Con la autorización del autor, el periodista y escritor Miguel Guerrero, elCaribe digital presenta “1978-1986. Crónica de una transición fallida”, puesta en circulación en octubre del 2020, en plena pandemia del COVID 19, y que ofreceremos por entregas. Acceda al índice y al prólogo aquí

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CAPÍTULO III

Septiembre, 1978. Enfrentado a sus propios problemas un nuevo Gobierno deja atrás 12 años de autoritarismo

El 15 de agosto Balaguer aseguró que al dejar la Presi- dencia en manos de un nuevo mandatario se dedicaría a cooperar desde la oposición con el Gobierno en base a una política inspirada “en el interés nacional sin participación en los destinos públicos y sin ningún género de compromiso”.

“Observaremos el curso de los acontecimientos y en el momento oportuno intervendremos para apoyar lo que merezca ser apoyado y para combatir lo que sea digno del repudio general”, expresó. El jefe de Estado respondió un cuestionario de 17 pregun- tas que le sometería El Caribe con motivo de la terminación de su tercer mandato consecutivo de cuatro años, el más largo período constitucional en la historia de esta nación. “En ningún caso hare- mos el tipo de oposición que se nos hizo a nosotros. Es decir jamás caeremos en la diatriba soez ni en la censura ácida que nada bueno acredita al adversario”.

Sostuvo que en su papel de líder de la oposición “tampoco saldrán de nuestros labios las palabras de amargura con que los agen- tes de la frustración y los del canibalismo político denostaron la administración que hoy llega a su fin. En definitiva, aspiramos a hacer una oposición diferente de la que se ha estilado hasta hoy en este país, harto ya de los sembradores de odio y de su sectarismo intransigente, dijo.

Balaguer se refirió también a las críticas que sectores de la oposición formularon durante sus doce años de Gobierno a la mayor parte de las obras construidas con fondos públicos. “La realidad ha demostrado”, expresó, “que las obras llamadas suntuarias han obedecido, en la mayoría de los casos, a necesidades impuestas por el desarrollo social y económico del país. El embellecimiento, por ejemplo, de la capital de la República ha contribuido al incremento del turismo y ha servido de estímulo a una de las fuentes principales de nuestro desenvolvimiento económico: la industria de la cons- trucción”. Añadió que eran incontables las nuevas urbanizaciones que han nacido “como consecuencia de la labor hecha por el Go- bierno para impedir la arrabalización de la primera ciudad del país”.

Balaguer pasó a seguidas a enjuiciar la colaboración de los fun- cionarios de su Gobierno y dijo que está agradecido de la mayoría de sus colaboradores. “La labor de muchos de ellos ha sido sin duda negativa pero me fue prestada en momentos difíciles para la presente administración, con coraje y lealtad”. A su juicio, el mayor daño recibido por su régimen de parte de los que estuvieron asociados al mismo, “ha sido evidentemente el del enriquecimiento logrado ilícitamente por algunos servidores de la administración pública y a costa del crédito del país y del Gobierno. Pero como otras veces he dicho, la corrupción es un mal de toda nuestra sociedad y no solo del Gobierno”, afirmó.

El jefe del Estado expresó dudas de que ese mal pueda ser “to- talmente erradicado y que lleguemos a constituir, en un futuro próximo, una excepción de un mundo desquiciado por el afán de lucro y por el amor excesivo a los placeres y al boato”. Y afirmó que si tuviera que “volver a hacer una elección de mis colaboradores, lo haría principalmente entre la juventud y las mujeres que se han capacitado y que en muchos casos compiten ventajosamente con el hombre”.

A la pregunta de si se sentía complacido por la labor realiza- da durante los tres períodos constitucionales que llegaban a su fin, por los legisladores del Partido Reformista, el presidente Balaguer manifestó: “Creo que no ha sido mejor por falta de una oposición competente en ambas cámaras. Los proyectos de leyes no han po- dido ser discutidos ni analizados en un ambiente de crítica cons- tructiva”.

Dijo que también “debe tenerse en cuenta que la opinión pú- blica se ha mostrado muchas veces indiferente y apática en cuanto a la adopción de providencias legislativas de no poca importancia para el país”. Balaguer se quejó de que las vistas públicas solo han atraído a grupos que han respondido al llamamiento de las cámaras “cuando algún interés particular requería su intervención con fines generalmente egoístas”. Y citó la ley sobre inversión extranjera que despertó el interés de muy pocas personas versadas en la materia. En cambio, el proyecto de ley que faculta al Consejo Directivo del Banco de Reservas de la República para nombrar al Administrador General de dicha institución bancaria, levantó una gran polvareda”.

Respecto al concurso que le brindaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a su Gobierno y los logros alcanzados en esos campos el mandatario dijo que estaba muy satisfecho. “Tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional pasaron por graves crisis en 1965 como consecuencia de la guerra civil de ese año. Sin em- bargo, el problema de la división, patente en la existencia de dos campamentos rivales, uno en San Isidro y otro en la Base Naval, fue superado por las Fuerzas Armadas que hoy día se hallan sólida- mente unidas, gozan de una excelente preparación técnica y tienen mayor conciencia de su papel de cuerpos no deliberantes”. Mani- festó asimismo que en el caso de la Policía Nacional “en cuyo seno abundaban los maleantes por no haberse hecho, en años inmedia- tamente anteriores a 1965, una selección cuidadosa de su personal subalterno, es hoy una institución que merece el respeto de toda la ciudadanía”.

