Narciso González Medina (Narcisazo) era un activista político y cultural; catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y poseedor de una verticalidad crítica de la que nunca se despojaría hasta el final de su último rastro con vida.
Sus artículos de opinión calaron muy hondo en la sociedad, sobre todo en el sector universitario y en los clubes culturales. Ya que, de acuerdo a escritos sobre su vida, los cuales están sustentado en testimonios de quienes lo conocieron, Narcisazo siempre abogó por los sectores más marginados, quienes veían en él una voz de apoyo a sus causas olvidadas.
Su desaparición, ocurrida el 26 de mayo de 1994, sigue siendo un misterio en el país a tal punto que en abril de 2012, hace 10 años exactamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al estado de República Dominicana por su caso, además de ordenar el pago de más de 450.000 dólares a sus familiares.
Según archivos periodísticos de la época, a Narcizaso se le ocurrió, en una asamblea realizada en la UASD, criticar al entonces presidente Balaguer y acusarlo de haber triunfado de manera fraudulenta en las elecciones presidenciales celebradas diez días antes.
Según las versiones más socorridas, después de aquel día de agitación en su vida política y académica, Narcisazo fue visto por última vez al abordar un vehículo del transporte público en la muy concurrida avenida Duarte con París, en el sector Villa Francisca del Distrito Nacional.
Diversos reportajes e investigaciones posteriores sobre “Narcisazo” recogen testimonios de que este fue visto en varias instalaciones militares días después de su desaparición en muy mal estado de salud y visiblemente herido. No obstante, ninguna de esas versiones fueron confirmadas.
Uno de los documentos elaborados por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), al conocer el caso que llevó a condenar al Estado dominicano, indica que en los días previos al 26 de mayo de 1994, oficiales militares acudieron a una funcionaria de una telefónica que “habitualmente colaboraba” con “los organismos de seguridad”, a fin de lograr “la intervención del número teléfono” de Altagracia Ramírez (Tatis), esposa del desaparecido.
El documento se basa en la declaración de de una de las empleadas de la telefónica, al ser interrogada por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, el 16 febrero de 1999.
A pesar de que el Estado dominicano fue condenado por el caso como “Desaparición Forzosa”, hasta la fecha no se ha presentado ninguna novedad y los Gobiernos desde entonces a la actualidad no han hecho público si se realiza o no la investigación ordenada por el organismo internacional.
