Santo Domingo, R.D.- La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) calificó como un atentado a la seguridad jurídica la paralización del despacho de mercancías y salida de contenedores en los Puertos del país que perpetró la Federación Nacional de Transporte Dominicano (FENATRADO).
A través de una nota de prensa, la entidad consideró que este tipo de acciones afecta el clima de negocios y la competitividad del país, por lo que valoró “positivamente la intervención de las autoridades para regularizar la operación portuaria”.
Patricia Bobea, directora ejecutiva de ASIEX, expresó que, “el respeto a la Constitución y cumplimiento de la Ley son los principios fundamentales para garantizar un Estado de Derecho favorable para la inversión y el buen clima de negocios. Esta paralización arbitraria de los puertos violentó el Principio Constitucional al derecho al libre tránsito, amparado en el artículo 46 de nuestra Carta Magna, como también la Jurisprudencia dominicana.”
Dijo que la ASIEX rechaza rotundamente estas acciones vergonzosas y procesos deliberados fuera del debido proceso y legitimidad, que no solo provocan pérdidas materiales y trabas operativas a los inversionistas, sino también, debilitan nuestra competitividad y atentan contra la seguridad jurídica nacional.
En este sentido, Bobea agregó que, “actualmente las autoridades se encuentran realizando loables esfuerzos para atender las debilidades que afectan la competitividad nacional, como ejemplo de ello resaltamos la reciente designación del Consejo Directivo de Competitividad, integrado por importantes actores y líderes público – privado. Por tanto, consideramos que este tipo de acciones, arbitrarias y fuera del marco de la Ley, deben continuar siendo detenidas por las autoridades competentes, y aplicar las medidas pertinentes para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.”
ASIEX valoró positivamente la intervención y las medidas aplicadas por las autoridades para regularizar la operación de los puertos, y confía que se continuarán implementando las acciones legales que correspondan para garantizar el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho y evitar que estos hechos lamentables lesionen la seguridad jurídica y competitividad del país.