A la pregunta de cuáles eran sus planes inmediatos como presidente del Partido Reformista y su participación en la vida nacional, Balaguer señaló: “Creo que el Partido Reformista deberá ser reor- ganizado y que su política proselitista debe girar principalmente en torno a algunas figuras jóvenes de relieve. Todo mi esfuerzo se concentrará, como presidente de esa institución política llamada a desempeñar un papel de importancia en el período presidencial próximo, en atraer al seno del partido núcleos valiosos de las nuevas generaciones”.

Agregó que esto se hará “sin prescindir de los fundadores de la agrupación, en su mayoría personas de cierta edad y de larga actua- ción en la vida pública dominicana”. Sostuvo que las nuevas plazas directivas del Partido Reformista deberán ser puestas en manos de esos nuevos dirigentes y que la organización es la única “que posee arraigo popular suficiente para mantener, en los próximos años, el equilibrio político en el seno de nuestra democracia incipiente”.

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El presidente Antonio Guzmán prometió, al prestar juramento ante la Asamblea Nacional, que daría “rigurosa aplicación” a las normas que consagran los derechos humanos ya que constituyen un verdadero patrimonio común de la Humanidad. Dijo que había sido superada la época en la cual esos derechos eran considerados, aisladamente, en los límites estrechos del territorio de un estado determinado.

En su discurso de poco más de una hora y 20 minutos, el Presi- dente sostuvo que, las violaciones de esos principios en un país deter- minado “repercuten en los demás y representan un agravio para todos los hombres”. Al destacar que los derechos humanos han adquirido “una nueva dimensión”, el mandatario de 67 años dijo: “Me propongo

dar rigurosa aplicación a los preceptos y normas que consagran esos derechos, como obligación principal del Estado, conforme a los térmi- nos de nuestra ley fundamental. Citamos: La protección efectiva de los derechos de la persona humana y el mantenimiento de los medios que le permitan perfeccionarse progresivamente dentro de un orden de li- bertad y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos” lo cual no finjo.

Guzmán reveló que con el propósito de asegurar el respeto de esos derechos, sometería al Congreso Nacional en el curso de su mandato de cuatro años, un proyecto encaminado a la creación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.

El hacendado fue juramentado a las once de la mañana por el presidente del Senado, Juan Rafael Peralta Pérez, quien le impuso la banda presidencial que minutos antes le entregó el mandatario saliente, Joaquín Balaguer, presente en la ceremonia. Balaguer, que ejerció el cargo más alto de la nación durante tres períodos constitu- cionales consecutivos a partir del primero de julio de 1966, perma- neció sentado a la izquierda de Guzmán durante toda la ceremonia que concluyó pasado el mediodía. Después del discurso del nuevo mandatario, los dos estadistas se saludaron estrechándose las ma- nos. Antes del inicio oficial de la ceremonia del traspaso pacífico del mando, sin precedentes en el siglo en la República Dominicana, se dieron un fuerte abrazo.

Un calor sofocante invadía la atestada sala de sesiones del Congreso. El Presidente se secó el sudor que le corría por la frente media hora después de iniciar su discurso e hizo por lo menos cuatro pau- sas de varios segundos para tomar agua.

Al dirigirse a los miembros del nuevo Congreso, instalado an- tes de la ceremonia e integrado por 91 diputados y 27 senadores, al cuerpo diplomático y a las decenas de dignatarios extranjeros invitados entre los que figuraban jefes de Gobierno, cancilleres, ex- gobernantes y líderes políticos de América y Europa, Guzmán dijo:

“Como han visto ustedes, el cambio fundamental por el cual ha venido propugnando el Partido Revolucionario Dominicano, es el cambio de actitud moral ante la ley. No es solo un cambio de hom- bres y funcionarios, sino un cambio profundo en la concepción de los derechos del ciudadano para con la patria y para con el Estado, como justa contrapartida al pleno disfrute de todos sus derechos”.

Indicó que la obra de conciliación y de desarrollo demanda- ban, sacrificios, patriotismo y, sobre todo, una gran fe en Dios y en la capacidad del pueblo dominicano para superar los momentos difíciles como lo hiciera en tantas ocasiones.

Un batallón mixto de las Fuerzas Armadas rindió a Guzmán los honores correspondientes a su alta investidura a su llegada al Palacio del Congreso en el Centro de los Héroes y a su partida hacia la sede del Poder Ejecutivo, donde inmediatamente dio a conocer a los miembros de su gabinete, introdujo cambios importantes en los mandos militares y los puso en posesión de sus cargos. “Mi Gobierno está plenamente consciente de su responsabilidad histórica, la cual es compartida en igual grado por los partidos de oposición, especialmente por el Partido Reformista”, dijo.

A seguidas, Guzmán hizo un llamamiento a “todos los opo- sitores”, a fin de que “desdeñen la crítica infecunda y ajusten sus actividades y sus actitudes dentro de un espíritu constructivo y de apego a los cánones legales vigentes”.

“Es justo”, afirmó, “que se reconozca que el triunfo que ob- tuvimos en las urnas y la manera en que hemos podido abogar por el respeto de nuestros derechos, se debe a la forma en que en nues- tro país se ejerce la libertad de prensa, piedra fundamental de una democracia”. Expresó que no podía pasar por alto la ocasión “sin reconocer también la enorme y valiosa contribución de su excelen- cia, doctor Joaquín Balaguer, para la cristalización de esta histórica transmisión pacífica del mando presidencial”. En esta parte de su discurso de 64 páginas tamaño cuatro por cinco pulgadas a tres espacios, Guzmán giró hacia su izquierda donde se hallaba sentado Balaguer y de las tribunas surgió un fuerte y prolongado aplauso.

