El Poder Ejecutivo da los toques finales a un proyecto de ley que busca organizar y regular las empresas públicas de la República Dominicana, que son en su totalidad de capital público o que dentro de su capital, el Estado tiene la mayoría de las acciones.
Así lo reveló ayer el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, durante la entrevista especial de elCaribe-CDN, en cuyo escenario explicó que en el país no existe una ley que regule de manera expresa las empresas públicas, citando que estas se crean sin que haya una legislación que ordene los pasos y los mecanismos a seguir, como ocurre con la constitución de los fideicomisos públicos o privados.
El funcionario refirió, a modo de ejemplo, empresas dominicanas de capital público o que en su mayoría son de capital público, como el Banco de Reservas, la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Punta Catalina, las Edes, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), así como las que pasarán a serlo como la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) y el Laboratorio Químico Dominicano.
“El gobierno anterior constituyó algunos fideicomisos públicos y le han funcionado, pero no había una ley de fideicomiso público, una ley que regulara y se hizo una ley de fideicomiso público. Ahora, la novedad que yo quiero anunciar aquí, es que también se hacen empresas públicas, sin que haya una ley que regule de manera expresa las empresas públicas (…). Es la primera vez que lo decimos públicamente, pero nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley que organizará y regulará las empresas públicas, que son las empresas que tienen capital público o mayoría pública”, adelantó Peralta durante la entrevista.
Ley exploración y explotación de hidrocarburos
Al conversar sobre otras iniciativas que el Ejecutivo ha presentado, figura el proyecto de ley sobre Exploración y Explotación de Hidrocarburos, que fue depositado recientemente en el Congreso Nacional y que ha recibido críticas considerando que con este “los extranjeros podrán explorar y explotar hidrocarburos”. Sobre el particular, el consultor jurídico aclaró que a este se le ha dado una interpretación inexacta.
De manera puntual, Antoliano Peralta sostuvo que solo se hará una modificación a un artículo y que si se aprueba esta ley el Estado dominicano podrá aprovecharse de la colaboración de otros estados para que presten su tecnología a través de sus empresas para la exploración y explotación de hidrocarburos. Esto, debido a que la legislación actual, que data de la era de Trujillo, ha prohibido desde entonces que “una empresa pública extranjera o que tuviera capital de un Estado extranjero no pudiera hacer exploración de hidrocarburos”.
“Es como si Refidomsa, que es una empresa pública dominicana, fuera a El Salvador a explorar, mediante un acuerdo con el Estado de El Salvador, la exploración de hidrocarburos si Refidomsa tuviera el expertiz para eso”, ejemplificó en la entrevista conducida por el director de elCaribe, Nelson Rodríguez, acompañado de la directora de CDN, Alba Nely Familia, el jefe de redacción de elCaribe, Héctor Marte y las periodistas Katherine Hernández y Julissa Céspedes.
Situación de interrelación en Cámara de Cuentas es insostenible
Preguntado sobre la situación en la que se encuentra envuelta la Cámara de Cuentas y el posible juicio político a sus miembros, Antoliano Peralta afirmó que se haga o no el enjuiciamiento el problema de interrelación personal que hay en el órgano no es sostenible
“Es decir, ellos mismos lo dicen. Ahora, eso causa también una preocupación porque eso no es razón para juicio político. Entonces, es un tema complicado porque la Cámara de Cuentas no funciona porque los miembros de la Cámara de Cuentas no tienen una relación armónica que les permita funcionar correctamente y después de todo esto, yo creo que aún no se haga el juicio político, ahora es que va a funcionar menos porque ellos se han contra acusado y contra acusado, se han agudizado los problemas, pero legalmente tampoco lo pueden destituir. Bueno, lo pueden destituir porque no funcionan, no porque no se lleven bien”, expresó.
Sobre las críticas de la oposición de que el Poder Ejecutivo es quien ha pujado para que se haga el juicio político a los miembros del órgano de control externo, el consultor jurídico negó que esto así fuese.
