Santo Domingo, República Dominicana. – Ocho expositores y comentaristas participantes en la conferencia internacional “Inmigración, diáspora y democracia: repensando las experiencias latinoamericanas”, auspiciada por la Universidad APEC (UNAPEC), estimaron que la mayoría de los gobiernos del continente no poseen capacidad para atender las necesidades de los flujos masivos de inmigrantes involuntarios.
Las consideraciones fueron emitidas por los doctores Mauricio Dimant, coordinador del Instituto Harry Truman de la Universidad Hebrew de Jerusalem; Carlos Waisman, de la University of California (U.S.); Denise Jardim, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (Brasil), y Alfonso de Toro de la University of Leipzig (Alemania), y Francisco Carballo, University of London (U.K.).
En la mesa redonda sobre en qué medida el Estado en América Latina, en pleno proceso de democratización, puede ofrecer una respuesta a las necesidades de los inmigrantes, también intervinieron los dominicanos Wilfredo Lozano, sociólogo investigador; César Pérez, sociólogo y profesor universitario; Cristina Aguiar, embajadora adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores; Rosario Espinal, socióloga y Matías Bosch, director ejecutivo de la Fundación Juan Bosch.
La conferencia, inaugurada con un discurso del rector de UNAPEC, Franklyn Holguín Haché, en el campus principal de esa institución, se destacó que los movimientos masivos forzados están creando tensiones y convulsiones, y se abogó porque en la implementación de medidas para frenarlos sean respetados los derechos humanos.
Este primer cónclave de su dimensión en América Latina se efectúa los días 3 y 4 de octubre en colaboración con el Instituto Harry S. Truman de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en el horario de 2:30 de la tarde a 7:30 de la noche.
Alfonso del Toro señaló que recibir a un inmigrante es un acto de paz y democracia, y dijo que como la gran mayoría de las naciones receptoras no cuenta con la capacidad económica ni la infraestructura para hacerlo, los organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la OEA, deben crear un fondo para la emigración de emergencia.
Rosario Espinal indicó que “estamos en el ojo del huracán migratorio”, que el 66% de los haitianos y el 42% de los dominicanos tiene la intención de emigrar, según encuestas, pero que los Estado-Nación no están preparados para enfrentarse a la emigración.
Cristina Aguiar manifestó que el Estado nace para proteger a sus nacionales, por lo que en el proceso repartir recursos, que son muy pocos, los dominicanos deben estar primero.
Carlos Waisman explicó que los flujos masivos involuntarios debilitan la democracia, que éstos son imparables y que las grandes potencias no están interesadas en regularlos.
Wilfredo Lozano señaló que existen dificultades institucionales para frenar los citados flujos, que el 7% de los residentes en República Dominicana son extranjeros y resaltó que se reducen los más de 5 mil millones de dólares que entran anualmente por la movilidad forzada, se agravaría la situación financiera del país.
Denis Jardim expuso que las emigraciones crean convulsiones en Brasil y otras naciones, que se precisa proteger a los nacionales de la competencia ilegal, que los haitianos llegan de manera autónoma, al margen de la nueva ley de extranjería, y que se hace uso de los procesos legales y las nuevas tecnologías, sobre todo en la localización, registros, procesos de documentación y verificación de las tarjetas de extranjería.
César Pérez dijo que las migraciones masivas crean tensiones, porque no hay dinero para todos; refuerzan el sentido de pertenencia, se convierten en un tema político y abogó por la humanización de las emigraciones.
Matías Bosch rechazó que la presencia de los haitianos en territorio dominicano sea un peligro para la seguridad nacional, reclamó la adopción de una emigración organizada, para que los vecinos del país no sigan siendo explotados por el empresariado, y dijo que el 40% de los médicos de Haití han abandonado su país.