El presidente admitió que “en los últimos años” de la administración de Balaguer “se iniciaron obras de infraestructura de enor- me valor para el futuro desarrollo de nuestra nación”. Al referirse a las mismas, aseguró que esas obras serán concluidas y las existentes “serán mantenidas como lo merecen”.

Guzmán se refirió también a la forma en que su Gobierno conducirá las relaciones exteriores. “Consecuentes con nuestro respe- tuoso apego a la ley, tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional, quiero dejar constancia de que el Gobierno domi- nicano cumplirá fielmente todos sus compromisos internacionales y hará honor a todos los tratados y convenciones suscritos, inclu- yendo de las Naciones Unidas y la carta de la Organización de los Estados Americanos. “La política internacional de nuestro país”, reveló, “estará basada en los principios de la no intervención en los asuntos internos de otras naciones, de la cooperación internacional y del mutuo respeto entre los Estados”.

Dijo que su Gobierno se proponía también “estrechar los vínculos de amistad y cooperación con las naciones que están tan dig- namente representadas en esta memorable ocasión…” A su juicio, la presencia de esos dignatarios extranjeros, entre los que se encon- traban el jefe del Gobierno de Panamá, general Omar Torrijos; el secretario de Estado norteamericano, Cyrus Vance, y dirigentes del Partido Acción Democrática (AD), de Venezuela, constituía una muestra de solidaridad hacia su nueva administración y el pueblo dominicano. “Tal como he manifestado en ocasiones anteriores”, afirmó, “para alcanzar esta anhelada meta, es necesario que se consa- gre la alternabilidad en el poder y por tanto, que el principio de la no reelección sea incorporado a los preceptos constitucionales”. Ade- más”, dijo, “es necesario que se fortalezcan los poderes del Estado”.

Terminada la ceremonia, Guzmán abandonó el edificio acompañado de su esposa Renée Klang de Guzmán, congresistas y di- rigentes de su partido y otras personalidades. Una vez fuera del edificio, recibió honores militares ya en su condición de Presidente constitucional. Balaguer esperó, en cambio, algunos minutos antes de abandonar el salón, de donde salió en compañía de ex altos fun- cionarios de su régimen y altos oficiales militares.

En su discurso, Guzmán prometió que todos los proyectos de leyes que se proponía someter a consideración del Congreso estarán “inspirados en la búsqueda de soluciones viables a los grandes pro- blemas nacionales, del desarrollo del país y de la felicidad de todos mis conciudadanos. Esta actitud que entiendo necesaria para man- tener un clima de concordia nacional, espero que sea observada tan- to por los legisladores del partido de Gobierno como por los otros que militan en los partidos de oposición”. Consideró, además, que la constitución de su gabinete era una demostración de sus inten- ciones de promover un régimen de unidad nacional.

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Tres días después de la juramentación de Guzmán, las versio- nes sobre inminente aumento de los precios mundiales del petróleo ensombrecieron el panorama económico de las naciones en desa- rrollo importadoras netas de hidrocarburos. Aún si Arabia Saudita e Irán imponían nuevamente sus puntos de vistas moderados, tal como ocurrió en la conferencia que dio lugar al último incremento en las cotizaciones del barril, la nueva alza significaría más de 4,000 millones de dólares para los países de América Latina. El impacto de este aumento llegó en el peor momento. Conjuntamente con este incremento se acentuó el descenso de los niveles de exporta- ción de otros productos básicos latinoamericanos, como el azúcar, el café y el cacao. En términos simples, los países en desarrollo tenían mucho menos dinero para adquirir un petróleo que llegaba a sus puertos mucho más caro.

Los dominicanos gastaron desde 1974 alrededor de 150 mi- llones anuales, o tal vez algo más, para satisfacer sus necesidades de importación de petróleo y sus derivados. Al mismo tiempo, sus ero- gaciones por concepto de compra de numerosas líneas de productos extranjeros, infladas por esta alza, crecieron en una proporción espantosa. Al descender vertiginosamente las cotizaciones del azúcar, el país se vio precisado a invertir casi todos sus ingresos por este concepto para suplir sus requerimientos energéticos, en detrimento de inversiones en otros campos.

Todo esto encerraba una ironía. Los países exportadores de crudo aducían que el aumento de los precios dispuestos en octubre de 1974 como represalia al respaldo occidental a Israel durante la guerra del Iom Kippur, que envolvió también un embargo de los suministros a Estados Unidos, Alemania, Japón, Holanda y otras naciones industrializadas, constituía una reivindicación del Tercer Mundo. A partir de esta reivindicación de una riqueza nacional, alegaban los países petroleros, se ponía en marcha un movimiento a favor del establecimiento de un nuevo orden económico interna- cional.

Se hablaba sin cesar de las ventajas de este nuevo orden. Las naciones en desarrollo cerraban filas tras el como si se tratara de una cruzada evangelizadora. Su retórica transformaba el llamado lenguaje tercermundista y se le mencionaba como la panacea de los problemas económicos y comerciales de nuestros países.

