Con la autorización del autor, el periodista y escritor Miguel Guerrero, elCaribe digital presenta “1978-1986. Crónica de una transición fallida”, puesta en circulación en octubre del 2020, en plena pandemia del COVID 19, y que ofreceremos por entregas. Acceda al índice y al prólogo aquí

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CAPÍTULO IV

Extienden la veda de carne.

Guzmán encara sus primeros problemas

El 29 de septiembre, el Gobierno anunció su intención de extender el período de veda de dos semanas en el tráfico, comercialización y sacrificio de ganado bovino por varios meses. La medida, según se publicó, seguiría aplicándose hasta el consumo total de la población porcina del país, amenaza- da por un brote de fiebre africana. Las autoridades no revelaron cifras sobre qué cantidad de cerdos había disponible en el país y en qué plazo serían estos consumidos, pero se creía que bastarían unos cuatro o cinco meses de demanda sostenida para garantizar la venta total de la existencia. Esto significaba que el Gobierno podría verse tentado a extender la veda impuesta en el mes de septiembre, por uno o varios meses. Aparentemente, movido por los informes oficiales sobre los resultados de la medida, las esferas más altas del Gobierno parecían inclinadas a extender la disposición.

Sin embargo, era evidente que detrás de la pasiva aceptación de esa medida de excepción, hubo un rechazo casi general de parte de la población lo que parecía patente en el bajo consumo de cerdo entre los días 6 y 12 y 20 y 26 del mes, fechas en que estuvo en vigor la veda.

Los dueños de centros de expendio de carne dijeron que si bien, y por causa natural y lógica, se produjo un aumento en el consumo de cerdo en relación con el de períodos anteriores, fue muy ligero y no compensó el descenso en el consumo general de los diferentes tipos de carne de res. Quedó demostrado también que los más afectados fueron los consumidores de más bajos ingresos. Al no disponer de recursos para adquirir grandes cantidades ni estar en condiciones de mantener reservas por la falta de frigoríficos, estas personas sufrieron el impacto de la veda con todo su rigor. En cam- bio, las personas pudientes o de ingresos fijos considerables acudie- ron a los supermercados y carnicerías, antes de entrar en vigencia la segunda semana de la excepción, a fin de proveerse en cantidades suficientes para el período de la prohibición.

Si bien los supermercados y carnicerías sufrieron duramente sus efectos, la medida repercutió mucho más negativamente en los hoteles y restaurantes, algunos de los cuales asimilaron pérdidas casi irrecuperables. Personas vinculadas a estos negocios conversa- ron con el presidente Guzmán advirtiendo que medidas de ese tipo podrían conducir a la quiebra a establecimientos de su género.

Aunque algunos negocios del ramo burlaron la medida sirviendo platos a base de carne de res a clientes determinados durante toda la semana, y en los supermercados se despachó filete y T-bone a domicilio para eludir a los inspectores, resultó evidente que la disposición no encontró mucho respaldo, no obstante el propósito perseguido. Guzmán, que se revelaba como un político pragmático, encaraba su primera gran disyuntiva política como jefe de Estado. Por un lado sus técnicos insistiendo en la necesidad de por lo menos otra veda y los intereses afectados, por el otro, quejándose de sus efectos.

Era claro que había una tercera voz en este asunto. Los Estados Unidos advirtieron que la única solución factible al problema de la fiebre porcina era la eliminación de toda la población animal, aún la sana apta para el consumo. Al igual que el primer decreto im- poniendo la veda, una segunda disposición tuvo por objeto obligar al consumo de carne de cerdo. Como este tipo de carne no tenía la aceptación popular que la de res y la de pollo, la medida tuvo que prolongarse todavía algún tiempo más para lograr el efecto deseado en la economía. En vista de ello, el Gobierno se encontró ante un dilema: extender la prohibición y aceptar la impopularidad de los sectores que resultaren perjudicados o aceptar los magros resultados de dos semanas de veda sobre el consumo desistiendo de su exten- sión por otro período determinado.

Estados Unidos había advertido que si la fiebre porcina se hacía endémica, las exportaciones de diferentes renglones dominicanos podrían sufrir las consecuencias con restricciones de carácter sanita- rio en el mercado norteamericano. Cabía suponer que el problema que la fiebre porcina y la veda en el ganado bovino planteaba iba más allá de una simple disposición local.

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Semanas después, Guzmán hizo un viaje relámpago a Puerto Rico. La insustancial declaración conjunta firmada horas después de su llegada, con el gobernador del Estado Libre Asociado de Puer- to Rico, Carlos Romero Barceló, robusteció la impresión de que, sobre cualquier otra consideración racional, el hasta cierto punto sorpresivo viaje del mandatario dominicano a San Juan tenía un propósito eminentemente político.

Y desde el punto de vista del Gobierno se justificaba debido a la incertidumbre que se había estado creando en esa isla por la reiteración con que dirigentes del Partido Revolucionario Domini- cano se manifestaban públicamente a favor del movimiento inde- pendentista puertorriqueño. Era claro que el presidente Guzmán no tenía control alguno sobre esos pronunciamientos. El hecho de que no fuera a la vez líder del partido contribuía a cierta dualidad manifestada frecuentemente entre las actitudes del Gobierno y la de la organización que hizo posible su ascenso al poder. Pero los medios oficiales de la administración insular, partidarios de la in- corporación de la isla a la Unión Norteamericana, no lo entendían y dada las circunstancias quizá el Presidente creyó necesario su intervención directa para corregir una situación que, evidentemente, no favorecía la causa de su propio mandato.

Si los resultados de la breve visita de Guzmán a Puerto Rico se evaluaban por los acuerdos contenidos en la declaración de página y media que los dos gobernantes suscribieron, el éxito sería dudo- so. La declaración, en efecto, se limitaba a generalidades sobre la buena voluntad de los dos gobiernos en pro del mejoramiento de los vínculos y anunciar que una comisión mixta “se propone iniciar de inmediato los trabajos para evaluar los intercambios comerciales existentes con el fin de ajustarlos en lo que sea necesario a las reali- dades sociales, culturales, comerciales y económicas del momento”.

