Con la autorización del autor, el periodista y escritor Miguel Guerrero, elCaribe digital presenta “1978-1986. Crónica de una transición fallida”, puesta en circulación en octubre del 2020, en plena pandemia del COVID 19, y que ofreceremos por entregas. Acceda al índice y al prólogo aquí

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CAPÍTULO VI

Marzo-agosto, 1979.
Surgen los primeros indicios de división en el Gobierno, mientras el panorama azucarero sigue incierto

E

n marzo, a propósito del debate en el Senado de un pro- yecto de ley que establecía impuestos escalonados a la exportación del oro extraído en Pueblo Viejo, Cotuí, se

debatían algunas reflexiones respecto a los beneficios que esa opera- ción comportaría al país. Como consecuencia, del descalabro mun- dial de los precios del azúcar, el café y otros productos agrícolas básicos de exportación nacional y el consiguiente y el alza del petró- leo, se hacía imperiosa la necesidad de recurrir al auxilio de los re- cursos minerales para salvar la tambaleante economía dominicana.

Ni en el acuerdo suscrito en febrero entre el Gobierno y la empresa minera Rosario, propietaria de la concesión de los yaci- mientos de oro y plata de Pueblo Viejo, ni en el proyecto de ley que estaba siendo estudiado en comisiones senatoriales, y que ya fuera aprobado por la Cámara de Diputados, se creía conveniente estipu- lar límites al ritmo de extracción de los minerales. La importancia de esta previsión quedaba confirmada al expandirse la tendencia, en la mayoría de los países con tales recursos naturales, de imponer res- tricciones a la explotación, a fin de preservar esos recursos y obtener mejores oportunidades de precios en los mercados internacionales por medio de reducciones programadas de la oferta.

Este tipo de providencia conservacionista gozaba de aprecio en la comunidad internacional. Incluso en los países industriales, don- de tales recursos tienen el más amplio y variado empleo, se aceptaba

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como buena esta política por razones quizá de otra naturaleza pero igualmente lógicas. Y la verdad era que para esos países, la reduc- ción en niveles moderados constituía un elemento de seguridad para la industria, garantizando la existencia de una materia básica de la depredación del consumo irracional, que siempre es una ame- naza en los períodos de abundancia excesiva.

Además, no se conocía otro factor de equilibrio del mercado internacional más seguro y dinámico. Esto tenía una importancia trascendental tanto para los países consumidores como exportado- res de materias primas, pues si bien los últimos necesitaban tener siempre a su alcance grandes volúmenes a precios aceptables, los primeros solo pueden económicamente sostenerse cuando las coti- zaciones del mercado responden a una visión de su realidad social.

En el amplio debate que el acuerdo con la Rosario suscitó y también en el proyecto pendiente de aprobación en el Senado, se relegó a un plano secundario la esencialísima cuestión de cuál era el monto de las reservas de oro y plata y lo que es tan o más impor- tante aún, bajo el ritmo de producción cuánto tiempo durarían los yacimientos.

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Durante todo el mes de marzo, las declaraciones formuladas en Nueva York por Peña Gómez, sobre el mal estado de la economía del país, siguieron teniendo en Puerto Rico una amplia repercu- sión. Un influyente banquero asociado a un grupo de inversionistas puertorriqueños y norteamericanos interesados en programas espe- cíficos en la Republica Dominicana dijo a El Caribe que la afirma- ción del dirigente perredista seguía teniendo “un efecto paralizante” respecto a muchos de esos planes. “Es cuestión de confianza”, ex- presó al referirse a la gran publicidad que las declaraciones del líder político continuaban recibiendo en la prensa puertorriqueña.

En cierto sentido, las expresiones del banquero, ligado estre- chamente a intereses periodísticos y oficiales de la isla, reflejaron la

inquietud observable en sectores gubernamentales puertorriqueñas por lo que se insistía en llamar “falta de cohesión” del Gobierno dominicano respecto a cuestiones que se consideran básicas, princi- palmente en lo que concierne a política exterior.

La preocupación tenía que ver con los radicalmente opuestos puntos de vistas expresados por el presidente Guzmán y algunos de los más altos dirigentes del PRD, incluido el secretario general Peña Gómez, en relación con el status de la isla y el futuro de las relacio- nes entre las autoridades de ambos países. Las excesivas reiteraciones de dirigentes del PRD en respaldo al movimiento independentista, y al partido de Rubén Berríos, herían allí muchas susceptibilidades.

El Gobierno insular recibió seguridades del régimen dominica- no de que ese tipo de declaración no comprometía la línea oficial. El reciente contacto personal entre el presidente Guzmán y el goberna- dor Romero Barceló sirvió para ahuyentar algunas de las inquietu- des prevalecientes, pero muchos funcionarios temían que Guzmán fuera arrinconado y obligado a escoger entre la lealtad a su partido y los compromisos, informales por cierto, contraídos por el Gobierno en Puerto Rico. Era por esto que las afirmaciones Peña Gómez sobre la situación económica dominicana tuvieran en la isla un efecto tan dramático. Se pensaba que si tales afirmaciones respondían a una realidad social, era poco probable que el presidente Guzmán pu- diera dedicar tiempo y esfuerzo a despejar los temores locales sobre el futuro de las relaciones bilaterales, empañadas por las adhesio- nes públicas del PRD al partido opositor más radical al status y a una eventual incorporación de la isla como un estado de la Unión Norteamericana, que auspiciaba el Gobierno de Romero Barceló.

Funcionarios consultados por El Caribe en Puerto Rico creían que los dirigentes del PRD debían ser más cautos en sus manifes- taciones de apoyo al movimiento independentista, para evitarle a Guzmán las embarazosas situaciones creadas en el plano internacio- nal, en especial con respecto a Puerto Rico.

Como otro ejemplo de esa disparidad, se citaba la participa- ción dominicana en las gestiones, dadas por concluidas ya sin resul- tados, en búsqueda de una salida pacífica al conflicto de Nicaragua. Mientras por una parte el Gobierno dominicano tuvo una decisiva intervención en el grupo mediador auspiciado por Estados Unidos, el partido oficialista no ocultó nunca su respaldo a la causa sandi- nista, como quedó demostrado con la invitación que se le hizo al dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el sacerdote jesuita Ernesto Cardenal, en momentos en que el canci- ller Ramón Emilio Jiménez Reyes, buscaba fórmulas de concilia- ción que nunca llegaron a cristalizarse.

Pero más que esta dualidad desconcertante, lo que preocupa- ba más a los hombres de negocios puertorriqueños interesados en proyectos mixtos en la Republica Dominicana, era hasta qué punto las francas admisiones del influyente dirigente político del PRD revelaban la profundidad de los males económicos del país.