Pero sucedía que la piedra sobre la que descansaba lo poco del edificio de este orden que había podido levantarse era el encareci- miento de un producto como el petróleo, vital para el desarrollo. Se cometía la injusticia de castigar a todos los países por igual con este aumento. Así, las naciones en desarrollo fueron forzadas a pagar mucho más por cada barril que importaban y por cada mercancía traída desde las áreas industrializadas, afectadas por la inflación que los nuevos precios del petróleo provocaron en esos lugares. Era un círculo vicioso y las perspectivas no permitieron abrigar muchas esperanzas.

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Dos semanas después de que Guzmán asumiera la Presidencia, los Estados Unidos reconocieron públicamente, por primera vez, que la incertidumbre creada en el mercado internacional con respecto a la actitud la Casa Blanca frente al convenio azucarero de Ginebra, desmejoraba el nivel de las magras cotizaciones del dul- ce. Sin embargo, la admisión no trajo consigo ninguna esperanza ya que no había información confiable de cuál sería la orientación del Gobierno del primer importador mundial de azúcar, ya que la formulación de su política azucarera influiría decididamente en el futuro del mercado y la suerte del convenio, firmado en octubre pasado tras arduas y difíciles negociaciones.

La importancia del reconocimiento norteamericano de su dila- ción en asumir las obligaciones del convenio de Ginebra, estribaba en dar valor a los alegatos latinoamericanos de que la Casa Blanca no adoptaba medidas conducentes a poner fin a la práctica de en- torpecer, mediante aranceles y otras disposiciones internas, el acce- so de azúcar extranjera a ese mercado.

En los meses anteriores, los gobiernos latinoamericanos acusa- ron a Washington de dar vigencia a antiguas prácticas proteccionis- tas, advirtiendo sobre sus repercusiones negativas en las relaciones hemisféricas.

El balance del primer mes del Gobierno del presidente Anto- nio Guzmán, no permitió abrigar mucho optimismo, por lo menos a muy corto plazo. Los comercios habían reducido sus ventas y la economía comenzaba a presentar señales de estancamiento, como resultado de la paralización de las obras públicas puestas en marcha por el régimen anterior, la falta de planes específicos y la inactividad en muchas áreas importantes. Un ingeniero dedicado a obras privadas dijo a El Caribe que podría verse forzado a cerrar sus oficinas y “probar suerte en el extranjero”, si el Gobierno no impulsaba la deprimida economía y alentara la inversión en la una vez pujan- te industria de la construcción. La opinión pareció un dramático indicio del efecto de la recesión en sectores de la vida nacional. Un anuncio del Secretariado Técnico de la Presidencia llamando a los ingenieros a la presentación de proyectos de obras de utilidad pública, que podrían más tarde ser aprobadas por el Gobierno, dio la lastimosa impresión de que las nuevas autoridades carecían de planes concretos en esta área decisiva de la economía dominicana.

No se justificaba, asimismo, la virtual paralización de muchas construcciones ya adelantadas o en procesos de iniciación durante el Gobierno que entregara el poder el 16 de agosto. La situación fiscal del país era lo bastante saludable como para que el Estado en- cauzara fondos, ya probablemente especializados, a la continuación de esas obras. Su descontinuación provocaba, por el contrario, una contracción en la inversión privada en esa rama, dejando cesante a miles de obreros y artesanos que en los últimos años ganaban en esa actividad el sustento de sus familias. Como consecuencia de esto se reducía en forma considerable el circulante, lo que se reflejaba en el nivel de ventas del comercio en general.

Por otra parte, los consumidores sufrieron el impacto de las dos medidas gubernamentales importantes. La primera de ellas, la veda en el tráfico, comercialización y sacrificio en todo el territorio nacional, de carne de res, se reflejó en un alza en los precios de los otros tipos de carne. La medida fue adoptada por el Gobierno entre el 6 y el 12 de septiembre en un esfuerzo aparente para aumentar el consumo de carne de cerdo ya que el brote de fiebre porcina africana que afectaba el país haría necesario el sacrificio de todos los cerdos sanos.

Un examen frio de la situación permitió establecer, empero, que los objetivos de la veda no se cumplieron. Aunque en las carnicerías y supermercados de las zonas exclusivas y de clase media alta de Santo Domingo la venta de cerdo aumentó entre un 30 y un 40 por ciento, con relación al consumo anterior de ese mismo tipo de carne, en los mercados públicos y otros centros populares de expen- dio los resultados fueron magros. Entre el 20 y el 26 de septiem- bre se cumplió la segunda semana de veda. Pero de acuerdo con reportajes periodísticos sobre los primeros siete días de la misma, era poco probable que los consumidores cambiaran radicalmente de actitud. En sentido general, la venta de carne, incluyendo todos los tipos, descendió por efecto de la veda ya que el gusto de los do- minicanos se inclinaba sobre la de res. El hecho de que no se adop- taran mecanismos efectivos para evitar la especulación, el pollo, el sustituto natural de la carne de res en la Republica Dominicana, se vendía a sobreprecio en la mayoría de los centros de expendios.

A finales de septiembre, el Gobierno sorprendió a los consumidores con un decreto aumentando en dos pesos (RD$2.00) el quintal de harina, lo que naturalmente incidió sobre los precios de una gran variedad de productos industriales de gran consumo nacional.