Esta decisión no constituyó un elemento nuevo en la historia reciente de los dos países. En 1967, el presidente Joaquín Balaguer y el gobernador Roberto Sánchez Vilella llegaron a un acuerdo en- caminado a impulsar las relaciones bilaterales a todos los niveles. Como mecanismo propulsor de ese acuerdo se creó una Comisión Mixta integrada por representantes de los sectores públicos y pri- vados de las dos partes, que trabajó con cierta regularidad y con proyectos específicos por varios años. Con el tiempo, el interés de ambas partes por el futuro de los intercambios contemplados en las agendas de esta comisión se fue perdiendo y el organismo, en la práctica, se hizo inoperante.

Lo único realmente novedoso del nuevo acuerdo fue la decisión de Guzmán y Romero Barceló de dar mayor impulso a estos planes de cooperación conjunta que en el pasado se vieron obstaculizados por las dificultades que la parte dominicana encontró, debido a ciertas regula- ciones de carácter sanitario que afectaron por algún tiempo las exporta- ciones de varios renglones agrícolas a Puerto Rico.

De todas formas, al cabo de los cinco primeros años de existen- cia de esa comisión, la República Dominicana logró multiplicar sus negocios y comercio en la isla. En 1977, por ejemplo, la balanza co- mercial fue favorable al país por varios millones de dólares. Si bien,

el intercambio se hizo nuevamente deficitario durante el año ante- rior a la visita de Guzmán, según cifras no oficiales proporcionadas por las autoridades puertorriqueñas, era evidente que la situación mejoró con relación a la década del 60, cuando el inmenso flujo de turismo hacia esa isla afectaba la balanza de pagos del país de una forma abrumadora, sin compensación por la otra parte.

Fuera de la embarazosa situación política creada por los reite- rados pronunciamientos del PRD en respaldo a la independencia puertorriqueña, no había otra razón que justificara el precipitado viaje del presidente Guzmán a la isla. El hecho de que se hiciera acompañar por las más importantes figuras del gabinete y del sector empresarial, a pesar de que no existía una agenda de trabajo que lo justificara ni proyectara pasar en el territorio vecino un tiempo que permitiera algún examen concienzudo de los problemas eco- nómicos y comerciales que impedían un incremento del comercio bilateral, subrayaba el objeto básicamente político del viaje.

Además, su discurso reiterando el contenido de su política exterior y su apego a los principios de la no intervención en los asuntos internos de otros países, no dejó lugar a dudas de cuál era su propósito. Lo que Guzmán quiso decir, y aparentemente logró, a las autoridades puertorriqueñas era que los puntos de vistas del PRD respecto a la causa independentista no comprometían la conducta del Gobierno dominicano. Y que, a despecho de toda sospecha sobre los objetivos ideológicos que esos pronunciamientos políticos hayan podido sembrar, él era un gobernante conservador que no aspiraba cambios más allá de los que la prudencia y las rea- lidades dominicanas permitían.

La circunstancia de que dirigentes puertorriqueños dieran esa interpretación inmediata a sus palabras confirmaban este aserto. Lo que no parecía claro era, sin embargo, la interpretación que le daría su propio partido y las consecuencias que los resultados del viaje, en general, tendrían en el futuro de las relaciones Gobierno-PRD.

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A comienzos de octubre, una heladería en Plaza Naco ofrecía una barquilla gratis a quien adquiriera una pinta de helado. Otro negocio del ramo en El Conde, adoptó la misma práctica. La cami- sa que en una tienda vecina costaba hacía un par de semanas treinta pesos bajó en un especial a la mitad del precio. Un establecimien- to de electrodomésticos hizo una rebaja del 20 por ciento en toda compra de contado, sin importar cuál fuera el monto. El exigente sastre español cuyos clientes eran figuras de alcurnia no creía ya ne- cesario el pago inicial para la confección de un traje y la dependien- te de la relojería se entretenía viendo pasar los automóviles a través del cristal en una tediosa mañana de octubre de 1978 en la que no había visto llegar a un solo cliente.

En la pared a medio hacer de un edificio en construcción del Estado, un grupo de obreros ociosos esperó en vano la llegada del ingeniero con buenas nuevas. Y el joven gerente de producción de la empresa recién instalada se tragó su frustración por la tardanza del banco en aprobar el préstamo necesario para el proyecto perdi- do en el papeleo burocrático.

Estos ejemplos ilustraban el marasmo en que estaba a punto de caer la economía nacional por efecto de la falta de acción guberna- mental. Con la probable excepción del alza de los precios de la harina y la implantación de una veda en el sacrificio, tráfico y expendio de la carne de res, durante dos semanas en el mes de septiembre, no hubo prácticamente otro acto de Gobierno. La acción oficial se había reducido a designaciones, cancelaciones de reformistas y antiguos ser- vidores públicos, remociones militares y a largas sesiones del Consejo de Desarrollo de las que se filtraban pocas informaciones al público.

Justificadas o no, tanto el alza de la harina como la veda de la carne de res resultaron impopulares. Los periódicos recibieron quejas por la prohibición que, según se creía, sería extendida por algunas otras semanas a fin de auspiciar el consumo rápido de cerdo. El anuncio extraoficial, no desmentido, de que se autorizaba la exportación de carne de res aumentaron los indicios de otra veda.

Los medios recibieron quejas acerca de las cuatro razones fundamentales por las que consideraba la veda como una imposición injustificada. La dieta de muchas personas, la colitis que a otros producía, posibilidad de alergia y el colesterol. Estaban además los razonamientos de carácter económico. Los pudientes podían ad- quirir grandes cantidades de carne en previsión de una eventual suspensión del expendio, pues disponían de capacidad de almace- namiento. Los pobres en cambio no podían hacerlo.

La creencia de que el retiro de carne de res de los puestos de venta alentaba el consumo de sustitutos como el cerdo, chocaba con los hábitos rígidos de muchos dominicanos. Quien no gustaba del cerdo no iba a comprarla simplemente porque no haya carne de res, era la explicación que entonces se daba.

