Ese dinero ha dejado de recibirse en 12 años que lleva de aplicación la Ley 57-07; el gobierno busca llegue inversión
Desde el inicio de aplicación de la Ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y de sus Regímenes Especiales, hasta la fecha (12 años), el Estado ha dejado de recibir unos 182 millones de dólares por exenciones fiscales que ha concedido para incentivar ese tipo de energía no convencional en el país.
La información la ofreció ayer el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) Ángel Canó, en una entrevista con el periódico elCaribe. En ese encuentro dio una panorámica sobre las actividades en las que está envuelta la institución y planteó que se concentra, principalmente, en lo que se ha convertido en el corazón de su labor, que son las energías renovables. “En los últimos años, precisamente a partir de la implementación de la Ley 57-07, el trabajo de la comisión se ha concentrado en promover éstas, como forma de contribuir al desarrollo del país”, expresó Canó, respondiendo a preguntas formuladas por el director del periódico, Osvaldo Santana.
El director ejecutivo de la CNE agregó que para el accionar del organismo se tiene como referencia la Estrategia Nacional de Desarrollo y la propia ley que creó la CNE, y que establecen la necesidad de ir incorporando energía limpia, amigable al medio ambiente en la medida de lo posible. “Eso se aceleró a partir del acuerdo que se firmó en París, en donde ya entra el elemento puntual y acelerado del tema del cambio climático”, rememoró Canó.
Acudió a la entrevista con un staff de la CNE y reforzado de una importante cantidad de números sobre el área de su competencia. Los funcionarios que le acompañaron fueron: Luis Murilla, director Nuclear; Mercedes Arias, directora Eléctrica, y Yeulis Rivas, director de Fuentes Alternas.
“Como país asumimos una serie de compromisos nacionales en donde se reflejaba que teníamos que incorporar energía limpia en la matriz de generación y tener una mayor participación, teniendo como piso un 25%. Pudiéramos llegar hasta a más (…). Teníamos como meta hasta el año 2025 y en la Estrategia Nacional de Desarrollo estamos mirándonos en el espejo del año 2030”, explicó el director ejecutivo de la CNE.
Aseguró que desde el Gobierno se incentiva la incorporación de nuevas tecnologías, tanto en energía eólica como fotovoltaica. “Y la proporción que estamos ahora mismo manejando de participación de renovable, sin contar la hidroeléctrica, que es parte de lo denominado renovable convencional, es de cerca de un 9%”, calculó.
Desde el punto de vista de Ángel Cano, hay un largo camino por recorrer en materia de renovables. “El país está lejos de la meta”, expuso, sustentando ese planteamiento con datos numéricos. Las energías térmicas representan aún el 76.3% y las renovables el 23.7%, que vistas más en detalle se segmentan de la siguiente forma: La energía que aportan las hidroeléctricas representa el 16.6% y las renovables modernas el 7% (Esto es: 3.7% viento, 2% biomasa, 1.2% solar y 0.4% geotérmica). La autorización de los 182 millones de dólares en incentivos fiscales, vía la Ley 57-07 en 12 años, ha dado como resultado el aporte de 465 MW (megavatios) en fuentes renovables (grandes proyectos+autoproducción).
De acuerdo con las cifras oficiales, del “pastel” de incentivos entre el año 2007 y lo que va de 2019, el 36% ha sido por importación a concesionarios, 26% por concepto de Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), 31% crédito fiscal y 7% por importación a autoproductores.
Al referirse al sistema eléctrico dominicano, los datos que ofreció ayer la CNE indican que se cuenta con una potencia instalada de 3,841.1 MW, y adicionalmente se tienen 308.1 MW en sistemas aislados. En el año 2018 la máxima demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) fue 2,280.02 MW; con relación al año 2017 aumentó 1.40%.
En otro momento del diálogo, Ángel Canó informó que el 11 de enero de este se dio apertura a la ventanilla para recibir solicitudes de nuevas concesiones que estaban cerradas desde hacía tres años. A la fecha se han recibido 15 solicitudes nuevas que superan los 1,000 megavatios. “Eso quiere decir que en proyección estaremos logrando la meta con bastante tiempo y eso es alivio para nosotros, tomando en cuenta que nuestro país tiene una alta dependencia de los combustibles fósiles. Estamos apostando a que cambiemos un poco, incluso, la visión de mercado que tenemos porque el Estado es innegable que tiene también en los combustibles una fuente de ingreso, a través de la parte o componente fiscal que tienen los combustibles”, explicó.
El tema de la generación eléctrica a partir del uso del agua ha descendido considerablemente por efecto de la sequía que ha azotado el país. Ese faltante fue suplido por las energías renovables no convencionales, de acuerdo con la evaluación que hizo ayer Ángel Canó sobre ese aspecto. “Eso quiere decir que mientras más energía renovable nosotros podamos tener, aprovechando y utilizando el potencial que tiene el país, tanto de viento como de sol, vamos a tener una seguridad y una garantía de energía barata”, dijo el principal funcionario de la CNE.
Respondiendo a otras preguntas formuladas por el subdirector del diario, Héctor Linares, y por Héctor Marte, jefe de Redacción de Apertura, el director ejecutivo de la CNE explicó que en la medina que el país usa energía renovable, desplaza la necesidad de usar energía proveniente de la quema de combustibles fósiles (de petróleo).
Ejercicio académico y el desempeño en el Estado
Ángel Cano es abogado (graduado en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU)) y especialista en legislación eléctrica. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Iberoamericana (Unibe), maestría en Derecho de la Administración del Estado, de la Universidad de Salamanca y maestría en Derecho Matrimonial Canónico de la Universidad Internacional de la Rioja, España, entre otras especialidades.
Ha ocupado a lo largo de su carrera profesional relevantes cargos en el sector eléctrico. Fue director legal de Edesur-Edenorte (2000-2003), director legal de la Superintendencia de Electricidad y miembro del Consejo de Administración de la CDEEE, entre otras funciones. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Académico del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL).
Pequeños proyectos que reciben financiamiento
Entre industrias y residenciales hay 110 megavatios en producción con energía fotovoltaica, que se acogen al Programa de Medición Neta. Esto último es un servicio provisto por el distribuidor a los clientes con sistemas de generación propia que usan fuentes renovables de energía interconectadas a sus redes de distribución, que permite a los usuarios vender el excedente de su autoproducción, lo cual junto a los incentivos fiscales de la Ley 57-07, garantiza la recuperación de la inversión hecha en aproximadamente 5 años.
Desde el Estado hay una promoción de la inversión en energías renovables y se está sensibilizando a la banca formal local y a organismos internacionales de financiamiento para que abran espacio a proyectos de ese tipo. Se busca dejar atrás el temor que tenían las entidades de intermediación financiera para conceder préstamos, lo que se atribuía a los elementos propios de los riesgos que tienen las energías renovables. “Esto, por la vulnerabilidad de la que se habla, debido a que hay momentos en los que la energía baja, por falta de sol, porque no hay viento, porque está nublado, etcétera. Y esos elementos están siendo superados por muchísimos factores”, aseguró Canó.
“Tuvo la Junta Monetaria que emitir una resolución autorizando a la banca a aceptar paneles solares como garantía. Tenemos pequeños proyectos que han recibido préstamos locales y grandes proyectos encuentran espacio en el financiamiento internacional”, dijo.