Uno de los considerandos del decreto señalaba que el aumento, que deja sin efecto una rebaja de cuatro pesos al quintal hecha por la pasada administración, se debía a que la disposición anterior no surtió el efecto deseado, que era el de reducir los niveles de precios del pan y las pastas alimenticias. Era claro que el argumento no se justificaba, puesto que el Gobierno tenía autoridad suficiente para poder hacer efectiva sin necesidad de recurrir a medidas de fuerza, toda disposición relacionada con la comercialización de cualquier producto alimenticio. Para eso estaba la Dirección General de Control de Precios.

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A finales de agosto, se hizo evidente que las relaciones del Gobierno con su partido, el PRD, serían difíciles. Las declaraciones formuladas en esos días en la ciudad de Nueva York por el secretario general del partido, José Francisco Peña Gómez, sobre el mal estado de la economía del país, tuvieron una amplia repercusión en Puerto Rico.

Un influyente banquero asociado a un grupo de inversionis- tas puertorriqueños y norteamericanos interesados en programas específicos en la República Dominicana me dijo en San Juan, tal como publiqué en El Caribe que la afirmación del dirigente había tenido “un efecto paralizante” respecto a muchos de esos planes. “Es cuestión de confianza”, expresó al referirse a la gran publicidad que las declaraciones del líder político recibieron en la prensa puer- torriqueña.

En cierto sentido, las expresiones del banquero, ligado estre- chamente a intereses periodísticos y oficiales de la isla, reflejaban la inquietud observable allí en sectores gubernamentales por lo que se insistía en llamar “falta de cohesión” del Gobierno dominicano respecto a cuestiones que se consideraban básicas, principalmente en lo que concierne a política exterior.

Esta preocupación tenía que ver con los radicalmente opuestos puntos de vistas expresados por el presidente Antonio Guzmán y algunos de los más altos dirigentes del PRD, incluido, el secretario general Peña Gómez, en relación con el status de esa isla y el futuro de las relaciones entre las autoridades de ambos países.

Las excesivas reiteraciones de dirigentes del PRD en respaldo al movimiento independentista, y al partido de Rubén Berríos, herían muchas susceptibilidades. El Gobierno insular había recibido segu- ridades del régimen dominicano de que ese tipo de declaración no comprometía la línea oficial. Un reciente contacto personal entre el presidente Guzmán y el gobernador Carlos Romero Barceló sirvió para ahuyentar algunas de las inquietudes prevalecientes, pero mu- chos funcionarios locales temían que Guzmán fuera arrinconado y se viera obligado a escoger entre la lealtad a su partido y los com- promisos, informales por cierto, contraídos en Puerto Rico.

Las preocupaciones de las autoridades boricuas eran comprensibles. Si tales afirmaciones respondían a una realidad social, era poco probable que el presidente Guzmán dedicara tiempo y esfuerzo a despejar los temores locales sobre el futuro de las relacio- nes bilaterales, empañadas por las adhesiones públicas del PRD al partido opositor más radical al status político puertorriqueño y a una eventual incorporación de la isla como un estado de la Unión norteamericana, que auspiciaba el Gobierno de Romero Barceló.

Funcionarios boricuas creían que los dirigentes del PRD pudie- ran ser más cautos en sus manifestaciones de apoyo al movimiento independentista. Con ello, evitarían al señor Guzmán algunas de las embarazosas situaciones que creaban en el plano internacional, en especial con respecto a Puerto Rico.

Como otro ejemplo de esa disparidad, citaban la participación dominicana en las gestiones, dadas por concluidas ya sin resultados, en búsqueda de una salida pacífica al conflicto de Nicaragua. Mientras por una parte el Gobierno dominicano tuvo una decisiva intervención en el grupo mediador auspiciado por Estados Unidos, el partido oficialista no ocultó nunca su respaldo total a la causa sandinista, como quedó demostrado con la invitación que se le hizo al dirigente del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el sacerdote jesuita Ernesto Cardenal, en momentos en que el can- ciller dominicano buscaba fórmulas de conciliación que nunca lle- garon a cristalizarse.

Pero más que esta dualidad desconcertante, lo que parecía pre- ocupar más a los hombres de negocios de Puerto Rico, interesados en proyectos mixtos en la República Dominicana, era hasta qué punto las francas admisiones del influyente dirigente político del PRD revelaban la profundidad de los males económicos del país.

A finales de septiembre, en su primera declaración después de haber entregado la presidencia a Antonio Guzmán, Balaguer afirmó que en el país no existía propiamente una crisis económica “sino más bien una crisis de confianza”, generada por lo que caracterizó como la que el cambio de Gobierno creó en amplios sectores de la vida nacional.

“Esa confianza retornará a nuestro medio”, dijo, “cuando se restablezca el equilibrio entre el sector patronal y el sector obrero; y cuando arriba, en las altas esferas de la Nación, se tenga una políti- ca definida que no esté sujeta al capricho ni al criterio personal de asesores de gran erudición libresca, pero sin la suficiente experiencia y sin la necesaria madurez administrativa”. Balaguer me hizo éstas y otras afirmaciones en una entrevista exclusiva a El Caribe en su residencia pocas horas antes de partir con destino a España donde fue sometido a un tratamiento visual. Se refirió ampliamente a la parte del discurso que el presidente Antonio Guzmán dirigió días antes por una cadena nacional de radio y televisión en la que acusó a la administración anterior del deterioro de la economía domini- cana. Al negar que los problemas tuvieran su origen en medidas adoptadas por su Gobierno entre el 16 de mayo y el 16 de agosto pasados, Balaguer dijo que “se ha querido sorprender, con una argu- mentación simplista, la buena fe popular”. Indicó que tanto en su discurso ante la Asamblea Nacional como en ese discurso, Guzmán se empeñó en culpar al Gobierno anterior “de la crisis por la cual atraviesa hoy nuestra economía”.