El hecho de que no existieran mecanismos de control eficientes traía parejo con medidas como la veda, el aumento de los precios de otros tipos de carne. La especulación, que una vez más se hizo patente entre el 24 y 26 de septiembre, afectó con más vigor ge- neralmente a la gente de escasos recursos. Como gran parte de la popularidad del Gobierno residía en ese sector, no se necesitaba de mucho esfuerzo para medir el grado de valor político que esta clase de iniciativa tuvo en el público.

Si bien la medida de excepción que la veda significó para muchos dominicanos era el fruto del mejor deseo del Gobierno de proteger a un sector de la economía, seriamente afectado por un brote de Fiebre Porcina, fue también el motor que movió al alza de la harina y a au- torizar la exportación de carne de res, en momentos críticos para los consumidores. Pero también lo fue el hecho de que tales medidas pa- gaban ya un precio muy alto en términos de popularidad. La gente no ocultaba su descontento, llamaba irritada a los periódicos, se quejaba en voz alta en los mercados y pateaba los freezers de los supermercados.

El descenso gradual de los negocios reflejaba, a su vez, el gra- do de virtual parálisis económica en la nación. La industria de la construcción, que empleaba a unos 60,000 obreros, necesitaba una inyección rápida. Los seis millones de pesos semanales que genera- ba por concepto de salarios a ese ejército de pintores, electricistas, plomeros, albañiles y carpinteros se sentía en los mercados.

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A mediados de octubre, los consumidores siguieron recibiendo malas noticias. En la mayoría de los centros de expendio los precios de numerosos alimentos de primera necesidad continuaron por en- cima de las tarifas oficiales, como fueron los casos de las carnes de pollo y de res. Los esfuerzos gubernamentales para estimular un au- mento en el consumo de cerdo y aliviar el peso de la demanda sobre otros tipos de carne de mayor preferencia en el público, no dieron los resultados deseados. Una feria del cerdo realizada en la parte alta de la capital atrajo a centenares de personas, pero el entusiasmo que el evento despertó no se reflejó inmediatamente en los índices de consumo general.

Autoridades admitieron que en vista de la especulación y la carencia de mecanismos efectivos de control, el Gobierno no podía hacer frente a todos los factores que incidían en el alza de precios.

El director de control de precios, general de brigada José de Je- sús Morillo López, dijo que los altos precios y la escasez de carne de res en los últimos años demostraba que en el país no había ganado suficiente para atender los requerimientos de mercado doméstico y a la vez mantener los niveles de exportación que existían en ese lapso. La afirmación se interpretó corno un tácito desacuerdo con la iniciativa gubernamental, pero no tuvo ninguna repercusión in- mediata. La libra de pollo llegó a alcanzar en el curso de la semana niveles sin precedentes de hasta 80 centavos, mientras administra- dores de supermercados y carnicerías de distintos puntos de Santo Domingo se quejaban de la dificultad de abastecerse del alimento.

En muchos de esos establecimientos se dijo que los granjeros no estaban suministrando las cantidades necesarias de pollos para ga- rantizar el abasto nacional. Esta fue una de las causas, según se dijo, del alza de precios.

También hubo informes desalentadores sobre escasez de habi- chuelas y otros productos de demanda popular, y las autoridades informaron que se había dispuesto la importación de granos para atender los requerimientos internos. En otro orden, el Gobierno emitió un decreto autorizando la venta de gasolina hasta las nueve de la noche los domingos y otros días feriados, a fin de mejorar el sistema de abastecimiento. La noticia fue bien recibida, en vista de que el propósito del decreto anterior, dictado por el Gobierno que entregó el mando el 16 de agosto pasado, de reducir el consumo de combustible no se cumplió y, en cambio, estimuló un alza en la compra.

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Si bien no podía juzgarse lo que será un Gobierno por sus dos primeros meses de mandato, el balance de la gestión del presidente Antonio Guzmán al 16 de octubre generó muchas controversias. A falta de resultados concretos, el presidente Guzmán calificó la “es- tabilidad política y económica” como uno de los logros más sólidos de su hasta entonces breve gestión. Las promesas de cambio se tra- ducían casi exclusivamente en remociones militares y sustituciones masivas de personal en la administración pública.

La especulación con los precios de los artículos de primera ne- cesidad se intensificaba. Dos de las pocas disposiciones ejecutivas el alza en los precios de la harina y la veda en la venta de carne bovina- causaban irritación pública y las protestas de avances en materia de derechos humanos quedaban deslucidas por las prohibi- ciones de dos actos de grupos comunistas, uno de los cuales se efec- tuaría bajo techo en la capital. De hecho, la campaña de desarme de la población civil, al que tanto empeño dedicaron algunas de las figuras más relevantes del Gobierno, consistía en un cambio en la posesión del arma.

La amenaza de desalojo de la Dirección de Bienes Nacionales a los beneficiarios de numerosas viviendas de Villa Duarte, en- tregadas sin pago inicial por la administración anterior a familias menesterosas, tenía ya un costo político muy alto en materia de popularidad para el Gobierno.

El Partido Reformista resaltaba el hecho de que habiendo criticado tanto en la oposición la insensibilidad que caracterizó muchas de las iniciativas de sus antecesores, las nuevas autoridades estu- vieran a punto de perpetrar una enorme injusticia social con los moradores de Villa Duarte y de Las Caobas, que al parecer estaban en la misma situación que los primeros.

El Reformista se preguntaba: ¿Qué persiguen los funcionarios de Bienes Nacionales exigiendo una cuota inicial a los residentes de esos sectores más alta que los ingresos de muchos de ellos de toda una vida? ¿Cuál es el propósito sino un desalojo? Algunos funcio- narios no tenían reservas en afirmar públicamente que la victoria electoral daba derecho al partido ganador sobre todos los cargos de la administración pública. Miles de empleados, muchos con largos años de servicio y probada capacidad, eran despachados a sus casas para poner en su lugar a “meritorios” activistas del partido.

