El caso de los Conille comienza a suscitarse entre el período escolar 2019-2020, etapa previa, durante y, aun post la pandemia de COVID19. Era casi verano y el niño estaba a punto de finalizar y celebrar junto a sus padres, tras superar su cuarto curso de primaria con calificaciones sobresalientes.
Apenas JC tenía 9 años de edad, se encontraba en un ambiente escolar estable en las aulas del Carol Morgan School, un centro educativo de la capital dominicana. Pero de repente se siente aislado y privado de su derecho a la educación por la intervención de órganos persecutorios de fuerza pública administrados por funcionarios que ostentaban el poder en ese momento.
La cronología de los hechos cita que era la gestión encabezada por Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, quién por coincidencia cubre matriculación de sus hijos en el Carol Morgan School, con los mismos derechos que le fueran negados a JC, hijo de la pareja Conille, quiénes continúan la búsqueda de la justicia y el derecho al interés superior de su hijo, tras haber sido negada su rematriculación para los años escolares subsiguientes. Todo esto ocurre ante la apertura de un proceso de investigación penal que pesaba en contra de sus padres, a partir del momento en el cual una joven cercana a la familia, se lanzara por alegada depresión desde un piso ubicado en el Malecón Center.
Desde aquí empezó “la pesadilla de la cual quiero despertar por completo”, describe la madre del niño, ya que toda la familia ha sido víctima de una “injusta persecución” que nos ha costado años de tristeza y sin sabores, afirma. Aunque aseguran estar satisfechos con el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia que ratifica la absolución de todos los cargos que pesaban en su contra.
Puntos de vistas de expertos
El doctor Jhonny de la Rosa, experto jurista ha estudiado el caso de cerca desde el seguimiento a la prensa y las noticias relacionadas con el menor JC, al margen de los procesos que se han incoado en las diferentes instancias judiciales correspondientes.
En ese sentido,de la Rosa considera que los abogados de la familia Conille han ido aplicando el debido proceso paso a paso acorde con la Constitución y las leyes dominicanas,según ha podido observar.
“Es evidente que han sido vulnerados derechos fundamentales del menor,en especial el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución (Artículos 57,63),en tratados internacionales y el Código del Menor como objeto fundamental, para garantizar al niño la educación integral en todos los sentidos”,subraya el experto.
El primer proceso involucra la acción ante el Tribunal de Niñas, Niños y Adolescentes junto al Ministerio Público, obteniéndose como resultado una decisión adversa hacia el educando, hasta conseguir la anulación de dicha sentencia por el Tribunal Constitucional en el 2021 (TC/0239/21) y luego entre ese año y finales de 2023, los padres incoaron un recurso de casación en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), el cual ordena mediante Sentencia Número 0030-2023-SSEN-0076 la rematriculación del niño en el precitado centro educativo.
De La Rosa sostiene:“Sin embargo esto fue un éxito a medias de la parte accionante, porque el TSA, si bien tomó esta decisión parcialmente favorable para el menor, no menos cierto es que le rechazó a los padres la intención del resarcimiento del daño y perjuicio causado a todas luces por la decisión discrecional del centro educativo, por lo que ahora resta esperar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia después que, a través de los abogados de la familia han incoado con todo el derecho, un recurso de casación,para la pretensión económica”, resaltó de la Rosa.(Ampliar detalles historia _video episodio 1)https://youtu.be/EDNnwztMLo4
Punto de vista psicopedagógico
Para la psicopedagoga Asela María Peguero,un niño a los 9 años de edad está en la construcción de su personalidad y su autoestima,“por lo que el primer impacto negativo lo percibe en su autoconcepto, puede manejar culpa, desconfianza tras buscar una explicación a lo sucedido, sobre todo si la situación no ha sido un hecho directo de su parte. Siempre que se extrae a un niño de su entorno las consecuencias son socioemocionales y más si se hace de forma abrupta e inesperada como es el caso JC”, añade la especialista.
Peguero afirma que, lo primero que este tipo de escenario pudiera causar es “mucha inseguridad e inestabilidad emocional”, por lo que va a requerir explicación por parte de los padres, así como el restablecimiento de su entorno socioemocional, ya que pasa por un proceso de duelo y de adaptación, porque puede lesionar su autoestima.Puede ser muy frustrante, porque los niños no entienden porqué los adultos a veces se encuentran en problemas o situaciones adversas.
Para enfrentar esta problemática se recomienda buscar ayuda profesional de un psicoterapeuta o un psiquiatra de pediatría,quién pudiera manejar el caso de una forma más holística, agrega la experta.
En otro orden, con relación a la estigmatización o discriminación de la cual puede ser objeto un menor si ha recibido señalamiento directo, “porque viene de ese caso”, puede sentirse etiquetado para toda una vida. Y regresar a su mismo centro educativo, sería “el niño que vuelve por imposición de la ley”,explica. “Si el niño quiere volver a las aulas de su antiguo colegio,es una decisión de él y de sus padres junto a la ayuda de psicólogos o psiquiatras, quiénes son las personas facultadas para determinar si se han logrado las condiciones socio afectivas adecuadas”,añade.
En ese sentido, la especialista en psicopedagogía expone que la ley tiene sus mecanismos, empero “lo humano va por otro derrotero”.El tribunal tardó en emitir sentencia a favor del menor,sin embargo el proceso de vida, desarrollo y crecimiento del niño continuó, con o sin la decisión de su rematriculación.
“La ley le da la oportunidad de volver a las aulas, pero la decisión es de la familia, así recordando que se trata de un menor. A la Ley hay que inyectarle sus valores, el humanismo y la práctica de los derechos”, puntualiza la educadora.(Ampliar detalles en video episodio 2)https://youtu.be/gVotN-l6Ois
Contexto actual del caso
Entre los meses diciembre 2023 y enero 2024 los padres del menor JC inconformes con la sentencia parcial del Tribunal Superior Administrativo incoaron una nueva acción o recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, para sostener la demanda de responsabilidad patrimonial contra el Ministerio Público como órgano persecutor.
En la actualidad, los medios de comunicación y la ciudadanía están a la expectativa de una decisión justa y favorable como pretensión indemnizatoria por parte del órgano superior de la justicia,la cual pueda resarcir los daños y perjuicios colaterales del menor JC y marcar un nuevo precedente en la historia de la justicia dominicana
En 2024 JC cumple 13 años de edad, se encuentra en la víspera de su adolescencia y tiene plena conciencia de lo sucedido, sin dejar de manifestar dolor por todo lo sufrido junto a sus padres, mientras los mismos quedaron absueltos del caso por el cual eran objeto de investigación penal vía la Procuraduría General de la República, bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez.
Actualmente, JC con la ayuda de sus padres y psicólogos analiza la posibilidad de reintegrarse en el Carol Morgan School, su colegio de origen, aunque desconoce si su proceso de readaptación traerá consigo las secuelas del miedo y el dolor que aun quedan en su mente y marcan su interior.
* Por motivos de protección de la verdadera identidad del niño y sus derechos integrales, este reportaje se limita a usar solo las iniciales JC