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Una carta enviada por su antecesor, el expresidente Joaquín Ba- laguer a los diarios dominicanos en la que refutaba muchos de los conceptos vertidos por el mandatario en su discurso ante la Asam- blea Nacional; y las contundentes declaraciones del ex secretario Técnico de la Presidencia, Leopoldo Espaillat Nanita, sobre las cau- sas que a su juicio afectaban el desenvolvimiento económico de la nación, mostraban las dificultades de Guzmán en marzo.

La carta de Balaguer, si bien se trataba de un alegato político a favor de la administración anterior, ponía en entredicho las fuentes de información del jefe del Estado con respecto a muchas de las cuestiones que se consideraban vitales en el manejo del Gobierno.

El expresidente alegaba que algunas de las obras anunciadas por su sucesor como nuevas en realidad comenzaron a construirse mucho antes de que asumiera el cargo y que Guzmán, al parecer,

“fue sorprendido en su buena fe e incurrió en risibles inexactitudes”, pues no es posible atribuirle “el agravio” de estar mal intencionado. Las expresiones de Balaguer -unidas a los visos de reestructuración perceptibles en su Partido Reformista y la creciente actividad que el bloque congresual opositor mostraba en el Senado, donde poseía la mayoría, y en la Cámara de Diputados, eran indicios de que el Gobierno tendría que dar cara en lo adelante a una oposición más organizada y decidida.

Pero el golpe más severo a la administración provino de sus propias filas, cuando el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita hizo públicas las causas por las que, según él, fue separado sorpresiva- mente del puesto. El exfuncionario, considerado como uno de los hombres más estrechamente ligado al primer mandatario, hizo las denuncias más serias que contra el Gobierno se formularan en sus primeros siete meses de ejercicio constitucional. Reflejaron un mal de fondo en la alta esfera oficial. Fue como una radiografía que re- veló un tumor maligno que era preciso extirpar cuanto antes, para evitar que se extendiera con todas sus horribles consecuencias.

Espaillat Nanita negó que fuera el responsable del estanca- miento de la industria de la construcción y de la economía en ge- neral y endosó la culpa al Banco Central. También admitió una paralización virtual de la actividad económica y que el gobernador del Banco Central, Eduardo Fernández que “tiene en su poder to- dos los resortes económicos de la nación”, engaña al Presidente de la Republica sobre la situación financiera real.

Lo particularmente grave de sus declaraciones, sin embargo, no era su admisión de que el Gobierno padecía de “una falta de coherencia”, sino que las autoridades estaban a punto de perder un préstamo ya otorgado de US$6.0 millones por la ausencia de un programa específico en que emplearlo. El préstamo, de acuerdo con la versión del exfuncionario, fue facilitado por el Banco Inte- ramericano de Desarrollo (BID) con el propósito de estimular pla-

nes de fomento industrial. “El dinero”, dijo Espaillat Nanita, “será retirado precisamente por falta de actividad y no nos explicamos cómo está estancado un préstamo así en un país carente de recursos financieros”.

“El Banco Central es una entidad que ha arropado muchas funciones y el máximo dirigente de la entidad está engañando al Presidente de la República”, agregó. Lo realmente curioso en todo esto era que, en atención a la gravedad de la acusación, ni el pre- sidente ni el gobernador del Banco Central respondieran con la celeridad que las circunstancias en este caso demandaban, lo que inducía a creer que el requerimiento imperioso de dinero que había revelado el Gobierno, y que se traducía en innumerables créditos internacionales, era en parte resultado de la necesidad de cubrir un presupuesto a todas luces deficitario.

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El presidente Guzmán dijo a mediados de marzo a un grupo de directores de diarios que el Gobierno estaba preocupado por los graves efectos internos de un nuevo aumento del petróleo que entraría en vigor a comienzos del mes de abril. Y era natural que así fuera. De la versión de la entrevista del Presidente con los pe- riodistas ofrecida por estos últimos, se desprendía que parte de la inquietud oficial se derivaba del efecto paralizante que este hecho producía en la capacidad gubernamental para encarar muchos de los graves problemas internos y poner en marcha los dilatados pro- gramas de acción sobre los que se basaba el “cambio” político del perredeísmo.

Guzmán comprendía a cabalidad el reto a que se enfrentaba. Y por primera vez en sus siete meses de gestión, parecía realmente decidido a encarar la situación de calamidad que se avecinaba con medidas de austeridad y manejo escrupuloso del gasto público. El Gobierno no dejaba filtrar indicios respecto a la naturaleza de las medidas. Pero la lectura del comunicado conjunto que el Presidente

suscribió esa semana en Caracas con otros jefes de Estado permitía aventurar que el Gobierno estaba dispuesto a ser lo suficientemente enérgico.

Quizás el país no estuviera ante una crisis. Pero no era exage- rado decir que el alza del petróleo planteaba una de las situaciones más difíciles de los últimos años. La circunstancia de que ocurriera en momentos de penosa inactividad económica, por la falta de co- hesión en materia de acción política y demasiada planificación y burocracia, proyectaba una imagen de deterioro.

Si el Gobierno finalmente estaba decidido a imponer un ré- gimen de austeridad, tenía necesariamente que estar dispuesto a afrontar las consecuencias. Toda medida de este tipo conlleva sa- crificios para la población. En el caso específico dominicano equi- valía a doblar el peso de un cúmulo ya elevado de restricciones. La experiencia demuestra que cuando estas situaciones se presentan, los gobiernos tienen que aprender a ser impopulares si quieren ser justos o atacar debidamente los problemas. No era tarea fácil deter- minar si Guzmán, objeto de muchas críticas por su ambigüedad en materia laboral, económica e incluso de derechos humanos, estaba presto a pagar ese precio.

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La creciente preocupación por los altos precios de algunos ali- mentos de gran consumo diario se reflejó en los titulares de los diarios a mediados de marzo. Los esfuerzos del Gobierno para re- mediar la situación en lo concerniente al problema de la carne de res, cuyo abastecimiento llegó a niveles críticos en las semanas an- teriores no surtieron efecto. Un acuerdo para entrega de 118 reses diarias por parte de los mataderos de exportación a los tablajeros fue a lo único que el Centro Dominicano de Promoción de Expor- taciones (CEDOPEX) pudo llegar con las partes involucradas en la crisis. Si se aseguraran mecanismos de aplicación, el arreglo podía haber aportado una solución al conflicto. Pero al finalizar la semana

se hizo evidente que su perdurabilidad dependía de muchas, varia- das y frágiles circunstancias, algunas de ellas fuera del control de las autoridades.

Hubo que esperar, sin embargo, los primeros días de la semana siguiente para determinar cuán efectivo era el acuerdo. Los aconte- cimientos permitieron establecer, además, la sinceridad de algunos de sus compromisarios de aportar algún remedio a una situación que, de agravarse, constituiría elementos de conflictos sociales más intensos.