La injusticia de un eventual desalojo de los moradores de Villa Duarte no estaba en la posibilidad de que se ubicaran allí a perre- deístas tan pobres como los que entonces con derecho las ocupa- ban, escribí en mi columna de El Caribe, sino que vayan a manos de familias que puedan pagar el inicial de RD$3,200 exigido por Bienes Nacionales, pues se desvirtuaría el contenido social de los programas de viviendas del Estado. El hecho de que a mediados de octubre, ni las autoridades ni el partido en el poder reaccionaran favorablemente a las dramáticas publicaciones que se hacían sobre el tema, denotó, en cierto modo, un grado de insensibilidad pre- ocupante en las esferas de decisión del país, decía en mi columna.

Tal vez estaba siendo muy severo en mis juicios contra un régimen que en 60 días debió encarar muchos problemas y ende- rezar tantos entuertos. Pero era saludable que una administración llamada a desempeñar una labor tan importante en el proceso de desarrollo político, social e institucional del país aprendiera a vi- vir con la crítica. Algunos de los más serios problemas a que hacía frente el Gobierno eran una herencia del anterior y la buena fe del presidente Guzmán y la de muchos de sus principales colaboradores encaminaba la mayoría de las iniciativas oficiales. No obstante, me parecía que la mayor parte de los conflictos en el Ayuntamiento, en la Secretaría de Trabajo y con los tablajeros debido a la veda, no debieron tener lugar. La lección que debió sacarse de estos dos primeros meses de administración era que una cosa es estar en la oposición y otra en el Gobierno. No importa que muchos de sus dirigentes hablaran todavía dos meses después como si no hubieran llegado al Gobierno.

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La forma en que el Gobierno abordaba la crisis resultante de la fiebre porcina africana disgustaba a todas las partes. Los consu- midores pegaban el grito al cielo debido a la imposición de una veda de 16 días que afectaba también, quizás con mayor rigidez, a los tablajeros y propietarios de pequeñas carnicerías. Los criadores denunciaron “incongruencias” en los criterios de avalúos de sus ani- males sacrificados y, en sentido general, la opinión pública reaccio- naba con oposición a tan drástica medida.

No se cuestionaban los altos principios que inspiraron el decre- to para prohibir el sacrificio y el tráfico de ganado bovino. Pero el hecho de que su aplicación comenzara 48 horas más tarde, no pro- porcionó tiempo a los consumidores y a los tablajeros a prepararse para enfrentarla. Uno de los puntos de donde partían casi todas las críticas era que la veda, al carecer de una acción paralela oficial de control sobre la especulación traía consigo una nueva y desesperante ola de agiotismo. Los pollos y las carnes de chivo y cerdo y otros sustitutos, por ejemplo, subían automáticamente de precio en la mayoría de los centros de expendios del país. Esto significaba que los dominicanos eran obligados a comer lo que precisamente no deseaban a precios por encima de los niveles corrientes en períodos normales de abastecimiento público.

A mediados de la última semana de octubre, la libra de pollo se vendía en los supermercados entre RD$0.90 y RD$1.05, con la pe- culiaridad de que los establecimientos no especificaban el peso. Así, se estaban comprando pollos a un precio determinado por unidad en desconocimiento absoluto del valor por libra.

Los tablajeros celebraron una reunión para solicitar al Gobier- no que revocara el decreto, en vista de que la veda podría determi- nar la ruina de sus pequeños negocios. La reacción oficial, a diver- sos niveles, dejó bien en claro que se necesitaban motivaciones de mayor peso para mover la sensibilidad del Gobierno. El propósito de la controvertida medida fue estimular el consumo de carne de cerdo, debido a la necesidad de sacrificar toda la población porcina del país a causa de la fiebre africana.

Pero las sugerencias de que se buscara solución en base a una rebaja oficial de los precios de ese tipo de carne, que no era entonces precisamente la de mayor demanda nacional, no dieron resultados. Por el contrario, el secretario de Agricultura, Hipólito Mejía, famo- so ya por su franqueza, expresó a comienzos de esa semana que esta posibilidad estaba fuera de toda consideración, pues se perjudicaría con ello a los porcicultores. El hecho fue que la especulación había alcanzado también la carne de cerdo.

El Caribe sugirió editorialmente lo que podría constituir una salida honrosa para el Gobierno de la crisis por la peste porcina.

Propuso que el Estado adquiriera, como habían sostenido varios funcionarios, incluido el secretario de Agricultura y siguieron afirmando otros al avanzar la semana, toda la población porcina para destinarla a la alimentación de las Fuerzas Armadas y la Policía Na- cional, los orfelinatos y los comedores económicos, inexplicable- mente cerrados, o se distribuyera a precios de subsidio entre los residentes de los barrios pobres del país. Estaba claro, sin embargo, que la coincidencia de la veda con el permiso para la reanudación de las exportaciones de ganado bovino era parte de una misma es- trategia gubernamental. Las autoridades demostraban firmeza en su propósito de estimular el consumo de cerdo a través de la restric- ción en el abastecimiento de res. Las quejas no tenían importancia. Solo restaba ver si el país estaba preparado realmente para una veda tan larga.

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En la última semana de octubre dos iniciativas del Poder Eje- cutivo redujeron el peso de las protestas contra el Gobierno. La primera fue la oportuna decisión del presidente Guzmán de acortar en una semana la decisión anterior de imponer una veda al tráfico y sacrificio de ganado bovino por 16 días. Y la segunda, disponer que se aceptaran los pagos de las mensualidades de los adquirientes de inmuebles en los proyectos habitacionales Anacaona y en los alre- dedores del hotel El Embajador. Tanto la veda prolongada como la actitud de la dirección de Bienes Nacionales de negarse a cobrar el pago de esos inmuebles, habían creado una situación de intranqui- lidad pública que se estaba manifestando en serias y crudas protestas contra la autoridad máxima del país.

