La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, aplazó este domingo el conocimiento de medida de coerción a los implicados del caso Coral 5G
Fue aplazada para el jueves 25 de noviembre a las 11:00 de la mañana tras la solicitud realizada por los abogados de los imputados para la defensa de los acusados
El procurador anticorrupción, Wilson Camacho, se presentó a favor del aplazamiento para que la defensa revise el alto volumen de evidencia presentado por el Ministerio público quien depositó en la Fiscalía del Distrito más de 15 mil páginas de evidencia
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Ministerio Público pusó en marcha Operación Coral 5G con arrestó a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas contundentes de su participación en una red de corrupción administrativa desmantelada con la llamada Operación Coral 5G.
El general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD) Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), forma parte de los arrestados, así como el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana.
La Operación Coral 5G alcanza además al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez, al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.
Al igual que las otras operaciones, Coral 5G se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminadas por la gestión del Ministerio Público que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito.
Un equipo de fiscales practicó 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
Los operativos fueron encabezados por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Según detalla la acusación, en el caso del Cestur, el general Juan Carlos Torres Robiou aprobaba nombramiento de personas que eran colocadas en el sistema de recursos humanos por el director del Departamento de Recursos Humanos, Coronel Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara.
Luego el nombre de la persona era registrado en nómina por el Gerente Financiero, Coronel Rafael Núñez de Aza, y el encargado de tecnología y nómina, Mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Mientras que, en el caso del Cusep, el Mayor General Adán Benoni Cáceres Silvestre era quien aprobaba los nombramientos de personas.
No obstante, estos no pasaban por Recursos Humanos, sino que se colocaba de forma directa en nómina que era manejada por el gerente financiero, Núñez de Aza, a través del Teniente Coronel José Ramón Santos Jiménez y posteriormente por Girón Jiménez.