Los tablajeros se quejaron de que las autoridades trataron de colocar sobre ellos todo el peso de la responsabilidad por la crisis de precios y abastecimiento. Los inspectores de la Dirección de Con- trol de Precios recorrieron continuamente sus casillas para imponer penalidades a los carniceros hallados culpables del delito de altera- ción de los precios. Pero el mismo celo y energía no fue aplicado a los otros sectores responsables de un suministro adecuado en ma- teria de calidad y precios. Así, mientras se permitió a los mataderos vender las bandas a precios por encima de lo estipulado por un ya famoso e inefectivo decreto -por lo menos en las semanas siguientes a su promulgación-, se trató de obligar bajo la amenaza de sancio- nes a los tablajeros a ajustarse a sus dictados aún a sabiendas que con ello se estaba cometiendo una injusticia. En el lenguaje de los carniceros “se cortó la soga por el lado más estrecho”.

El origen de la crisis de la carne de res no residía en un posible déficit en la producción, que evidentemente no existía. Sus causas había que buscarlas necesariamente en la existencia de un mercado de excelentes precios en los Estados Unidos que abrió muy buenas perspectivas a los ganaderos y dueños de mataderos dominicanos, que en muchos casos eran una misma cosa.

Al ofrecer la posibilidad de venta en ese mercado mejores con- diciones de precios, en moneda extranjera además, era claro supo-

ner que los ganaderos y los mataderos no se sintieran inclinados a destinar el alimento al consumo interno.

La cuestión era mucho más conflictiva de lo que parecía. El alegato de que el incumplimiento de las cuotas asignadas constituía un duro revés al prestigio nacional como suplidor, lo que conlle- varía la pérdida de posiciones alcanzadas a través de años como suplidores, no era del todo ficticio. Además estaba el hecho de que la exportación era uno de los estímulos más efectivos a la produc- ción nacional, lo que a su vez mejoraba las perspectivas de empleo e ingresos de divisas.

Sin duda, el Gobierno se hallaba ante un dilema. Dentro de ese complicado conflicto de intereses, legítimos por cierto, era real- mente duro una decisión, a menos que esta no fuera de corte salo- mónica. Y como este tipo de solución no llena nunca todas las aspi- raciones de las partes, fue poco realista pretenderle perdurabilidad. La mayor parte de las soluciones propuestas se inclinaban hacia una de las partes. El Gobierno por virtud y efecto de las circunstancias quedó arrinconado entre su lealtad a los influyentes y poderosos intereses que una de ellas representaba y la necesidad de consolidar su roída imagen de vigilante permanente de aquellos menos favore- cidos por la fortuna.

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Marzo no fue el fin del mundo, pero los signos de un malestar creciente siguieron impregnando la economía. Los consumidores se vieron ante la necesidad de someterse a restricciones en los com- bustibles y a nuevas alzas de precios contra las que el Gobierno era incapaz de luchar. El presidente Guzmán hizo una descripción sombría de las perspectivas inmediatas y dijo que cada dominicano debía respaldar los esfuerzos emprendidos para hacer frente a los altos gastos de importación de petróleo.

Tornándose cada día más difícil, la situación engendró fuertes críticas contra la administración perredeísta. La puesta en vigencia a partir del primero de abril de un segundo aumento escalonado en las cotizaciones mundiales del crudo, creó enormes expectati- vas. Como consecuencia de esta alteración del mercado se hacían inevitables, de acuerdo con el Gobierno, alzas de los derivados en el plano nacional. En vista de la escasez en los suministros del gas pro- pano, una de los derivados de mayor demanda interna, el Gobierno se vio obligado a importar 500 toneladas desde Miami a precios por encima de los niveles vigentes en el país, para suplir la incapacidad de la refinería, debido a cortes en los embarques venezolanos.

Esto obligó a los consumidores a pagar más por el producto. Y se hizo igual con la gasolina, que incluso comenzó a ser racionada en las estaciones de expendio; el cemento, por el que las plantas productoras sutilmente presionaban; la leche y una interminable lista de artículos de fuerte demanda.

El alza del petróleo, anunciada con mucha antelación, además del que entró en vigencia el primero de abril, como otros dos con- templados para el año, a agravó la situación derivada de lo que un exmiembro del gabinete, Leopoldo Espaillat Nanita, calificó la semana anterior de falta de definición de política económica que alienta la contracción. El presidente de la Republica sugirió la po- sibilidad de que el Gobierno adoptara una serie de medidas para encarar la encrucijada económica. Pero no se tenían indicios al pro- mediar la semana de cuales serían estas y la forma en que serían aplicadas o se garantizaría su ejecución.

De acuerdo con versiones oficiosas, publicadas en los perió- dicos, algunas de estas medidas estaban encaminadas a ahorrar combustible en las dependencias gubernamentales. Un vocero del partido oficialista anticipó que como parte de esta disposición se establecería el uso de vehículos de menos consumo en las depen- dencias del Estado. El mismo portavoz dijo por radio que el presi-

dente Guzmán proyectaba, siempre tomando en cuenta previsiones de seguridad personal, imponer la restricción incluso a su escolta.

Quizá esto no fuera necesario. Pero sí parecía posible fomentar el ahorro reduciendo la enorme cantidad de funcionarios que no hacen nada que acompañan al jefe del Estado en sus recorridos por el interior, una modalidad evidentemente heredada de la adminis- tración anterior que no sufría alteración alguna. El Gobierno tenía ante sí una tarea titánica. Los hábitos de consumo de la población eran muy acendrados y era poco probable que los métodos de per- suasión publicitarios surtieron el efecto deseado en el público.

Tal circunstancia planteó la interrogante difícil de cómo enca- rar la crisis y evitar un deterioro mayor. Guzmán y algunos de sus colaboradores más allegados invocaron el sentimiento patriótico de los dominicanos para reforzar el respaldo que necesitaba el régimen para llevar a cabo con algún éxito cualquier campaña de saneamien- to económico. El Gobierno estaba consciente de que no podía pretender respaldo público si no imponía el ejemplo en casa, en materia de austeridad. Ese era ya un buen signo. Pero hasta dónde había disciplina suficiente en la administración pública para aceptar los sacrificios, no lucía todavía muy claro.

Hasta entonces el Gobierno padecía de una inactividad objeto de muchas y extendidas críticas. En lo adelante tendría que redoblar sus esfuerzos. Si lo hacía, los errores del pasado no tendrían impor- tancia. Pero si continuaba inmerso en la inercia que lo caracterizaba era probable que políticamente le falte tiempo para arrepentirse.

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En reacción a los ataques del Gobierno, el expresidente Joa- quín Balaguer dijo que la administración del Partido Revoluciona- rio Dominicano “ha incurrido en el error de dar la espalda a las cla- ses populares” para apoyarse en las “oligarquías, principalmente en la terrateniente” y en la que detenta el poder económico tradicional y aclaró que hacía el señalamiento “sin ánimo de crítica”. El “error”

del Gobierno perredeísta se ha dado en otros países del Continente y consiste en sostenerse “en una minoría explotadora no sólo criolla sino también, y acaso principalmente, extranjera”.