Era evidente que las razones que motivaron el decreto del Po- der Ejecutivo cortando la veda, decía en mi columna del 28 de octubre, demostraba que el país no estaba preparado para una medida de esa naturaleza. El hecho de que las autoridades agropecuarias recomendaron al Gobierno una disposición tan rigurosa, que exigía tantos sacrificios, subrayaba, asimismo, la irrealidad del terreno en que pisaban.

Resultaba claro, además que la forma en que fue concebida la veda de 16 días solo afectaba a los pobres. Para justificarla, la Secretaría de Agricultura dijo antes de que Guzmán redujera drás- ticamente el período de veda, que la medida estaba inspirada en el mejor interés nacional. Se consideró por ejemplo, que para hacerla efectiva se requería lo más prolongada posible en vista de que una sola semana no bastaba para que las personas pudientes o de ingre- sos fijos dejaran de abastecerse previamente de res para abstenerse de comprar posteriormente cerdo.

Esta tesis, compartida por medios de comunicación que censu- raron acremente al presidente Guzmán por exhibir la virtud, muy rara en la alta esfera del poder, de corregir sus errores, pretendía in- genuamente que a mayor período de restricción mayor posibilidad de que las familias pudientes pudieran incorporarse al consumo de cerdo, que fue el propósito de la iniciativa.

Esto no resistía el más leve análisis, puesto que si los pobres no podían abastecerse para afrontar los rigores de una veda de una semana, menos podrán hacerlo si se extendía el período de esta. Y, por el contrario, era lógico suponer que los ricos y las personas de ingresos fijos estaban en condiciones de comprar de un golpe no solo el volumen de carne de res que consumen en dos semanas, sino incluso la de todo un mes.

Así pues, decía en mi columna, una veda excesivamente pro- longada afectaba más fuertemente a las clases de bajos ingresos y a los carniceros, que llevaron esa vez la responsabilidad de las prin- cipales protestas. Por eso, la decisión del presidente Guzmán de cortar el período de veda y disponer otra semana de restricción a contar del día primero del mes entrante, noviembre de 1978, era sabia no porque en la práctica mantenía la medida virtualmente in- tacta, sino porque eludía una confrontación con los carniceros y las

amas de casas, encolerizadas ya por sus efectos, que hubieran puesto al Gobierno en la enojosa situación de tener que admitir, aunque muy tarde, sus errores o recurrir a la represión para imponer una disposición que probablemente fue inspirada en buenos motivos.

En materia política, y esto no parecían comprenderlo muchas autoridades, las intenciones no cuentan, sino los resultados. Una medida buena mal inspirada provoca siempre mayores consecuen- cias que una errática bien inspirada. Luego que el Gobierno de- cidiera cortar el período de veda, antes que las protestas se hicieran irresistibles, la opinión pública parecía estar en condiciones de aceptar como naturales no solo la que regirá a contar del primero de noviembre hasta el siete de ese mes, sino las que en el futuro, y por el mismo período, decidiera imponer el Poder Ejecutivo.

Las autoridades habían enfrentado muchas críticas por los des- pidos masivos de personal de la administración pública, la paraliza- ción económica, las amenazas injustificadas de desalojo de familias menesterosas de otros complejos habitacionales, los serios conflictos laborales y las presiones desde la izquierda, como para que no se deci- dieran a revisar el valor de algunas de sus medidas. Guzmán demostró que podía admitir haberse equivocado y tener valor para echar atrás.

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Avanzaba noviembre y los decretos presidenciales no evitaban que los precios siguieran por las nubes, con nuevos aumentos en la carne bovina y otros artículos de consumo diario. En los centros de expendios, como supermercados, carnicerías, colmados y otros establecimientos, las amas de casa tuvieron que hacer milagros para acomodar sus presupuestos a los ascendentes niveles. Después de otra semana de veda en el tráfico y sacrificio de ganado bovino, la carne de res experimentó un alza en su venta al por mayor y al detalle. Dueños y administradores de esos establecimientos dijeron que el consumo había descendido como consecuencia de esta nueva especulación.

A pesar de las protestas del público, no hubo ninguna acción gubernamental para poner coto a esta situación que subía el costo de la vida. El alza de la carne de res trajo consigo una escasez de sus sustitutos naturales, como las carnes de chivo, pollo, pescado y cerdo. Y resultó hasta cierto punto irónico el hecho de que, estando las autoridades empeñadas en una entusiasta y probablemente bien inspirada campaña en favor del incremento del consumo de cerdo, debido a la peste porcina africana que hacía necesario el sacrificio de toda la población porcina, no tuviera lugar algún tipo de inicia- tiva oficial encaminada a reducir los precios de ese alimento. Por el contrario, los consumidores se vieron obligados a pagar más por cada libra de cerdo.

Los tablajeros, que reclamaron al Gobierno poner fin a los pe- ríodos de veda debido a los perjuicios a sus inestables y pequeños negocios, añadieron un nuevo elemento a su protesta. Dijeron que los mataderos aumentaban hasta en cuatro pesos cada quintal bruto de carne bovina, lo que los obligaba a aumentar el precio de venta al público.

De todas formas se vio que a falta de mecanismos efectivos de control, tanto sanitarios como de precios, los consumidores lleva- ron de nuevo la peor parte. Sin embargo, no hubo indicios de que estuviera en marcha alguna acción con miras a poner freno a la sórdida especulación que afectaba a los dominicanos. El presidente Guzmán pronunció un extenso discurso para analizar el panorama económico nacional y anunciar su decisión de entregar la regalía pascual completa a los empleados de la administración pública que ganaban hasta RD$300 pesos. Empero, el jefe del Estado no hizo ninguna mención al problema de los altos precios. En sentido gene- ral, su discurso estuvo dirigido a despejar la preocupación, creciente en muchos círculos, por el estado de la economía como resultado de lo que se daba en llamar inactividad del sector público en área tan importante como el de la construcción, que era el motor del dinamismo económico de los últimos años.