“La recesión momentánea a que se alude, es decir, la recesión fundamental que no obedece al alza de los precios del petróleo ni a la caída de los precios que han hecho apenas costeable nuestra industria azucarera, se debe sencillamente a la incertidumbre que ha creado en el país el cambio de Gobierno y la perspectiva de que ese cambio sacuda la estructura de la nación, con una serie de providencias temidas por la inmensa mayoría de los dominicanos”, expresó. Balaguer consideró que todo el país “incluyendo a los partidarios más entusiastas del ‘cambio’, se preguntó qué sucedería después de la llegada al poder de un partido que durante 17 año simbolizó en un jacho prendío la revolución anunciada en sus ma- nifiestos con palabras casi siempre incendiarias”.

Las declaraciones del expresidente fueron su primera manifestación pública como máximo dirigente de la oposición. Desde que entregó, en una ceremonia sin precedente, el poder a su sucesor en una sesión solemne del Congreso. Al enjuiciar el impacto de las primeras semanas del nuevo Gobierno sobre la economía nacional, el expresidente dijo: “Las medidas tomadas después del 16 de agosto, no obstante la moderación de que ha hecho gala el presidente Antonio Guzmán, no han contribuido a desvanecer ni a atenuar siquiera la incertidumbre, de la cual participan dominicanos perte- necientes a todas las categorías sociales”. Consideró también que la vuelta de la “aplanadora” de 1963 “ha sembrado la zozobra en infinidad de hogares humildes y en multitud de familias que habían vivido hasta entonces de un modesto empleo en la Administración Pública”. Sostuvo que hasta el 16 de agosto pasado, fecha en que entregó formalmente la presidencia a su sucesor “la economía dis- currió sobre rieles”.

“En las relaciones de los ejercicios fiscales de cada mes que se hacían públicas en la prensa nacional, puede comprobarse que el fisco recaudó siempre lo suficiente para cubrir todas sus cargas fijas, para mantener al día la deuda pública y para casi igualar en un fuerte capítulo de gastos de capital las erogaciones incluidas en el capítulo reservado para los gastos operacionales”, expresó. El expresidente rechazó enfáticamente las acusaciones de que su régimen endeudara “enormemente” a la República. “La especie es fundamentalmente falsa”, afirmó, “si de acuerdo con los boletines del Banco Central, subía a casi 1,000 millones de pesos, era porque en esas publicacio- nes se agregaba a los créditos suscritos por el Estado, los préstamos hechos en el exterior por la empresa privada”. Aseguró, asimismo, que durante su administración la deuda del Gobierno central “no pasó jamás de 200 millones de pesos”, y que en esta suma se incluye la deuda de todos los gobiernos anteriores al primero de julio de 1966, fecha en que se instauró su primera administración.

Otro ingrediente de la crisis iniciada después del 16 de mayo era en opinión de Balaguer, el de las disputas obrero-patronales. Sostuvo que esa inquietud laboral “nace principalmente de las pro- mesas que sirvieron de base al ‘cambio’, y que carecieron, en su mayor parte, del más mínimo sentido de ponderación”. Cuando le pregunté su opinión sobre el alcance de la tregua solicitada por el presidente Guzmán a los dirigentes sindicales, el exmandatario des- tacó que la medida, encaminada a su entender a “apaciguar la clase trabajadora es una medida objetable que tiende a aumentar y no a disminuir la tensión existente entre obreros y patronos”. “¿Quiénes podrían arriesgarse a invertir, cuando se carece de la certeza de que la agitación no se reanudará hasta tanto la tregua propuesta sea rota por agotamiento del plazo de la misma o por iniciativa de una de las partes?”, preguntó el expresidente. “La tregua en cuestión no puede apaciguar a ninguno de los dos sectores en causa: los obre- ros porque esperan que se cumplan las promesas que se le hicieron durante la campaña electoral de garantizarles libertad sindical ab- soluta y un aumento general de salarios, y la clase patronal porque sobre ella se mantendrá suspensa como una Espada de Damocles, la reanudación de las exigencias sindicales una vez concluya la tregua que ahora se propone como solución acomodaticia a los intereses en conflicto”, dijo.

Balaguer previno que el sesgo que tomaron los acontecimien- tos no permitía esperar una atenuación de los conflictos laborales sino a hacer más grave la inquietud reinante en la mayor parte de la ciudadanía. “Vamos hacia un sistema socialista de nuevo cuño, como parece advertirse del hecho de que la propia radio oficial haya sido utilizada reiteradas veces, para la transmisión de la propaganda que hicieron de esa doctrina sin el menor comedimiento y sin nin- gún disimulo, durante su reciente presencia en el país, conocidos voceros de la izquierda revolucionaria extranjera”, consideró el ex mandatario.

Balaguer dijo que esas transmisiones dejaron en muchos áni- mos “una sensación de pánico”. Además, advirtió, el hecho de que cada día se hagan más estrechas las relaciones entre nuestro país y las democracias en que imperan regímenes de ese tipo, que se hallan ya en crisis y tienden a perder fuerza en sus propios pueblos de origen, “no contribuye ciertamente a afianzar el sentimiento de seguridad que se requiere, para movilizar a la empresa privada”.