Según Balaguer ese era el principal error en que pueden caer los partidos multitudinarios porque por ese camino llevan las masas a un estado de total defraudación, y esa defraudación trae consigo el crecimiento casi obligatorio de la extrema izquierda y la radicaliza- ción de la juventud, “sobre todo de la que frecuenta las aulas uni- versitarias”. Balaguer hizo las afirmaciones en un trabajo presentado en una conferencia de expresidentes constitucionales latinoameri- canos celebrada en Caracas. El ex mandatario no pudo asistir a esa junta. Pero El Caribe solicitó y obtuvo copia del texto que publicó íntegramente el 25 de marzo.

“Es obvio”, destacó el ex presidente, “que la estabilidad política depende en gran parte de la participación que las grandes masas tengan en la gestión de la cosa pública. Parece claro que solo en la Argentina se ha intentado hasta ahora en la América Latina incorpo- rar al pueblo, como gente activo, a la vida política de la nación. Pero todos sabemos que ese intento, el cual parece haber fracasado con la desviación que desde sus primeros años experimentó el justicialismo de Juan Domingo Perón, pudo haberse logrado con la gestión del ilustre catedrático de la universidad de La Plata, don Arturo Frondizi, si su administración no hubiera sido lamentablemente tan efímera”.

Balaguer reconoció que en la Republica Dominicana existía un partido de masas que es el PRD. Sin embargo, en el caso dominica- no y en el de otros países donde existen también partidos de masas “esas grandes agrupaciones políticas no han alcanzado todavía, pese a la vasta popularidad de sus fundadores y de muchas de sus figu- ras representativas, el grado de evolución que se requiere para que sean las masas y no los propios dirigentes políticos las que tengan la mayor participación en la suerte y en la conducción de sus paí- ses respectivos”. Por lo que consideró que “esos partidos tendrán

que transformarse para que puedan dar satisfacción a los anhelos crecientes de las grandes masas, y muy particularmente, a las espe- ranzas y a los ideales de las nuevas generaciones”.

Con respecto a la capacidad de los sistemas democráticos para hacer frente a las demandas sociales de la población, el expresidente escribió:

“Parece evidente que el crecimiento de las demandas sociales, es decir, la exigencia cada vez mayor, de los pueblos para que el Es- tado adopte medidas cada día más amplias, en favor de los sectores menos favorecidos por la fortuna que son precisamente en nuestras sociedades los más numerosos, es una secuela de nuestra falta de desarrollo económico”.

“La renuencia de los grandes países industrializados a pagar un precio justo por las materias primas que exportamos, o darnos, en otros términos, un tratamiento más justo en el orden económico, nos incapacita para corresponder a los reclamos de la parte de la po- blación de cada uno de nuestros países a la que no es posible ofrecer el mínimum de bienestar a que tiene derecho todo conglomerado humano”. Estimó también que “los graves problemas que se plan- tean al Estado en el campo de la salud, en el de la educación, en el de la vivienda, en el del desempleo y en el de la delincuencia juvenil que aumenta por el desamparo en que la escasez de medios nos obli- ga a mantener a la niñez, no se han resuelto y no se resolverán en la mayor parte de nuestro hemisferio mientras nuestros principales productos de exportación no se vendan a precios remunerativos”.

A juicio de Balaguer “sería hasta cierto punto absurdo atribuir a la democracia, al sistema democrático en sí, la culpa de esos ma- les”, y consideró que en las naciones regidas autocráticamente, “en donde la autoridad tiene un carácter esencialmente político o to- talitario, esas demandas no se oyen porque son ahogadas por la arbitrariedad o porque el falso espejismo que rodea las autocracias no permite que sean conocidas en el exterior”.

“Pero en donde existe la libertad de la palabra oral y escrita”, aclaró Balaguer, “la ausencia de cortinas artificiales que oculten la realidad, la autoridad vive expuesta a la crítica constante de los que carecen no solo de la ocupación sino también de otras muchas ur- gencias no menos elementales”. El expresidente opinó que en defi- nitiva las recriminaciones que se hacen en la democracia represen- tativa por su incapacidad para satisfacer las necesidades de todos los habitantes de una nación, deberían más bien dirigirse antes que al sistema a la falta de un régimen de justicia internacional en que no existan naciones explotadas ni naciones explotadoras”.

Balaguer se refirió también a las críticas que se formulan con- tra la democracia por su fracaso en detener el auge de la delincuen- cia. “El desarrollo de la delincuencia es un fenómeno”, expresó, “que tiende a extenderse a todos los países y que se registra en todas las latitudes del planeta sin que se pueda alegar que sus dimensio- nes son mayores bajo los regímenes democráticos y en los estados totalitarios”.

El expresidente sostuvo que en el continente, por ejemplo, los casos de secuestros, los atentados personales de origen político y la sensación de inseguridad y zozobra que embarga con frecuencia a las poblaciones, son tan comunes en los regímenes dictatoriales que bajo los sistemas democráticos. “Cuanto más férreo es el sistema y cuanto más antiliberal es el régimen bajo el cual se vive y se actúa, más común es la tendencia del hombre, sobre todo del hombre de hoy, manifiestamente en rebeldía contra todos los conceptos dog- máticos de la sociedad y de la vida, a recurrir a la violencia para re- peler todo lo que a su juicio coarte su libertad de acción o depriman su individualidad”, dijo.

Balaguer consideró, asimismo, que no existe ninguna inferio- ridad que sea imputable a la democracia con respecto a los demás sistemas de Gobierno en cuanto a su propia capacidad para repri- mir la delincuencia, sea esta de orden común o de orden político.

“Hay que presumir, por otra parte, que la facultad de represión del régimen democrático no puede ser puesta en entredicho por la simple razón de que el sistema se funda en un consenso general de opiniones y de voluntades, puesto que hay que suponer que la totalidad o la casi totalidad de los integrantes de una sociedad or- ganizada aspiran a convivir en paz y sancionar con su aprobación todo acto, emane de la justicia o a restablecer el orden subversivo”.

El ex jefe del Estado consideraba también que lo que si es dig- no de señalarse es la diferencia existente, en cuanto al uso de méto- dos coercitivos entre la democracia y cualquier sistema autoritario. “Mientras en los regímenes autocráticos se repele la violencia con violencia, en los gobiernos de índole democrático toda sanción, aun la dirigida contra los actos más graves y contra los que mayor peli- gro encierran contra la sociedad, se ejecuta con estricta sujeción a la ley y con procedimientos generalmente dilatorios que contribuyen a difundir, en la generalidad de la gente, la impresión de que la democracia favorece la impunidad del delito o estimula, tanto en los casos de derecho común como en los de carácter políticos, las actividades antisociales”. Afirmó que la experiencia demuestra que la actividad delictuosa crece, en vez de disminuir, cuando la repre- sión que se usa para combatirla se desarrolla al margen de la ley o se realiza como en todo estado policial “con severidad excesiva”.