Guzmán dedicó casi todo su discurso, el segundo después de su juramentación el 16 de agosto, a demostrar que no había señales de recesión y que, lejos de detenerla, el Gobierno ha dado impulso a la industria de la construcción. Su larga enunciación de las obras que se proponía llevar a cabo el Gobierno, pareció indicar que no había cambio sustancial en la política de construcción del régimen ante- rior que fue severa y sistemáticamente criticada bajo el epíteto de “la siembra de varilla y cemento” durante largos años de oposición.

Guzmán fue lo suficientemente inteligente y cauto para no admitir que se proponía seguir el cauce de su antecesor en este as- pecto tan importante de la economía. Pero su anuncio fue acogido con beneplácito por los influyentes sectores relacionados con esta pujante industria, vital por la gran inyección de recursos que sig- nificaba. El excesivo optimismo del discurso presidencial se explicó por su contenido político. Quedaba por ver, empero, si con la ex- cepción de las referencias a los planes de construcción y la regalía pascual, la esperada comparecencia del jefe del Estado calmó todas las inquietudes. Por la profundidad e insistencia con que Guzmán y su equipo abordaron el tema del alto costo de la vida durante los agitados días de campaña electoral, era lógico suponer que en esa oportunidad el mandatario tocara el punto, llevando algún tipo de esperanza a los consumidores dominicanos, lo que no hizo.

Los altos precios de los artículos de consumo diario fueron uno de los mejores aliados de la fórmula Guzmán en los meses de acti- vidad electoral. A menos que no haya alguna acción enérgica del Gobierno, comentaba en mi columna, era posible que el fenómeno se reinvirtiera y aupara ahora a sus adversarios. La experiencia in- dicaba que los dolores de estómago y la inflación motivan mucho más que las consignas políticas.

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A comienzos de la segunda quincena de noviembre, en la con- ferencia del grupo de países exportadores de azúcar de América Latina y el Caribe, (GEPLACEA), celebrada en Guatemala, la Repú- blica Dominicana perdió su única representación en los cuadros ejecutivos de la entidad. La candidatura del dominicano, Manuel Díaz Franjul para un segundo período en la Secretaría de Mercado y Estadística de la organización fue retirada bajo presunta presión de Cuba. En lugar de Díaz Franjul fue electo el cubano José Lago.

Cualesquiera que fueran las causas del retiro de la candidatura dominicana era obvio que el país sufrió un duro golpe, por haber perdido una posición clave dentro de una organización llamada a desempeñar una labor muy importante en los esfuerzos de los paí- ses productores por mejorar las condiciones del mercado interna- cional del dulce, que entonces se hallaba en uno de sus niveles más bajo de los últimos años. La Secretaría de Mercado y Estadística se considera la segunda posición de importancia dentro de GEPLA- CEA después de la Secretaría Ejecutiva, y esto explicaba el interés de Cuba.

Cuba hizo saber sutilmente a la República Dominicana que no respaldaría en Londres sus gestiones para un aumento de la cuota que el Convenio Internacional de Ginebra asignó al país, a menos que se retirara la candidatura de Díaz Franjul. El argumento cuba- no fue lo suficientemente convincente y la candidatura del domi- nicano fue sorpresivamente retirada después de algunas rondas de votación en las que ni Díaz Franjul ni Lago obtuvieron el número de votos necesarios para ganar el cargo.

Era fácil concluir que los intereses nacionales primaban sobre los colectivos en GEPLACEA. Además, la elección de Lago, como quiera que se le mirara, era una derrota en los esfuerzos por con- solidar el liderazgo dominicano en virtud de la capacidad nacional como exportador, decía en mi columna de esos días.

El Convenio de Ginebra, que entró en operación el primero de enero del 1978 con carácter provisional, asignó a la República Do- minicana una cuota de exportación por debajo de las aspiraciones y el volumen de sus exportaciones nacionales en los últimos años. El instrumento fijó al país un monto de poco más de un millón de toneladas métricas, que, deducidas sus obligaciones para el fondo de reserva estabilizador, estimado en un 15 por ciento del volumen de comercialización en el mercado libre mundial, se reducía a 935,000 toneladas.

En vista de que la industria azucarera era la base y el motor de la economía nacional y su principal fuente de ingresos extranjeros, las autoridades dominicanas adelantaban gestiones ante la Organi- zación Internacional del Azúcar (OIA), con sede en Londres, para lograr que se reconsiderara su caso. Como necesitaba del respaldo de los países exportadores y las naciones consumidoras para lograr- lo, hacía que la posición dominicana fuera vulnerable al tipo de presión que, según fuentes azucareras locales, se le hizo en la confe- rencia de GEPLACEA, celebrada en ciudad de Guatemala entre el 23 y el 27 de octubre.

El interés de Cuba en sustituir a Díaz Franjul con Lago era bien conocido en los círculos azucareros nativos, ya que La Haba- na había estado realizando gestiones en ese sentido desde hacía ya algún tiempo. Como parte de esas gestiones, un alto funcionario cubano visitó el país en varias ocasiones en busca del respaldo de INAZUCAR para la candidatura de Lago. Escribí en El Caribe que durante la votación en Guatemala surgió un impasse debido a que el candidato dominicano gozaba de la simpatía de muchos delega- dos que insistían en darle su voto, en reconocimiento a su labor de tres años en la Secretaría de Mercado y Estadística.

El retiro de la candidatura del delegado dominicano dejó ex- pedito el camino para la elección de Lago. La decisión dominicana “desconcertó” a muchos delegados que la consideraron “débil”, en vista del significado de ceder una posición tan influyente en un organismo internacional de tanta importancia para el país como lo era GEPLACEA.