“En nuestro país no existe, pues, una crisis económica propia- mente dicho sino más bien una crisis de confianza”, expresó al seña- lar que no debe, en consecuencia, buscarse en el régimen anterior el origen de los problemas actuales. En los doce años en que ejerció la presidencia, sostuvo Balaguer, se manejó el presupuesto nacional “con holgura” como lo prueba el hecho de que de 160 millones de pesos en 1966 la ley de gastos públicos se llevara a la cifra récord de casi 600 millones en 1978”. Balaguer advirtió sobre el error de buscar solución a los problemas económicos en la revocación de medidas del régimen pasado. “Para buscar una salida a la recesión actual”, dijo a manera de ejemplo de esa tendencia, “en el mensaje presidencial se ha propuesto apelar a los 45 millones de pesos que el régimen anterior congeló en distintas instituciones bancarias para asegurar la construcción de la presa de Hatillo e impedir que estos fondos se utilizaran en obras no reproductivas para el desarrollo futuro de la Republica Dominicana”.

“Es lástima”, afirmó el expresidente, “que en el aludido mensaje se haga mención del subsidio otorgado al ayuntamiento de El Seibo para la construcción de sus calles y para un programa de viviendas y no se aluda, en cambio, a los seis millones de pesos que se depo- sitaron en el Banco Central para cubrir, hasta el mes de diciembre próximo inclusive, la contrapartida del Gobierno dominicano para el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, destinados a la construcción del dique de Bao, complemento de la presa de Tavera…” Calificó de “obras indispensables” para el desarrollo de toda la zona de influencia del complejo de Tavera, la construcción de ese dique y dijo que se trata, además, de complejo “eminente- mente productivo”.

Balaguer se quejó también de que el presidente Guzmán se refiriera a la suma de RD$1,200,000 que el Gobierno reformis- ta entregó para la construcción del Instituto del Cáncer, iniciativa que consideró “fundamental para la salud del pueblo” y en cambio silenciara “adrede” que antes del 16 de agosto y con recursos recaudados durante el mes de julio, se pagara el remanente de más de cuatro millones de pesos para cubrir la totalidad del costo de construcción de la carretera cruce de Ocoa-Azua.

En su análisis del discurso de Guzmán, Balaguer dijo también lo siguiente: “Se cita en el mensaje presidencial el avance que hizo el Gobierno, con cargo a las recaudaciones del mes de julio, de la suma de RD$300,000 para la terminación de la restauración de la zona colonial, pero se omitió, deliberadamente o por olvido, el hecho de que el régimen anterior pagó US$1.4 millones para cubrir por adelantado las cubicaciones, hasta el pasado 15 de septiembre de la presa de Sabana Yegua”.

Se refirió, asimismo, a la situación económica de la Corpora- ción Dominicana de Electricidad (CDE), que Guzmán calificó de crítica, señalando que no se ha dicho que el origen de las deudas de esa entidad se remonta a administraciones anteriores a la suya. Dijo que su Gobierno debió recurrir al expediente de un impuesto adicional sobre el azúcar para cubrir los compromisos generados por el suministro de energía eléctrica al sector público durante los últimos años.

Además, agregó, tampoco se ha tenido en cuenta “por un ol- vido injustificable, que no honra a los que suministraron los infor- mes de esa parte del mensaje de Guzmán, que la Corporación de

Electricidad recibe desde hace varios años la suma de RD$125,000 mensuales para el pago de suministros de energía eléctrica a los ayuntamientos del país”. Balaguer recordó también que su Go- bierno cedió gratuitamente a esa corporación el uso de la energía hidroeléctrica generada por las presas de Tavera y de Valdesia.

“La situación de la CDE obedece, en definitiva, al alza de los precios del petróleo”, expresó el expresidente. “Hasta ese momento, esa empresa manejaba con absoluta honestidad por el señor Julio Sauri, se desenvolvió sin tropiezos”. Con respecto a las denuncias de que el Gobierno anterior endeudó al Estado en beneficio de particulares, Balaguer sostuvo que no se ha señalado que “para el pago de esas deudas se hicieron dos emisiones de bonos, ambas por un valor total de 50 millones de pesos, cuyas amortizaciones e intereses se han venido pagando religiosamente por la Tesorería dominicana”.

Balaguer me recibió como representante de El Caribe en su sobrio y elegante despacho de la segunda planta del anexo de su residencia, adornado por largas hileras de relucientes anaqueles re- pletos de libros. Un sofá de vinil marrón, dos mecedoras de caoba, una de las cuales tenía su nombre en relieve, unos cuantos cuadros cuidadosamente colocados sobre los escasos espacios que la biblio- teca dejaba en las paredes y algunos adornos de porcelana, entre los que se destacaba un gallo rojo, completaban la decoración del salón. A la derecha del escritorio, en medio de los estantes forrados de vidrio, había un inmenso retrato de Balaguer con su madre, del cual, una copia menor, mantuvo siempre en su despacho del Palacio Nacional, mientras ejerció la presidencia.

Antes y después de la entrevista, que se prolongó por más de una hora, Balaguer dedicó la mayor parte del día a recibir a decenas de visitantes que fueron a despedirse con motivo de su viaje a España. Había entre estos ex altos funcionarios, empresarios, legis- ladores, periodistas y simples militantes de su Partido Reformista.

