El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) consideró que existen conflictos de leyes y competencias de atribuciones en el proyecto de ley que regula los celulares para la prevención de delitos en el país.
El Indotel ofreció sus consideraciones respecto al proyecto de ley que está de conocimiento en la Cámara de Diputados, que busca cambiar las políticas de comercialización de los móviles con el objetivo de disminuir los robos de estos aparatos.
La iniciativa de la diputada Maria Gallard prohíbe la compra o venta de aparatos telefónicos sin un certificado de titularidad. Asimismo el desbloqueo, activación, cambio de piezas o desmembramientos de los aparatos que no consten de un documento que certifique que el aparato fue comprado.
Sobre el tema, el Indotel expresó mediante un documento que la medida es “de difícil aplicación en el país y resulta extremadamente complicado y también fácil de burlar presentando copia de un supuesto certificado de compra de equipo celular”.
“Para las prestadoras resultaría un tanto improbable de verificar la veracidad de dicho certificado debido a la multiplicidad de tiendas que venden equipos celulares tanto por internet (lo cual no es controlado por las prestadoras) como a nivel local donde el usuario puede adquirir libremente los mismos.
La Comisión Permanente de Tecnología de la Información de la Cámara de Diputados escuchó ayer la opinión del director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista Almonte, con respecto al proyecto de ley que regula el uso de los teléfonos celulares, como el objetivo prevenir los delitos en la República Dominicana.
El encuentro fue presidido su presidente, Miguel Ángel Jazmín, quien junto a la autora de la pieza, la diputada María Gallard, y demás miembros escucharon los planteamiento del funcionario.
El director de la PN consideró el proyecto muy oportuno, debido a que como entidad tienen unos seis años trabajando con el tema, a los fines de hallarle una solución a esta problemática social.
Con respecto a las observaciones al proyecto, declaró que se debe establecer un mecanismo de control en lo relativo a la importación, exportación, compra, venta y activación de celulares, para la prevención de delitos en el país.
Del mismo modo, señaló que la ordenanza debe contemplar que las prestadoras de servicios queden obligadas a dejar en “series blancas” todos los celulares que hayan sido reportados como robados o perdidos.
Esto es, explicó el funcionario, porque cuando un aparato es robado o se extravía y el cliente hace un reporte en la prestadora de servicios, el mismo al momento de la compañía bloquearle el serial, imposibilita a los agentes policiales poder rastrearlo; sin embargo, si el móvil queda en “serie blanqueada”, ellos obtienen más posibilidad de localizar a quien lo tiene.
Aseguró que en el país no cuenta con ningún tipo de regulación contra el desbloqueo de celulares, trayendo esto como consecuencia que haya un gran número de personas utilizando diferentes celulares con un mismo número de IMEI, lo cual es improcedente, debido a que la citada inscripción de 15 dígitos puede modificarse.
De igual forma, sugirió que la legislación crea una comisión integrada por la Dirección General de Aduanas, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones ( Indotel) y la Policía Nacional, que tendrán la responsabilidad de supervisar la importación y exportación por las prestadoras de servicios, a los fines de comprobar que los equipos en sus almacenes, entraron al país cumpliendo el debido proceso, según las normativas que rigen dicha materia.
En ese sentido, Bautista añadió que esa comisión creada tendrá inspectores certificados en materia de tecnología en todo el territorio nacional, quienes conjuntamente con miembros del Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la PN (DICAT) y el Ministerio Público, realizarán auditorías a los equipos utilizados en las tiendas de reparación, desbloqueos y venta de celulares de manera periódica y sorpresiva, donde además se comprobará si su licencia de INDOTEL se encuentra al día.
Además, consideró que se deben establecer penas a toda persona física o jurídica que opere cajas de desbloqueo de celulares, sin contar con la debida licencia del INDOTEL, las prestadoras de servicios o las personas constituyentes.
Finalmente, aseguró que de tomar en cuenta las medidas planteadas a los diputados mediante la ley, la tasa de delitos tecnológicos disminuiría en un 25% aproximadamente.