“¿Por qué razón el Poder Ejecutivo quisiera destituir la Cámara de Cuentas, si por ejemplo, el Ministerio Público es un brazo del Poder Ejecutivo y el Ministerio Púbico sustenta sus acciones en los casos de corrupción contra el Estado en los informes de la Cámara de Cuentas? Quienes parecen que no quieren Cámara de Cuentas son los partidos de oposición a juzgar por su conducta”, señaló.
En caso de que se apruebe el juicio político, Peralta indicó que como la Constitución de la República manda a que se respete el debido proceso en todas las instancias, no puede haber un proceso sumario de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas de manera colectiva, si no, que las imputaciones tienen que ser individuales.
“Porque una persona puede ser juzgada porque incurrió en un hecho y otro en otro y no necesariamente todos hicieron lo mismo en el supuesto caso de que hayan incurrido en las faltas que se les estén imputando. Una vez en el Senado, el Senado actuará como suelen actuar los tribunales, tienen que escucharlos. No se puede juzgar a nadie sin escucharlo, sin darle el derecho de escucharlo y, después de que esto ocurra, si las pruebas son tan contundentes como se dice, entonces el Senado tomará su decisión”, indicó.
Tras planteársele en la entrevista una posible destitución de los miembros, Antoliano dijo ser partidario de que los nuevos integrantes sean escogidos por los dos años que le restan al pleno actual, coincidiendo con el planteamiento del presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, aunque aclaró que eso no lo establece claramente la Ley.
Ley de referéndum se hace necesaria
Un proyecto que ha impulsado esta gestión de gobierno es la ley de referéndum, pendiente de la modificación de la Constitución de 2010. Sobre el particular, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirmó que es necesario que se apruebe esa legislación “porque si no nunca se podrá hacer un referéndum”, debido a que hay una parte de la Constitución que no se puede reformar si no es a través de este instrumento. Dijo que actualmente una comisión del Congreso Nacional traba el tema. “Hay una parte de la Constitución que no se puede modificar si no es mediante un referéndum, porque lo dice la propia Constitución. Entonces, no hemos necesitado modificar esas disposiciones constitucionales que requieren del referéndum, pero si se presentaran, no tenemos la ley”, puntualizó.
Para argumentar sus razones, Peralta comparó el referéndum con el proceso electoral, explicando que la asamblea electoral debe ser convocada cada cuatro años por disposición de la Constitución, pero hay una ley electoral que regula las elecciones.
“Y tiene que haber una ley que regule el referéndum aprobatorio porque la Constitución establece en determinados elementos de ella que si se van a modificar después que la asamblea lo conoce, tienen que llevarse a que la gente lo ratifique o lo rechace y la voluntad del pueblo en ese referéndum va ser determinante para que esta reforma se acoja o no se acoja”, precisó.
Antoliano Peralta, quien estuvo acompañado de Noelia Rivera, subconsultora jurídica y de Noel Sued, director de Proyectos Jurídicos Especiales del Poder Ejecutivo informó, además, que en la Consultoría Jurídica actualmente hay un equipo de abogados haciendo un levantamiento de las leyes y reservas legales que están pendientes en la Constitución.
Proyecto trata migrantes “casi cocido”
Al referirse al controversial proyecto de ley de trata que fue retirado en febrero de este año por el Poder Ejecutivo con la promesa de ser reintroducido ante el Congreso Nacional en 45 días, Antoliano Peralta anunció que no es una sola iniciativa, sino dos que serán sometidas. Una es de Tráfico de Migrantes y otra de Trata de Personas, que ya están “casi cocidas” para llegar al Poder Legislativo.
Igualmente, comunicó que ante el pronunciamiento del Tribunal Constitucional de que hay unas 58 sentencias emitidas por ese órgano y que han sido desacatadas por el Estado o el Poder Ejecutivo, el consultor jurídico dijo que pidió una relación al máximo organismo. Indicó que ya se recibió y que se está preparando un informe al presidente de la República para que se tomen las medidas. “Las sentencias irrevocables y todas las del Tribunal Constitucional lo son, son para cumplirse”, insistió.
Legislación
Se hacen empresas públicas sin que haya una ley que regule de manera expresa las empresas públicas”
Referéndum
Es necesario que se apruebe una ley de referéndum porque si no nunca se podrá hacer un referéndum”