Decenas de personas, reunidas ante la verja de hierro de entrada de la residencia, aguardaron horas enteras para entrar y saludar al líder político, que rompió su silencio de 34 días como principal vocero de la mayor agrupación política de oposición, tras cesar su ejercicio como presidente constitucional.

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El Gobierno de Estados Unidos prometió a finales de septiem- bre que el paternalismo, que tantos perjuicios y heridas dejó en el pasado, sería sustituido por una política más humana y comprensi- ble basada en un trato comercial justo y equitativo. Pero la forma en que la administración demócrata atacaba algunos de los problemas más serios relacionados con el intercambio comercial hemisférico dejaba muchas dudas acerca de la sinceridad de esa promesa. El caso del estaño, que puso en peligro los intereses bolivianos, fue un ejemplo muy dramático de los perjuicios de esa tendencia protec- cionista inaugurada con la llegada del hombre de Georgia a la Casa Blanca. Había otros casos que revelaban cuán acendrada se hallaba esa tendencia en el Gobierno norteamericano, aunque ninguno lo reflejaba tan brutal y descaradamente como la crisis azucarera.

El azúcar era un producto vital en América Latina. Para algunos países, tal el caso de República Dominicana, esa industria era la fuente principal de divisas. También el mayor generador de empleo industrial, de ingresos estatales, por concepto de impuestos, y factor fundamental del Producto Nacional Bruto. La vieja y socorrida frase de “en la medida en que se desenvuelva la industria del azúcar, marchará el país”, cobraba un significado especial en muchos países latinoamericanos, con la República Dominicana al frente.

El presidente Guzmán, apenas cumplidas sus primeras semanas, enfrentaba fuertes presiones económicas y sociales, muchas de las cuales provenían de sus propios partidarios. Tras la contundente derrota política que significó el rechazo por parte del Congreso de sus observaciones a la ley de amnistía general, Guzmán tenía ante sí otros problemas delicados. Las protestas por los despidos masivos de personal en la administración pública e instituciones autónomas del Estado, la agitación laboral en empresas privadas e ingenios del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), las demandas de cambios inme- diatos por parte de sectores extremistas y de su propio partido eran solo algunas de las presiones más notables a finales de septiembre.

Para muchos dominicanos, la situación era un reflejo en mi- niatura de los graves y conflictivos problemas a los que debía hacer frente la administración en el curso de los primeros meses de su gestión, inaugurada el 16 de agosto. La interrogante respecto a la forma en que esas presiones incidían sobre la conducta del Gobier- no, parecía aún sin respuesta, aunque había ya sobrados indicios de un creciente malestar en las relaciones entre el Presidente y la alta dirigencia de la organización que lo llevó a la cumbre del poder político.

El caso de la fiebre porcina africana, que diezmaba las piaras dominicanas y amenazaba la estabilidad de un sector importante de la ganadería nacional, era apenas un ejemplo de la naturaleza de los problemas de orden económico que encaraba el régimen constitucional. Su decisión de declarar una veda de dos semanas, entre el 6 y el 12 y el 20 y el 26 de septiembre, al tráfico, comercialización y sacrificio de carne de res en establecimientos públicos de todo tipo, incluidos los bares, hoteles y restaurantes, no pareció una medida popular. Amas de casas encolerizadas por la disposición, que coin- cidió con una grave escasez de pollos, consideraban que la medida no constituía el mejor procedimiento para inducir al consumo de carne de cerdo. A falta de mecanismos efectivos de control, la veda trajo consigo especulación y alzas de precios en los sustitutos, con efecto trastornador sobre los consumidores.

A finales de mes, en lo que se interpretó como un desafío a la autoridad del Gobierno, la directiva de la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes (ASONAHORES), advirtió que mantendría los platos en base a carne de res en sus menús. Si bien la medida oficial comenzó a cumplirse sin mayores problemas, la actitud de los propietarios de estos establecimientos fue indicio, en parte, de la fría acogida que se dio a la medida, drástica en un país poco acostumbrado a este tipo de restricción.

Una serie de continuos y a veces prolongados apagones afec- taron el trabajo de algunas industrias. Las autoridades de la Corporación de Electricidad atribuyeron las suspensiones a averías en plantas de la central termoeléctrica de Haina. Aunque los apagones no tuvieron dimensión de crisis en el suministro, dieron vigencia a una de las mayores preocupaciones nacionales que en un pasado reciente fueron la causa de serias fricciones políticas. Sin embargo, los problemas surgidos en el CEA constituían, por el momento, el reto más delicado. La prensa se hizo eco del conflicto con amplias informaciones respecto a la negativa de los trabajadores, aparente- mente respaldados por directivos y comités de bases del PRD, de aceptar nombramientos de varios administradores en los ingenios de la empresa. Varios de ellos tuvieron que ser removidos apenas dos días después de haber tomado posesión. Funcionarios del CEA advirtieron que esto podría agravar la de por sí delicada situación económica de la industria vital de la economía dominicana, con todos sus efectos, y que tan dramáticamente pintara su director eje- cutivo, Gaetán Bucher, a comienzos de septiembre.

Bucher previno en una enérgica declaración escrita que no ce- dería ante las presiones sindicales, señalando que la Confederación General del Trabajo (CGT) estaba muy activa detrás de esos movimientos destinados, según el funcionario, a apoderarse de los sindicatos que funcionaban en el emporio estatal. La rápida sucesión de estos conflictos no hizo naturalmente fácil las primeras semanas del nuevo Gobierno y era probable que impusiera la tónica de las siguientes.