticos lo saben, pero que se hacen los “chivolocos”. Dijo que esas figuras van principalmente a los partidos grandes porque son los que les garantizan espacios de poder y mecanismos para mantener las redes de operación con el poder del Estado.
Olivares dice que Ley de Partidos no prevé esos casos para candidatos
Contrario a lo planteado por Jáquez y Rosario de que la Ley 33/18 prevé mecanismos para impedir qu el narco interfiera en los partidos y la política, el exmiembro titular de la JCE, Eddy Olivares, entiende que la Ley de Partidos no crea ningún mecanismo que permita detectar que personas vinculadas a actividades ilícitas compitan por candidaturas. “La Ley número 33-18 no contiene ninguna disposición que impida que una persona que no se encuentre cumpliendo una condena pueda ser postulada a una candidatura a un cargo de elección popular”, observó.
Agregó que la situación se dificulta cuando la persona ha sido seleccionada legítimamente como candidata de un partido, debido a que no puede ser sustituida por el partido, mediante ningún mecanismo interno, salvo que renuncie formalmente a la candidatura, se le compruebe una violación grave a la Constitución o a la Ley 33-18 o haya sido condenada penalmente, mediante una sentencia irrevocable, para lo cual el partido deberá obtener la autorización de la Junta Central Electoral.
“Por lo tanto, prevenir y evitar la infiltración de narcotraficantes en la política es un gran desafío de la democracia, que debido al elevado costo de la política se complica cada vez más. Tan perjudicial es la infiltración de candidatos vinculados al narcotráfico como del dinero proveniente de ese flagelo, por lo que considero que el liderazgo de los grandes partidos debe estar consciente de la conveniencia de escoger los candidatos más idóneos para los cargos de elección popular”, expuso Olivares, al ser consultado sobre el tema.
Dijo que en las últimas décadas, a lo interno de los partidos políticos ha prevalecido el requisito de “ser rico” para poder aspirar a un cargo de elección popular.
“De nada valen los méritos partidarios y de servicio a la comunidad. Si usted no es millonario no sirve para ser candidato. Solo es bueno para buscarle votos a los candidatos ricos, que, casi siempre, resultan ser los más votados. Esa cultura debe ser cambiada”, estimó el también miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM. Dijo que las competencias internas de los partidos son cada vez más inequitativas, lo mismo que las elecciones nacionales, debido a su elevado costo. “Eso explica que los que emplean en las campañas grandes sumas de dinero suelen ganar los escaños con más facilidad, dentro y fuera de los partidos”.
Narcos como un arma política en la campaña
El impacto del narcotráfico en los partidos, la campaña y los políticos no se limita a que penetran las filas de las organizaciones para acceder a espacios de poder, es que también son un arma política en la guerra por el poder en el marco de las campañas. El caso más reciente fue el del confeso narcotraficante Quirino Paulino Castillo que en el 2015 apareció afirmando que había financiado la campaña del 2004 del expresidente Leonel Fernández. El político y su equipo afirmaron que se trató de una trata de sus antiguos compañeros del PLD que lo hicieron para descalificarlo y allanar el camino hacia la reforma de la Constitución para postular a Danilo Medina. En el 2019, Quirino volvió a aparecer con sus acusaciones contra Fernández, y entró en escena el expresidente Hipólito Mejía que afirmó que se había reunido con el exconvicto, una figura que supuestamente profundizó sus negocios de narco durante la gestión de Mejía. El actual presidente Luis Abinader, fue víctima también de una campaña que lo vinculó a figuras del narco en la parte final del proceso electoral del 2020. Antes, José Francisco Peña Gómez por los años 1994 y 1996, fue víctima de acusaciones similares en el fragor de la campaña electoral.
