El abogado de la Corporación Dominicana del Este, Miguel Valerio, valoró como una presión indebida las justificaciones expuestas por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, sobre la aprobación de un aeropuerto privado a dos minutos de vuelo de otro ya existente y las irregularidades de corrupción a lo largo de todo el proceso.
“Se trata de una presión indebida en un estado de derecho, un irrespeto preocupante a la separación de poderes que debería tener consecuencias si de verdad queremos preservar la salud democrática de nuestro país”, denunció.
Valerio indicó que Espinal debió abstenerse de asumir la defensa de un procedimiento viciado sobre el que pesan varias denuncias en la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y evitar así las sospechas de que su intromisión en un asunto que es ya de competencia judicial busca condicionar la actuación del Ministerio Público.
Expresó que los argumentos jurídicos de Espinal no alcanzan para explicar por qué el Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) se construirá con recursos privados exclusivamente y sin costo para el Estado y enfatizó que el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR) le aprobó el 16 de julio exenciones fiscales por 15 años que, al decir del Ministerio de Hacienda, costarán al Estado más de 4 mil millones de pesos y de las que no gozan los demás aeropuertos.
“De acuerdo a Hacienda, el proyecto es financieramente inviable sin el generoso apoyo del Estado Dominicano. Que conste, a la concesión fiscal se le dió carácter definitivo sin que la documentación de rigor estuviese completa”, señaló.
Denunció que aprobaron el permiso municipal de uso de suelo sin que se haya probado que los desarrolladores del AIB son los dueños titulares definitivos de los terrenos donde dicen edificarán el aeropuerto.
Pidió que que México realice un estudio exhaustivo de todas las opciones para determinar los pros y los contras técnicos ya que algo simular ocurrió en ese país relacionado con la viabilidad técnica en el espacio aéreo de la operación conjunta de la Base Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, muy cercanos , uno del otro.
“Lo anterior requiere ser objeto de una investigación exhaustiva que toma tiempo y a menudo es costosa por la experiencia técnica internacional requerida para asegurar que el Gobierno tenga información que pueda resistir cualquier escrutinio necesario para tales decisiones tan críticas”, enfatizó Valerio.