El extenso texto de Balaguer no generó de inmediato ninguna reacción oficial, pero se entendió como un aviso de que el líder re- formista asumía el liderazgo de una oposición más activa de la que hasta entonces existía.

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Las declaraciones de Balaguer coincidieron con las primeras protestas callejeras contra el alza de la gasolina y otros combustibles. Y todo parecía indicar que se esperaban todavía días mucho más difíciles. El 25 de marzo, por ejemplo, entró en vigor un aumento de un 9.5% en el precio del petróleo. Pero como el país adquiría

todas sus necesidades energéticas en Venezuela el costo de las ad- quisiciones de crudo fueron más elevados debido a que la Organiza- ción de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió permitir al Gobierno de Caracas fijar un nivel superior al establecido. De esta forma cada barril venezolano costaba 15.74 dólares, en virtud del sobrecargo de 1.20 dólares autorizado.

Como no existían razones, considerando la forma en que Vene- zuela aplicaba las tarifas a ricos y a pobres, para pretender un gesto de buena voluntad o comprensión por parte de ese país sudameri- cano hacia la Republica Dominicana, Gobierno y consumidores se acostumbraron a la idea de tener que pagar una tarifa mayor que la que deberán asumir naciones altamente industrializadas.

Los países petroleros habían acordado a finales del 1978 aplicar un aumento general del 14.5 por ciento durante el 1979, en tres etapas. El primero de esos aumentos fue impuesto el primer día del año en un nivel de un cinco por ciento. De acuerdo con lo planeado originalmente el 9.5 por ciento restante fue aplicado en otras dos fases, la primera de las cuales -de un cinco por ciento también- fuea partir del primero de abril. El resto entraría en vigor en octubre.

Lo que hizo la OPEP, aprovechando la coyuntura interna- cional creada por los problemas agudos de producción en Irán, el segundo exportador después de Arabia Saudita, fue aplicar con ex- celente sentido especulativo los dos aumentos en un solo. Pero la medida costó al mundo miles de millones de dólares, profundizó el proceso ya crítico de inflación del mundo industrializado, redujo en forma dramática las posibilidades materiales de hacer frente con efectividad a los graves problemas del subdesarrollo y, lógicamente, condenó a millones de seres a una miseria sin esperanzas.

El Gobierno de Guzmán advirtió que era inevitable un alza en todos los derivados del petróleo. El gas propano había subido ya dos pesos por cada cilindro de cien libras, en medio de una

escasez casi sin precedentes. La gasolina no estuvo disponible en los niveles normales al público y los consumidores se resignaron a otras malas noticias sobre aumentos en los precios de otros artí- culos, el último de los cuales fue el de las varillas de construcción, que constituyó otro golpe muy duro a la paralizada industria que en años recientes fue uno de los factores más dinámicos de la eco- nomía dominicana.

El presidente Guzmán designó una comisión para estudiar las medidas y encarar la situación. Pero la constitución del grupo -to- dos funcionarios de categoría inferior y no precisamente expertos en esos menesteres- pareció subrayar el grado de importancia que la jefatura suprema de la nación otorgaba al problema. Al avanzar la semana, parte de la irritación observada en el público por la situa- ción se debió a la indiferencia que parecía mostrar el Gobierno por el caso. No fue posible determinar por ejemplo, si la decisión de los detallistas de gasolina de racionar el combustible entre dos y cinco galones como máximo por cada vehículo obedecía a una política oficial o era simplemente el resultado de una antojadiza iniciativa de los expendedores.

Como cabía suponer, la confusión que a esto siguió se transfor- mó en agrias críticas contra la administración del presidente Guz- mán que se hallaba inmerso en la más compleja encrucijada política en sus casi ocho meses de gestión. El presidente había prometido delinear “en los próximos días’’ la estrategia que se pondrá en prác- tica a fin de atenuar el impacto de la crisis petrolera, pero el plazo parecía no llegar nunca al avanzar la semana.

En medio de todo esto, el país seguía siendo testigo de lo que ya se conocía coma “falta de acción oficial” en casi todas las esferas de la vida nacional. El Senado, por ejemplo, no tuvo sesión ese jueves debido a que no tenía nada en agenda. Un senador de la opo- sición según El Caribe, comentó la situación en privado con estas palabras: “La inactividad del Gobierno afecta también al Congreso.

Parecería que a los legisladores nos aguardan vacaciones, pues no hay indicios de que tendremos muchos proyectos desde arriba”.

Los acontecimientos no ofrecían una panorámica halagadora. Y era evidente ya que el alza del petróleo planteaba al Gobierno problemas de magnitud impredecible.

***

El 5 de abril, el presidente Guzmán rompió el muro de silencio oficial ante la delicada situación creada por el déficit en el suminis- tro de combustibles para anunciar aumentos en los precios de la gasolina y otros derivados del petróleo. En honor a la verdad, el alza de RD$0.16 decretada en la gasolina fue mucho menor de lo que la mayoría de los consumidores esperaban. Pero, como parecía ya una costumbre difícil de erradicar, los aumentos oficiales entraron inmediatamente en vigencia.

Esto dio oportunidad a que la refinería, las compañías distri- buidoras, y las estaciones gasolineras especularan a merced del pú- blico con los precios de venta, obteniendo magníficos beneficios con un combustible ya procesado con crudo adquirido a los niveles anteriores al alza del 9.5 por ciento decretada a contar del primero de abril por Venezuela y otras naciones exportadoras del estratégico producto.

El anuncio presidencial siguió a varios días de escasez crítica, en los que se presenció el deprimente espectáculo de largas hileras de irritados automovilistas, públicos y privados, en busca de can- tidades muy limitadas de gasolina para poder mantener en movi- miento sus vehículos. No pudo establecerse con exactitud cuál fue la causa de esta situación sin precedente en los últimos años de la vida nacional. Mientras por un lado se informaba que la refinería solo había reducido los suministros en un 20 por ciento, a causa de incumplimientos en las fechas de entrega por parte de los supli- dores venezolanos, por el otro se atribuía la responsabilidad tanto

a los gasolineros como a las cuatro grandes compañías extranjeras distribuidoras.

La causa de ese hecho permaneció en el más absoluto de los misterios. Además, la autoridad del Gobierno quedaba hasta cierto punto en entredicho cuando aun después del discurso presidencial, como ocurrió durante todo esa semana, los automovilistas no pu- dieran abastecerse con libertad mayor que la de los días anteriores, debido a que las entregas a las estaciones expendedoras no se hicie- ron aparentemente a tiempo.