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El 20 de noviembre, la Organización Internacional del Azú- car (OIA), anunció las cuotas definitivas de exportación para el año próximo, cuyo monto total para el mercado mundial fue de 12.591,000 toneladas métricas. Era probablemente el monto más bajo de los últimos años y tenía como objetivo producir algún tipo de impacto sobre las cotizaciones, a través de un equilibrio entre la oferta y la demanda. El anuncio, sin embargo, fue desalentador para la República Dominicana, pues la OIA insistió en mantener sin variaciones la cuota inicial fijada al país de 1,100,000 tonela- das métricas. Como todos los países exportadores estaban en la obligación de apartar, un 15 por ciento de su asignación para ase- gurar un fondo de reservas estabilizadora, las posibilidades reales de participación del país en el mercado mundial se reducían así a 935,000 toneladas métricas, una cifra muy por debajo de la capa- cidad y necesidades nacionales. El Gobierno, siguiendo la política de su antecesor, había emprendido gestiones ante las autoridades azucareras internacionales a fin de mejorar la participación del país en el mercado a través de una cuota más atractiva. Pero el anuncio de la organización constituía un no a las aspiraciones dominicanas.

Pudiera ser que el país no obtuvo el respaldo suficiente en la entidad, no obstante haberse anunciado que la totalidad de los paí- ses signatarios de GEPLACEA se habían comprometido a apoyar sus justas aspiraciones, ya que dependía como ningún productor, con la sola probable excepción de Cuba, de la suerte del mercado internacional del producto.

En la columna del sábado anterior me hice eco de informes, no desmentidos, de que el tan importante respaldo cubano había sido supeditado a la renuncia por parte de la República Dominicana de un puesto clave en el directorio ejecutivo de GEPLACEA. Si realmente fue así, el revés era doble. Se perdía la oportunidad de mejorar la participación en el mercado por medio de una cuota más elevada, acorde con los requerimientos y la capacidad del país, y una posición muy importante -la secretaría de mercado y estadís- tica-, en una organización llamada a desempeñar un rol relevante en el futuro azucarero latinoamericano.

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Ante nuevas señales de divergencias en el ámbito oficial, en mi columna del 28 de noviembre decía que la dualidad entre los propósitos declarados del Gobierno de Guzmán y los objetivos, o por lo menos la retórica, del Partido Revolucionario Dominicano alcanzaban límites sorprendentes. No era aventurado decir que contradicciones tan profundas y extravagantes conducirían tarde o temprano a un enfrentamiento.

Mientras por un lado el Gobierno se esforzaba por dejar atrás la herencia de una imagen de radicalismo forjada en largos años de brega partidaria, el partido evidentemente hacía lo indecible por preservarla. Muchos eran los ejemplos de tal ambivalencia que solo podría tener explicación en la ilusa presunción de querer exonerar al partido de los posibles errores de la acción y los compromisos gubernamentales.

Pero ¿cuál era el precio? A primera vista era evidente que tal falta de coherencia entre el mandato y la retórica dejaba una des- concertante sensación de vacío y perplejidad en aquellos que creían que el futuro institucional dominicano dependía en gran medida del éxito de la gestión iniciada a contar del 16 de agosto pasado.

Guzmán daba muestras reiteradas de buena fe y sentido co- mún. Su pragmatismo y capacidad para mantener los pies sobre el suelo frente al irrealismo desbordante de muchos de sus partidarios en puestos claves, robustecía la confianza. Entre él y algunos de los suyos parecía haber, sin embargo, un empeño en dos vertientes por presentar caras diferentes de lo que se daba en llamar el “cambio”. Pero no parecía que Guzmán recibía el respaldo adecuado de su partido en esa tarea.

El caso más relevante de esta contradicción Gobierno-partido se daba frente a la crisis nicaragüense. El Gobierno, pese a su acti- va participación en los esfuerzos emprendidos por Estados Unidos para hallar una solución negociada al conflicto, estaba obviamente esforzado por permanecer, sino imparcial, por lo menos al margen de los intereses políticos que la escenificaban. El partido, por el con- trario, no desperdiciaba recursos para mostrar su parcialidad hacia los sandinistas.

En lo que pareció un enunciado de un cambio en la política del Gobierno ante el caso, el secretario general del PRD, José Francisco Peña Gómez, afirmó en una conferencia de prensa junto al dirigen- te sandinista Ernesto Cardenal, un sacerdote de ideas marxistas, que el Presidente de la República “se está preparando” para pedir el retiro del canciller dominicano, vicealmirante Ramón Emilio Jimé- nez, de la comisión negociadora designada por la OEA para mediar en la crisis de Nicaragua.

El anuncio de Peña Gómez pudo obedecer a varias razones tác- ticas. Eludir la responsabilidad de cualquier fracaso rotundo de la gestión, que ya parecía evidente y proteger la reputación revolucio- naria del partido de cualquier desenlace fatal ante la terca negativa de Somoza de acceder al reclamo popular de ver sus garras fuera del territorio nicaragüense.

Además, era obvio que el partido trataba de rescatar la mala imagen que la gestión dominicana creó en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que acusaba al Gobierno de cooperar en los presuntos intentos norteamericanos de promover una solución al estilo de Anastasio Somoza Debayle, sin Somoza en Nicaragua. Peña Gómez dijo también que el eventual retiro dominicano de la Comisión Mediadora se debía a que Guzmán le había confiado que “dudaba ya que la gestión de la OEA fructificara”.

Horas más tarde, en la noche, la Presidencia de la República dio a conocer una sutil pero contundente desautorización de lo dicho por el secretario general, al afirmar, mediante un comunicado, que el presidente Guzmán “confía en que la Comisión Mediadora, presidida por la República Dominicana que está gestionando una solución de los problemas y una paz justa en Nicaragua, encuentre la forma de evitar más derramamientos de sangre y desasosiego para los países que se encuentran en la zona”.

Al analizar las causas de la participación dominicana en esa iniciativa de paz, el comunicado destacó que el Gobierno tenía en cuenta “los compromisos que tiene contraído el país, como parte de la Organización de Estados Americanos y que el deber de huma- nizar, hasta donde sea posible, los conflictos que entre las naciones del Continente, o en una de ellas pueden producirse, en un empeño en que están en juego el ejercicio de los derechos humanos y cuanto nos liga a un sistema jurídico del que somos parte, todo ello sin olvidar el principio de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones y el respeto a la libre determinación de los pueblos”.