El Gobierno tardó un mundo en actuar cuando la situación comenzó a agravarse y la irritación pública por la escasez y los in- convenientes para obtener unos cuantos galones de combustible alcanzó proporciones dramáticas. Y cuando se decidió, lo hizo apa- rentemente sin mucha meditación y anárquicamente. Este fue el caso de lo que se llamó en algunos diarios la “militarización” de las estaciones expendedoras. En la mayor parte de estas se destacaron sorpresivamente agentes policiales y efectivos del ejército, dotados de persuasivas armas automáticas, con el propósito de evitar el aca- paramiento. La medida provocó algunos incidentes con empleados y propietarios de negocios, que protestaron airadamente por la for- ma en que los representantes de la autoridad militar inspeccionaron si tenían o no combustible en existencia.

De todas maneras, esta militarización que según se explicó lue- go tenía únicamente por objeto evitar alteraciones del orden públi- co, no comportó ninguna solución al problema, pues las estaciones siguieron racionando la venta en cantidades no mayores de tres y cinco galones por vehículo, y no se hizo explicación oficial alguna al público de qué estaba realmente pasando.

La versión de que el país sufría las consecuencias de un retardo en los suministros de crudo provenientes de Venezuela, debido a un accidente de planta allí, pareció muy infantil para aquellos que

tuvieron conocimiento de que los venezolanos habían aumentado sus embarques a Estados Unidos y a otras regiones industrializadas, para suplir los déficit derivados de problemas realmente graves en la producción iraní.

Y mientras crecía la irritación y la incertidumbre por los in- formes de que continuarían los racionamientos por lo menos por varias semanas más, el Gobierno prefirió tratar de convencer a los consumidores de la necesidad de ahorrar combustible para estar preparado para los días difíciles que aguardaban.

En su discurso Guzmán hizo otros anuncios importantes. Me- rece la pena citar su decisión de aumentar en un 10 por ciento los salarios de los empleados, públicos y privados que ganaran hasta la suma de RD$300 mensuales y de establecer un salario mínimo de RD$125. Sin embargo, nadie podía negar el hecho de que el alza en las tarifas de la energía eléctrica, pese a las escalas establecidas por el jefe del Estado, y el virtual incremento del cemento, que sin duda repercutía negativamente en la decaída industria de la construcción, sumado a los proyectados aumentos en los precios de los cigarrillos con tabaco rubio, las bebidas y la prohibición de la importación de una extensa gama de artículos extranjeros de gran demanda inter- na, tuvieron un impacto muy fuerte en el plano político nacional.

Si algún mérito tuvieron el discurso y las medidas anunciadas para enfrentar la delicada situación económica nacional, era el del valor de no rehuir la responsabilidad por las decisiones difíciles. Pero nadie se hacía ilusiones de que se tocaba al país con una espe- cie de varita mágica. Porque a despecho de las buenas intenciones que pudieran albergar, en política las intenciones no cuentan sino los hechos, las medidas no fueron suficientes para atenuar el im- pacto que los elevados costos de importación del petróleo, y todo lo que eso significaba en términos de intercambio mundial, tendrá sobre el país.

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La visita del canciller alemán Federal Helmut Schmidt a me- diados de abril, dio al Gobierno un leve respiro frente al cúmulo de problemas políticos y económicos. Gracias a la profusa propaganda oficial previa a la llegada del dirigente europeo, la ocasión marcó un compás de espera en las altas esferas oficiales.

El hecho de que se magnificaran, los resultados eventuales de esta visita, que fue parte de una gira, por varios países latinoameri- canos, no significaba necesariamente que en la cima de la dirección política nacional se creyera ciegamente en ellos. En las circunstan- cias prevalecientes, la solidaridad alemana, por bien intencionada que fuera, no podía ir más allá de algunos préstamos, que en de- finitiva acentuarían el ya crítico endeudamiento, o uno que otro programa de asesoramiento técnico en programas de desarrollo a largo plazo.

La ilusión de que la visita del canciller Schmidt constituía una especie de panacea de los problemas nacionales, que con tanto ahínco se propagó en determinada esfera oficial, no era más que otro capítulo de la demagogia que caracterizaba el debate político nacional.

De todas formas, los actos sociales del programa y los inter- cambios a nivel político que tuvieron lugar durante breve perma- nencia del canciller alemán, permitieron al Gobierno oír algunas voces diferentes a las que envolvieron en las últimas semanas el es- pectro dominicano.

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A mediados de año, el Congreso de los Estados Unidos reanu- dó la discusión sobre los planteamientos latinoamericanos a favor de medidas para garantizar el acceso de azúcar de la región al merca- do norteamericano, libre de trabas arancelarias. Hasta ese momen- to, sin embargo, los reclamos para que Washington reconsiderara su política azucarera no tenían eco favorable.

Los fabricantes norteamericanos de azúcar pedían el restable- cimiento del antiguo sistema de cuotas, tanto para productores do- mésticos como foráneos, con la variante de que también se incluya en las mismas los jarabes de maíz. Los productores latinoamerica- nos planteaban, por su parte, la necesidad de que Estados Unidos hiciera honor a su compromiso y ratificara a la mayor brevedad posible el Convenio Internacional de Ginebra.

Para los dominicanos, ambos planteamientos revestían interés. La pauta de ese mercado influiría decisivamente en el mercado libre mundial, determinando el fracaso o no de la iniciativa internacio- nal (Acuerdo de Ginebra) que estabilizaría las débiles cotizaciones mundiales del dulce.

El acuerdo, suscrito por la mayoría de las naciones exportado- ras y consumidoras del mundo, entró provisionalmente en vigencia el primero de enero de 1978. Debido a que aún no ha sido rati- ficado por el número necesario de países, sus cláusulas no entra- ban oficialmente en operación. Esa era una de las causas de que los mecanismos de estabilización contemplados en el instrumento no fueran efectivos.

Cuando el régimen de las cuotas regulaba el mercado de Es- tados Unidos, por virtud de la Ley Azucarera que expiró por la acción del Congreso de ese país el 31 de diciembre de 1974, los dominicanos tenían asegurado a niveles generalmente superiores a los del mercado mundial una exportación de más de 800,000 tone- ladas anuales a norteamérica, a precios estables y rentables. Cuando dicho sistema dejó de existir, fueron muchos los que se engañaron por los beneficios temporales que comportaba y que entonces se reflejaron en un repentino y efímero cambio en las tendencias de las cotizaciones del mercado libre.

Ahora que el azúcar había vuelto a ser un artículo barato, mu- chas personas ligadas a la industria apremiaban, en diferentes partes

del mundo, por un regreso a los métodos que una vez, por las iluso- rias perspectivas que presentaban las otras opciones, fueron tan vili- pendiados. El acceso de azúcar dominicana y del resto de la región a los Estados Unidos se había restringido como consecuencia de las medidas proteccionistas puestas en vigor por la administración del presidente Jimmy Carter para aislar el mercado doméstico de las corrientes negativas que afectaban al mercado mundial. Esto tenía como resultado colateral un aumento de la presión sobre el mercado mundial, en vista de que había más azúcar disponible y es sabido que allí es donde va a parar el grueso de los excedentes de la producción mundial.

A pesar de cuantos le favorecen, no estaba claro, sin embargo, que la restauración de un sistema basado en cuotas a los abastecedo- res foráneos, por lo menos en la forma en que una vez fue planteado al Congreso de Washington por los productores norteamericanos, podía garantizar a los países exportadores de la región mejores pre- cios y volúmenes adecuados para su venta en ese mercado.

Pero un mercado en baja, y amenazado por una superproduc- ción, aun cuando los estimados mundiales fueran inferiores a las proyecciones originales y elevadas reservas de zafras anteriores que todavía esperaban en almacenes abarrotados, esta sola posibilidad, unida a la perspectiva de una ratificación por parte de Estados Uni- dos del Convenio de Ginebra, tendría efectos positivos sobre el comportamiento de las cotizaciones.

A mediados de año esta era la esperanza de todos los producto- res dominicanos y, por supuesto, del Gobierno del presidente Guz- mán.

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En septiembre, las diferencias entre el Gobierno y su partido, el PRD llegaron a ser tan grandes y profundas que ni siquiera los efectos del huracán David y la tormenta tropical Federico bastaron

para convencer a sus principales protagonistas de que el país no estaba material ni anímicamente preparado para asistir al debate público de sus causas.

Parecía, no obstante, que gente en el Gobierno y en el parti- do lucían interesados en llevar hasta sus últimas consecuencias la querella partidaria. Lo otro, es decir, dedicar tiempo y energía a una tarea más constructiva, como la de conducir al país hacia una normalidad completa, no tenía al parecer tanta importancia. En momentos en que la mayoría de los dominicanos sufrían los rigo- res de la escasez de los servicios esenciales, como energía eléctrica, agua potable, teléfono y transporte, se especulaba con los precios de los alimentos, persistía el caos en el suministro de combustible y se hacía forzosa la posposición del reinicio de las labores escolares, los responsables de dirigir política y económicamente al país se dis- traían en una polémica estéril.

El secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez, que movilizaba los mecanismos de presión del partido para consolidar su liderazgo frente a la pugna con el Gobierno, anunció que se reu- niría con el presidente Guzmán. La idea de esta reunión era sentar las bases de lo que sería un acuerdo de compromiso para salvar la situación. Pero ¿Cuán estable y permanente, en esas circunstancias podía ser un arreglo? ¿Era posible la conciliación? A lo sumo, se temía que ambas partes pudieran lograr una postergación del cho- que. Por una sencilla razón. La disputa llegó a tocar asuntos de una índole tan personal que se creía difícil erradicar los sentimientos que ella alimentaba.

Las causas del desacuerdo eran obvias. Las pretensiones hasta cierto punto idealistas que inspiraron, desde antes de sus inicios al Gobierno perredeísta, quedaron marginadas por los prejuicios y la natural necesidad de sobrevivencia política. Cualesquiera que ha- yan sido las razones que se interpusieron para evitarlo, lo cierto era que demasiado pronto las autoridades mostraron su incapacidad

o su falta de disposición para llevar a la práctica las concepciones izquierdistas que había estado preconizando el partido a lo largo de una prolongada oposición.

Naturalmente, esto tenía que propiciar un alejamiento de la base política del régimen. Tan pronto como la dirigencia perredeís- ta se percató de la forma en que la lentitud del Gobierno en atacar muchos de los problemas fundamentales del país se fue reflejando en los índices de popularidad, el rompimiento se hizo inevitable. Esto tenía tanto o más peso que la lucha entre grupos y las aspira- ciones personales, cuya existencia se admitía ya públicamente.

Tras el paso del huracán David y la tormenta Federico se agu- dizaron las dificultades económicas. Ese era el momento propicio para desligar al partido de las responsabilidades del Gobierno. Re- sultó claro entonces que la crisis Gobierno-PRD tenía, entre otras cosas, por finalidad salvar a éste último. El propio secretario gene- ral había dicho que el Presidente es sólo “una ave de paso” y que el partido sobrevivirá a la conclusión de su mandato.

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A medida que avanzaban los días, la lucha política interna to- maba un giro sorprendente en todas las esferas del PRD. Al más alto nivel se hacía sórdida y descarnada. Casi sin excepción, los di- rigentes del partido oficial recurrían a las más diversas tácticas para denostar a sus adversarios.

No quedaba acusación, por dura que pareciera, que no se em- pleara en esta lucha por el mando de la organización. La entrega de muchos de los más connotados dirigentes perredeístas a esta batalla partidaria era de una magnitud que parecía que su interés por los problemas más acuciantes de la nación quedara muy atrás.

Daba la impresión de que para la mayoría de los líderes ofi- cialistas los problemas no existían. Los medios de comunicación se preguntaban incluso meses después: ¿Cómo se explica que eso

ocurra mientras persista la gravedad del estado de emergencia eco- nómica ocasionada por el huracán David y la tormenta Federico?

La desusada publicidad de las pugnas internas relegaban a un segundo plano en el debate nacional, la solución de los demás asun- tos, como el alza en el costo de la vida, la reanudación de las tareas escolares, el déficit y el deterioro de algunos de los servicios públi- cos esenciales entre otros asuntos.

Peña Gómez hacía esfuerzos por mantenerse al margen de esa lucha sórdida. Pero en su esfuerzo había tocado muy finas sensi- bilidades al más alto nivel dirigencial. Todo eso avivaba el fuego. Muchos dirigentes creían que la mejor manera de eludir la lucha grupal, como ellos mismos la bautizaran, era cerrando filas junto al secretario general y con ello, de hecho, se formaban nuevos grupos.

Las acusaciones no respetaban posiciones. Se hablaba pública- mente del uso de los recursos del Estado para favorecer los candida- tos de las tendencias que respaldaban al Gobierno en el partido; el uso de influencias y otras no menos graves. Contra la gente alineada con el senador por el Distrito Nacional, Salvador Jorge Blanco, se hacían graves acusaciones. Las respuestas alcanzaban el mismo tono. En un momento dado hasta el presidente de la República fue invo- lucrado en esa pugna. Se trataba, obviamente, del control de las más altas posiciones directivas del partido, que estarán en juego en la con- vención nacional convocada para mediados de diciembre de 1979.

En un esfuerzo por evitar una escisión, el secretario general Peña Gómez propuso cambios en los sistemas de elección de las posiciones dirigenciales, de manera que una simple mayoría en la votación no colocara al grupo vencedor en condiciones de aplastar y eliminar a los grupos antagónicos. El presidente Guzmán, cabeza visible de una de las corrientes en pugna, se apresuró a expresar su oposición a la sugerencia, lo que a primera vista pareció presagiar un nuevo elemento de fricción en el ya caldeado ambiente perre- deísta.