En obvia alusión a las afirmaciones de Peña Gómez de que el presidente Guzmán le había confiado su escepticismo respecto al éxito de la mediación, la Presidencia sostuvo en cambio que el jefe del Estado considera que “con sólo haber logrado el diálogo, que es siempre fructífero, se ha obtenido un avance optimista en la búsqueda de una solución a la situación por la cual atraviesa el hermano país de Nicaragua”.

La reacción oficial no podía ser más clara y contundente. En un comprensible lenguaje diplomático, Guzmán advertía a la opinión pública que solo él era responsable de la conducción de la política exterior. Y demostraba una vez más que si pudo ser enérgico con los militares también lo puede ser con aquellos que pretendían desde el partido trazar las pautas de su administración.

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Las continuas alzas de precios de la canasta familiar y las som- brías perspectivas del mercado internacional del azúcar no augura- ban nada prometedor a finales de diciembre y comienzos del 1979. El mercado mundial no se presentaba prometedor, a pesar de los informes de que un descenso en la producción contribuiría a equi- librar los mecanismos de oferta y demanda. La firma de corredores

M. Golodetz, con sede en Londres, advirtió sobre el peligro de los optimismos excesivos. “Afortunadamente”, decía la firma en un in- forme, “se acerca a su fin un año que prometió mucho y produjo poco. La situación ahora es tan confusa como en enero”. Parte de la incertidumbre estribaba en los problemas que planteaba la forma de salir de los excedentes que deprimían el comportamiento del mercado.

“Entonces (en enero de este año) nos preguntábamos como enfrentaría el nuevo acuerdo internacional y el mercado en general en gran superávit mundial, después que un brote de ventas frenéti- cas a finales de 1977 para ganarle a la fecha tope del acuerdo, llenó la mayor parte de la demanda conocida para el primer trimestre de 1978”, decía la conocida firma de corredores. Y ahora “nos pregun- tamos la misma cosa, si bien en menor escala, y la producción en superávit se llamó ahora existencias en superávit”.

Uno de los factores que mantenía la incertidumbre sobre el mercado era que los Estados Unidos no ratificaban el acuerdo de Ginebra, que entró temporalmente en vigencia en enero de 1978.

El acuerdo tenía por finalidad estabilizar las cotizaciones del mercado entre un mínimo de once y máximo de 23 centavos por libra, a través de complejos mecanismos que incluían un fondo de reservas igual al quince por ciento del total de la cuota de expor- tación de los países signatarios productores del dulce. En términos generales, la firma Golodetz consideraba que “no es emocionan- te vaticinar los prospectos” para el año entrante. “Lógicamente”, agrega, “como ha indicado un reciente análisis estadístico, habrá suficiente disponibilidad para exportación por encima y además de las existencias de reserva del acuerdo de Ginebra de dos millones de toneladas, para que estas reservas no sean utilizadas”. Por lo tanto, según la firma de corredores, era poco probable que la cifra mágica de once centavos por libra sea puesta a prueba el tiempo suficiente para elevar los niveles existentes de adjudicaciones de cuotas dentro del instrumento de Ginebra, si lo permiten las fluctuaciones.

El alza del 14.5 por ciento en los precios del petróleo, acordado por los socios del cartel conocido por las siglas de OPEP, neutrali- zaría, además, cualquier eventual mejoramiento de las condiciones del mercado azucarero en países como la República Dominicana que importan todos sus requerimientos energéticos derivados del crudo que deberán recurrir en cantidades más apreciables a sus in- gresos por concepto de exportación de azúcar u otros productos, para financiar los elevados precios del mineral, vital como ningún otro para la industria y las formas de vida moderna.

Aún dentro de los marcos estrechos de las predicciones pesi- mistas, cabían esperarse buenos movimientos de precios aunque a contar del segundo semestre de 1979. Golodetz estimaba, sin em- bargo, que esos cambios podrían deberse a accidentes como sería el caso de que China compre cuando los precios bajaran y se retiran los vendedores de primera mano.

De todas formas, la primera mitad del año a punto de comenzar no parecía muy prometedora. Golodetz basaba su apreciación en el análisis siguiente: “El consumo en los dos bastiones del azúcar crudo de mercado libre, los Estados Unidos y Japón, no muestra señales de mejoría apreciable, indudablemente todavía lo suficien- te para merecer que los refineradores paguen primas sobre la base Fobst número once de Nueva York”.

Además, la firma estimaba que no parece haber muchos pedi- dos pendientes para el período enero-marzo de 1979, por lo que los refinadores dispondrán de tiempo suficiente para evaluar lo acontecimientos. “En los bancos, el superávit CEE (Comunidad Económica Europea) continuará deprimiendo los precios hasta que la demanda alcance proporciones más normales”, advertía la firma de corredores. Pero señalaba a seguidas que aún ante tales hechos, el potencial de oferta “es tan grande” que a todo cuanto se puede esperar es “a contener la prima descendente de los crudos”, a menos que los compradores de este tipo de azúcar se interesen en los blancos en determinado volumen.

Al epilogar su predicción sobre el mercado, la firma de corredores londinense decía: “Es posible que los niveles presentes de mer- cados equilibren totalmente estos elementos depresivos, inclusive el hecho de que todavía no hemos visto ninguna venta notable de primera mano para el año que viene. Por otra parte, es posible que se estén colocando demasiado esperanzas sobre China a mediano plazo y en las posibilidades constructivas, a largo plazo”.

Además de las posibilidades de que inesperadas compras de China estimularan las débiles cotizaciones, un factor estimulante podría ser la posibilidad de que se congelaran los precios garantizados de la Comunidad Económica Europea y se redujera la llamada cuota B de esa región a un 20 por ciento aproximado de la cuota base porque, en opinión de Golodetz, “podría reducir considerable- mente las siembras de marzo para la cosecha de octubre-diciembre”.

En caso de que tuvieran resultados los esfuerzos de los países productores de mantener sus superávits exportables dentro de los niveles de cuotas existentes, cabía esperar que los precios futuros del último trimestre del 1979 empezaran a mejorar. Pero Golodetz creía, como sucedió que esta posibilidad solo existía a largo plazo.