Si esto pondría al jefe del Gobierno y al líder del partido en aceras opuestas, era todavía prematuro predecir, pero cabía suponer que ambas posiciones daban origen a enfrentamientos a otros ni- veles, lo que el país no tardó mucho en observar. Se creía también posible que fuera la manifestación de un proceso de consolidación y transformación democrática interna. Pero también justificaba el temor de mucha gente que no dejaba de preguntarse, si esto era ahora, apenas meses de llegar al poder ¿qué ocurrirá cuando esté en juego la candidatura presidencial?

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El 1979 terminó con un pronóstico pesimista sobre el mercado azucarero. La firma de corredores M. Golodetz, con sede en Lon- dres, advirtió sobre el peligro de los optimismos excesivos. “Afor- tunadamente”, decía la firma en un informe, “se acerca a su fin un año que prometió mucho y produjo poco. La situación ahora es tan confusa como en enero”.

“Entonces (en enero de este año) nos preguntábamos cómo enfrentaría el nuevo acuerdo internacional y el mercado en general en gran superávit mundial, después que un brote de ventas frenéti- cas a finales de 1977 para ganarle a la fecha tope del acuerdo, llenó la mayor parte de la demanda conocida para el primer trimestre de 1978”, según la firma de corredores. Y sostenía que ahora “nos pre- guntamos la misma cosa, si bien en menor escala, y la producción en superávit se llamó ahora existencias en superávit”.

Uno de los factores que mantenía el grado de incertidumbre sobre el mercado fue el hecho de que los Estados Unidos no ratifi- caban el acuerdo de Ginebra, que entró temporalmente en vigencia en enero. El acuerdo tenía por finalidad estabilizar las cotizaciones del mercado entre un mínimo de once y máximo de 23 centavos por libra, a través de complejos mecanismos que incluían un fondo de reservas igual al quince por ciento del total de la cuota de expor- tación de los países signatarios productores del dulce.

En términos generales, la firma Golodetz consideró que “no es emocionante vaticinar los prospectos” para el año entrante. “Lógi- camente”, agregó, “como ha indicado un reciente análisis estadísti- co; habrá suficiente disponibilidad para exportación por encima y además de las existencias de reserva del acuerdo de Ginebra de dos millones de toneladas, para que estas reservas no sean utilizadas”. Por lo tanto, era poco probable que la cifra mágica de once centavos por libra sea puesta a prueba el tiempo suficiente para elevar los ni- veles existentes de adjudicaciones de cuotas dentro del instrumento de Ginebra, si lo permitían las fluctuaciones de Ginebra.

El alza del 14.5 por ciento en los precios del petróleo, acordado por los socios del cartel conocido por las siglas de OPEP, neutrali- zaba, además, cualquier eventual mejoramiento de las condiciones del mercado azucarero en países como la República Dominicana que importan todos sus requerimientos energéticos derivados del crudo. Esos países debían recurrir en cantidades más apreciables a sus ingresos por concepto de exportación de azúcar y otros pro- ductos, para financiar los elevados precios del mineral, vital, como ningún otro, para la industria y las formas de vida moderna. Dentro de los marcos estrechos de las predicciones pesimistas, cabían espe- rarse buenos movimientos de precios aunque a contar del segundo semestre de 1979.

Golodetz estimaba, sin embargo, que esos cambios podrían de- berse a accidentes como sería el caso de que China compre cuando los precios bajen y se retiren los vendedores de primera mano. De todas formas, la primera mitad del año a punto de comenzar no pa- recía muy prometedora. Golodetz basaba la apreciación en el análi- sis siguiente: “El consumo en los dos bastiones del azúcar crudo de mercado libre, los Estados Unidos y Japón, no muestra señales de mejoría apreciable, indudablemente todavía lo suficiente para hacer que los refinadores paguen primas sobre la base Fob del mercado número once de Nueva York”.

Al epilogar su predicción sobre el mercado, la firma londinense decía: “Es posible que los niveles presentes de mercados equilibren totalmente estos elementos depresivos, inclusive el hecho de que to- davía no hemos visto ninguna venta notable de primera para el año que viene. Por otra parte, es posible que se esten colocando dema- siado esperanzas sobre China a mediano plazo en las posibilidades constructivas a largo plazo”.

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A la tendencia depresiva del mercado, se unía a finales de 1979, la creencia de que los Estados Unidos difícilmente honraran su compromiso internacional de ratificar, por lo menos en los plazos previstos, el discutido Convenio Azucarero de Ginebra. Esto, na- turalmente, constituía otro golpe a las esperanzas de la República Dominicana y otras naciones exportadoras de azúcar de que se ase- guren mecanismos estabilizadores capaces de propiciar un mejora- miento de las débiles cotizaciones mundiales.

Muchos y disímiles intereses se confabulaban contra la posi- bilidad de una ratificación por parte de Washington del acuerdo suscrito después de ingentes y dolorosos esfuerzos en octubre de 1977 en Ginebra. Pero resultaba ya claro que la decisión final no dependería del presidente Jimmy Carter ni de ningún otro funcio- nario de la Casa Blanca.

El Congreso norteamericano daba cada día señales de su de- cisión de continuar alentando medidas de carácter proteccionista a favor de los productores domésticos. Y en lo que respecta al pro- blema azucarero parecía evidente que la tendencia se inclinaba a depender con preferencia de medidas de contenido paternalista que a sostener la tambaleante industria del dulce en base a disposiciones y regulaciones multilaterales que si bien resultan más complejas, a lo largo serían más beneficiosas y permanentes.

La mayoría de los congresistas responsables de trazar los linea- mientos de una política azucarera en los Estados Unidos representa- ban estados productores. Las presiones políticas eran abrumadoras.

La circunstancia de que Estados Unidos, principal importador entonces de azúcar del mundo, no reafirmara sus compromisos con este instrumento, concebido con el propósito de evitar un desca- labro de la industria al través de la fijación de precios mínimos y máximos tolerables, precipitaba nuevos derrumbes en el inestable comportamiento del mercado mundial, cuyos niveles de precios seguían sensiblemente inferiores a los costos de producción de la mayor parte de las naciones exportadoras.

También se publicó en esos días que a las autoridades venezo- lanas, juramentadas ese año, les resultó desagradable la iniciativa del presidente dominicano de propiciar una conferencia de jefes de Estado en Santo Domingo en los primeros meses del 1980 para discutir el impacto del alza del crudo en las economías de sus res- pectivas naciones.

Se especulaba sobre la posibilidad de que la anunciada compra de azúcar por parte de Venezuela en el mercado de Nueva York y Londres pese a sus compromisos contractuales con el Gobierno dominicano, no fue más que el producto de una reacción ante la convocatoria de esa conferencia cumbre.

Las perspectivas de un 1980 más promisorio tendían a desva- necerse al llegar al final del 1979.